Una seguidilla de secuestros en sus distintas versiones encendió una señal de alarma en la sociedad, aunque los principales responsables de la seguridad se encargaron de bajarle el tono a la problemática con sus declaraciones. En poco más de veinte días se conocieron al menos diez casos cuyas víctimas fueron liberadas bajo una misma condición: el pago de un rescate en efectivo.
El caso del legislador del Parlasur y ex presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Mércuri (71) y su mujer, María Elena Torresi (72), víctimas de un secuestro exprés en el partido de Lomas de Zamora, se conoció y automáticamente reforzó la hipótesis del rebrote de una modalidad como hacía tiempo no ocurría. Si bien extraoficialmente se habló de un pago de rescate millonario, su familia aclaró en las últimas horas que abonaron 50 mil pesos, una cifra infinitamente menor a los otros pagos que se conocieron en las últimas tres semanas. Según publica el diario Perfil, los rescates pagados a lo largo de este mes suman más de un millón y medio de pesos.
Sin embargo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, minimizó la situación atribuyendo los últimos ataques a grupos de dos o tres personas que nada tienen que ver con las grandes bandas de principios de los años 2000. “No es que hay un centro donde esto se planifica. Son dos o tres personas que se suben a un auto, que lo hacen al voleo, y eso genera dificultades. Pero creo que con el trabajo que se está haciendo, con la preocupación que tenemos, vamos a lograr detener a quienes están en estas modalidades, y terminar con esta cantidad de hechos ocurridos en estos meses. Le pedimos a la gente que pida colaboración”, aseguró la funcionaria.
Casi en el mismo tono declaró el jefe de la Policía de Buenos Aires, Pablo Bressi, quien entendió que se trata de hechos cometidos “al voleo”. “Se dan en el marco de cierta forma aleatoria porque los delincuentes van mutando. Pueden estar saliendo a cometer un robo, y ese robo se transforma en una entradera o privación ilegítima de la libertad, o hasta un secuestro extorsivo”, explicó.
En el sur del Conurbano, los investigadores trabajan sobre la pista de dos o tres bandas como responsables de los últimos secuestros denunciados en la zona, entre ellos el que sufrió la familia del dirigente político. Una de ellas fue declarada como desarticulada, tras una serie de allanamientos realizados en las últimas horas en Lomas de Zamora.
Para los investigadores, serían los responsables de al menos siete casos, entre ellos el ataque contra el fiscal general Sebastián Scalera, cuya familia pagó un rescate de 310 mil pesos (20 mil dólares), y el del escribano público Jorge Natiello (76) y su esposa. Tampoco descartan que alguno de los diez detenidos –al cierre de la presente edición estaban siendo sometidos a una rueda de reconocimiento– tengan relación con el caso de Osvaldo Mércuri.
Desde el entorno del actual dirigente del PRO coincidieron con el diagnóstico de Bressi, dejando entrever que los autores habrían actuado al voleo desconociendo quiénes eran sus víctimas. “En ningún momento dieron señales de conocer a Mércuri o a su mujer”, reconoció una fuente cercana a la familia.
Desde el 4 de mayo hasta la fecha, se conocieron al menos once casos. Entre las víctimas, figuran empresarios, comerciantes, un fiscal y hasta un niño de 10 años. En la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín, ocurrieron dos casos en el mismo día. Fue el 9 de mayo, y en ambos los familiares de las víctimas abonaron un rescate. En uno de ellos 145 mil pesos y en el otro, el doble: 310 mil.
