Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires
Dos casos recientes, en los que se imputaron delitos a sendos conductores de la discutida empresa de transporte de pasajeros UBER, sirven para poner en duda la seguridad que promociona la compañía.
En ambos casos intervino, el Fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires Martín Lapadú, en el marco de la mega causa que inició de oficio en abril del año pasado contra UBER, por organizar actividades lucrativas en el espacio público sin la correspondiente habilitación, como así también el delito de evasión impositiva.
Uno de los casos tuvo por protagonista a un conductor que no respondía a las indicaciones de su pasajera, el restante correspondió a un colega que tenía un pedido de captura en el marco de una causa de narcotráfico. Ambos episodios tuvieron lugar el pasado mes de mayo, en el barrio porteño de Palermo. En ninguno de los casos los choferes contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.
Días pasados, una joven de 23 años se encontraba alrededor de las cinco de la madrugada con dos amigas en un bar de la zona conocida como Palermo-Hollywood. Una vez que decidieron poner fin a la salida, la joven pidió un coche a través de la reconocida aplicación telefónica. Al despedirse de sus amigas y subir al UBER, le habló al conductor y no recibió ningún tipo de respuesta.
La situación persistió mientras el viaje seguía su curso. Hasta que, ante la desesperación, la joven abrió la puerta y saltó del coche en movimiento, produciéndose un golpe severo que le produjo fractura de cráneo. La joven estuvo internada con cuidados médicos durante más de una semana. Una vez que se realizó la denuncia, se pudo comprobar que el conductor era hipoacúsico, y que por tal razón no le respondía a la pasajera. En la Argentina, esta condición física es un impedimento para obtener el registro de conducir profesional que exige el transporte de pasajeros.
Por la misma fecha, ante una discusión en las inmediaciones de Santa Fe y Thames que se iba poniendo cada vez más violenta; la Policía de la Ciudad intervino y logró individualizar al conductor de un taxi, así como a su par de lo que parecía un vehículo particular.
El taxista acusaba a la otra parte de ser chofer de UBER y de estar realizando viajes para la compañía. Al hacer la consulta con la Fiscalía de la Ciudad para identificar a ambos conductores, se comprobó que el del vehículo particular tenía un pedido de captura pendiente por infracción de la Ley N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacciones. Posteriormente se pudo comprobar que, efectivamente, se encontraba trabajando como chofer de UBER.
Con respecto a estos casos el Fiscal de Cámara refirió: “Queda demostrado en estos episodios, que la falta de habilitación de Uber, produce graves consecuencias en las calles porteñas, ante la ausencia del estado en cuanto a su deber de auditar y regular el sistema de transporte público de pasajeros. Estos dos choferes jamás hubiesen pasado los controles al momento de tramitar una licencia de conducir profesional, uno por inconvenientes físicos y el otro por tener antecedentes penales con pedido de captura.”
En lo que se refiere al bloqueo de la Web y aplicaciones celulares de la empresa ilegal el fiscal indico que “nos resulta llamativo que a varias semanas de haber quedado firme la resolución de bloqueo nacional de la web de UBER emanada de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, todavía las empresas prestadoras del servicio de Internet no hayan materializado la orden, y muchas de ellas elaboren informes (casi calcados) desconociendo la resolución de los Jueces locales facultad para el bloqueo”.
Y agregó “tampoco tenemos precisiones de parte del Enacom con respecto a estos incumplimientos. No debemos pasar por alto que además de ser autor de una contravención, UBER continua cometiendo el delito de evasión de impuestos en la medida que siga funcionando su página y su aplicación celular”, señaló Lapadú.
Por pedido del Fiscal Lapadú, este año la Justicia de la Ciudad ya condenó a tres choferes de la empresa a la pena de dos días de arresto, y la sanción accesoria de inhabilitación para conducir cualquier tipo de rodado por el término de dos meses. En todos los casos, se comprobó que los llamados “socios” de la compañía habían cobrado dinero a través de una de las firmas que utiliza UBER para operar sin permiso en la Ciudad de Buenos Aires, y no contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.
