La justicia dispuso el embargo preventivo –o, en su defecto, la inhibición general de bienes- de los imputados en la causa que es conocida como Narco Arroz en la que se investiga a la organización criminal detrás del recientemente frustrado envío al exterior de casi 40 kilos de cocaína.
El juez federal Sergio Torres consideró “indispensable” llevar adelante la inmovilización de los bienes de 29 personas actualmente implicadas en la investigación, así como de diez sociedades comerciales relacionadas con ellos, con el objeto de “impedir su transferencia, conversión, disposición o movimiento”.
En su resolución, el magistrado calificó como “pertinentes” y “útiles” las medidas cautelares solicitadas desde la fiscalía y la querella a la hora de avanzar en la investigación.
“En efecto, se investigan en autos complejas maniobras de tráfico ilícito organizado de estupefacientes; con connotaciones internacionales y transnacionales, las que necesariamente acarrean un importante flujo de dinero como consecuencia del desplazamiento comercial de los alcaloides, que permitiría mantener vigente la estructura criminal”, consignó. Y agregó: “Como consecuencia de ello, se advierten hasta aquí distintas particularidades que sugerirían sofisticadas maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
Pedido de la Procunar y la Procelac
La PROCUNAR y la PROCELAC habían solicitado el embargo preventivo y la inhibición general de bienes respecto a las personas involucradas en las maniobras, de tal forma de garantizar el eventual decomiso futuro de los bienes “que han servido de instrumento para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto, el provecho o efectos relacionados con el delito”. De este modo, se busca evitar que pueda tornarse “ilusorio” el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Las Procuradurías especializadas se encuentran asistiendo al fiscal del caso, Federico Delgado.
