Adrián Conci, dueño de la firma Dell Producciones, organizadora de la fiesta electrónica donde murieron cinco jovenes por ingesta de drogas, permanecía prófugo tras el fallo de la Cámara de Apelaciones en la que confirmó su rechazo a la eximición de prisión, mientras su abogado Fernando Burlando no dijo cuando se entregará.
Conci, quien es considerado una pieza clave en la investigación, permanece prófugo desde hace 8 días y Burlando había asegurado que se iba a entregar a la Justicia ni bien se conociera la resolución de la Cámara, pero tras el fallo que confirmó el rechazo dijo a Télam: “No tengo novedades, no puedo decir nada”.
En tanto, prestaron declaración indagatoria los dos últimos detenidos del caso,Maximiliano Ávila, apoderado y segundo de Conci en Dell Producciones y Carlos Garat, también integrante de la organización como encargado del plan de evacuación.
Casanello tenía previsto tomar declaración a estas dos personas entre el 11 y el 16 de mayo próximo, pero “algo hizo cambiar la opinión del fiscal y del juez para adelantar su declaración y detenerlos, algo vio en las declaraciones de testigos y los de identidad reservada para adoptar este temperamento”, dijo a Télam una fuente de la investigación.
Este martes la sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó la eximición de prisión de Conci en virtud de la calificación efectuada por el fiscal “venta de estupefacientes doblemente agravado en concurso real con homicidios”, y consideró que la responsabilidad del prófugo radica en los testimonios que afirman acerca de la escasa revisación a los asistentes al ingresar y el continuo ofrecimiento de todo tipo de drogas”
También en las condiciones denunciadas por los testigos en las que se desarrolló la fiesta, como hacinamiento, escasa ventilación, principios de asfixia en los concurrentes, falta de agua potable en los baños para hidratarse y la indiferencia de los organizadores “que solo miraban y oían los gritos de auxilio”.
Los camaristas desatacaron además que de hallarse culpable, la condena hacia Conci “sería necesariamente de cumplimiento efectivo” y que la pesquisa “presenta una notable evolución y abarca el origen de los estupefacientes que circularon en la fiesta, las condiciones en las que se habilitó el lugar y la presumible connivencia de fuerzas de seguridad”.
También los investigadores intentan dilucidar “el entramado de sociedades comerciales vinculadas entre sí” en la organización de estos eventos, al tiempo que consideraron como indicios de posibilidad de obstrucción de la pesquisa “el hallazgo de una bolsa de consorcio con cigarrillos y pastillas en su interior”
“Esta bolsa permaneció dentro de un móvil policial durante doce horas luego de ser entregada a las tres de la madrugada por personal de seguridad privada al jefe del operativo de policía adicional”, indicaron los camaristas.
La policía adicional a la que hace referencia el fallo es el propio personal de Prefectura que estaba a cargo del control del perímetro externo de la fiesta y que fueron citados a declarar por Casanello como imputados a mediados de mayo.
El control de las fiestas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires sólo esta reglamentada por un decreto de necesidad y urgencia de noviembre del 2010 en el que se establece un “Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en Actividades Nocturnas”, en el que hay un capítulo sobre “fiestas privadas”.
Aquí se establece, entre otros requisitos, la necesidad de que haya un servicio médico de emergencia, que el organizador y el responsable del local estén durante el desarrollo de la fiesta y que la capacidad del local deberá ser evaluada por un informe técnico profesional.
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que esta semana enviará a la Legislatura un proyecto de ley para regular este tipo de fiestas haciendo hincapié en la prevención ante el abuso de adicciones y la capacitación al personal de seguridad y de salud en este aspecto.
Indicó en este sentido que las fiestas electrónicas quedarán suspendidas en la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto no se sancione este proyecto de ley.
Por su parte, el auditor General de la Ciudad de Buenos Aires Facundo del Gaiso aseguró que, entre otras irregularidades, al momento del evento había 80 baños químicos mientras que para un requerimiento de 13000 personas tendría que haber 136 baños y para 20.000 asistentes, 206 baños químicos, por lo que eso “tendría que haber sido verificado por los inspectores”.
Indicó también que la venta de entradas anticipadas comenzó el 10 de marzo, antes de obtener el permiso definitivo del gobierno porteño, lo cual va en contra de la resolución 461 de la Agencia Gubernamental de Control del año 2010.
