El juez federal Sergio Torres procesó a los 13 detenidos, la mayoría colombianos, y pidió la detención de otros once que aún se encuentran prófugos, confirmaron fuentes judiciales.
En el fallo de más de 200 fojas el magistrado también trabó embargo por tres millones de pesos y señaló que aún está en pleno proceso todo el engranaje de empresas donde presuntamente se lavo el dinero producido del tráfico de droga.
“La extensa investigación desplegada hasta el momento ha permitido conforman un robusto cuadro probatorio en relación a la existencia de una compleja célula criminal en este país, integrada por un considerable número de sujetos con roles bien definidos, que se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en diferentes escalas”, señala el fallo.
Agrega “esta estructura se hallaría subordinada a una organización mayor asentada en la República de Colombia, que fiscalizaría las actividades desplegadas en este país y en terceros por otras células de similares características a las advertidas en autos, todo ello con el fin de lograr el desplazamiento comercial de la droga y la obtención del dinero producido”
Parte importante del fallo se dedica a establecer los contactos de los imputados con el Cartel del Valle, en Colombia. “Cabe mencionar que de las consultas efectuadas se desprende que uno ellos es cabecilla del grupo narco-militar conocido como “Los Rastrojos”, desprendimiento del conocido “Cartel del Norte del Valle” (Valle del Cauca, Colombia), quien habría tenido como función manejar las finanzas del grupo criminal.
El pasado 21 de septiembre en un megoperativo Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y Nordelta se logró detener a los ahora imputados luego de una investigación que duro más de un año y fue encabezado por Torres, su secretaria Verónica Bresciani.
Los 40 kilos de cocaína, que era “cristalizada” en granos de arroz, y fue secuestrada en Rosario en un operativo llevado a cabo por Gendarmería. A principio de mes la Justicia también trabo los embargos preventivos, ahora confirmados.
Torres consideró “indispensable” llevar adelante la inmovilización de los bienes de 29 personas actualmente implicadas en la investigación, así como de diez sociedades comerciales relacionadas con ellos, con el objeto de “impedir su transferencia, conversión, disposición o movimiento”.
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