La decisión fue de la sala II del máximo tribunal penal del país que revocó un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, firmado por el juez Germán Castelli, informaron fuentes judiciales.
Castelli había denegado el beneficio y declarado inconstitucional la acordada 9 de Casación, que fijó lineamientos para analizar la situación de grupos de riesgo ante la pandemia.
“Los lineamientos de la acordada están dirigidos a atender cada supuesto individual por parte de los jueces, y se limita a facilitar una hermenéutica básica de la morigeración por razones humanitarias, en el contexto de la señalada emergencia dentro de la emergencia, provocada por una pandemia de extensión y gravedad inusitadas dentro de encierros signados por el hacinamiento, y las dificultades estructurales para garantizar la prevención del contagio y la atención general de la salud”, concluyó el juez de Casación Alejandro Slokar.
El fallo del Tribunal Oral también fue cuestionado por el fiscal ante Casación, Raúl Pleé, quien sostuvo que la acordada que fijó pautas de acción “no constituye de por sí norma alguna que pudiera ser revisada en relación a su constitucionalidad”.
En el caso puntual que abordó el fallo, el de la detenida Ana Lucía Tavara Huaman, el máximo tribunal penal del país ordenó al Tribunal que le conceda el arresto domiciliario por sufrir patologías oncológicas y ginecológicas y ser insulino dependiente.
Sin embargo, esto no será inmediato debido a que el domicilio ofrecido en un principio está en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, donde actualmente hay “una situación de extensa y acelerada propagación del virus, siendo dificultoso el resguardo” de la detenida.
Ante ello Casación dispuso que se evalúe un domicilio alternativo para que cumpla con el arresto domiciliario mientras dure la emergencia sanitaria.
