Sobre los “políticos-comisarios” y la experiencia de Santa Fe

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Por Marcelo Fabián Sain

La naturalización policialista constituye un fenómeno político que da cuenta de una vieja y persistente impronta de la clase política argentina que se plasma en dos actitudes concomitantes: la indisposición de los gobiernos a abordar –cognitiva e institucionalmente– por sí mismos las cuestiones de la seguridad pública, y el hábito de delegar, conceder y encomendar el “gobierno” de esos asuntos a las cúpulas policiales existentes. Desgobierno político y delegación policialista son dos caras de una misma moneda, y conforman el “sentido común” de la política argentina. Y esto es así sin distinción de partidos, sectores, ideologías u organizaciones. Solo ha habido algunas excepciones muy acotadas.

Se trata de una práctica de defección política que se asienta en una “creencia” que constituye desde hace un largo tiempo una suerte de “fe” indiscutida, objetivada, que está y no se siente, porque las “cosas son así”. No se trata de una idea, sino de una creencia. Como lo ha señalado Ortega y Gasset en 1940, “las ideas se tienen; en las creencias se está”. Pues bien, la creencia que detenta la clase política argentina en su conjunto es la de que la seguridad pública constituye un asunto exclusivamente de carácter policial y, frente a ello, lo que les compete a los gobernantes de turno es concederles a las instituciones policiales el gobierno de la seguridad pública.

Delegación y pacto

En este marco, las decisiones soberanas en materia de seguridad han sido tomadas de manera predominante y de forma autónoma por una institución secundaria y subordinada como la policía, que en general ha funcionado como un andamiaje de vigilancia y coerción institucionalizada con tendencias históricas a desempeñarse como una “patrulla perdida” fuera del escrutinio y el control político y social, o como un gran dispositivo de control poblacional de los sectores sociales excluidos. Pero, ya sea como patrulla perdida o como gendarmería social, la policía no se apropió de esas labores de forma compulsiva, sino que recibió el beneplácito de la clase política que le delegó el gobierno de la seguridad y, en su marco, el autogobierno de su propia institución. Por eso, la policía se beneficia de una autonomía políticamente delegada.

La delegación del gobierno de la seguridad a las cúpulas policiales es un hábitus de la clase política criolla. Lo es desde los años 90, cuando los “asuntos de la seguridad” se convirtieron en una cuestión políticamente relevante o, mejor, en un “problema político” que había que atender, ya que generaba demandas y protestas sociales y alimentaba el latiguillo mediático de la “inseguridad”.

Por ese entonces, no había cuadros políticos o burocracias civiles expertas disponibles; solo algunos académicos en unos pocos organismos de derechos humanos y centros universitarios que habían comenzado a abordar la cuestión. Había también muchos comisarios retirados con ínfulas de “gestores”. Por lo tanto, para la política local la única burocracia era la policía.

Además, la irrupción intempestiva de la “inseguridad”, consecuencia del aumento de los niveles de todos los delitos y de la transformación del fenómeno delictivo –al amparo de la emergencia de tramas criminales complejas estructuradas en torno de mercados ilegales– llegó junto a una clarividencia política instintiva: la seguridad no da votos, solo da problemas. Por lo tanto, para los políticos argentinos, desde entonces, la seguridad pasó a ser una fuente de problemas y no una cantera de utilidades, lo que hizo que existieran pocos incentivos para una gestión estratégica de la seguridad y estimuló la búsqueda de una gobernabilidad tranquila de la seguridad, sin escándalos y sin crisis políticas.

Para ello sólo había que mostrarse activo ante la población, siempre con gesto reverencial de preocupación, entregado a una verborragia estridente, inflamada de palabras y vacía de contenidos, con muecas de beligerancia que dieran cuenta de que se libraría un “combate” sin cuartel contra el delito. En ese ethos de estaño, poco y nada importaban la cuestión criminal y las condiciones de los delitos. Solo había que apuntalar al único instrumento de aquella gestión serena: la policía, la que, mal o bien, siempre está.

Así, se fue construyendo una suerte de gobernabilidad pactada de la seguridad a partir de un doble pacto: el pacto político-policial y, en su marco, el pacto policial-criminal. En 2010, Alberto Binder señaló tempranamente que en este concordato “la dirigencia política realizaba un primer pacto con las fuerzas de seguridad (normalmente algún sector de ella, considerado afín o cercano) y luego esas fuerzas de seguridad realizaban un segundo pacto con organizaciones o sectores de la criminalidad para mantener cierto equilibrio”. En el primer pacto “se entregaba poder y cierta protección (impunidad, mirar para el costado, dejar hacer negocios, etc.)”, y en el segundo “se permitía la continuación de ciertas prácticas delictivas a condición de que no se pasaran ciertos límites de violencia, intensidad, etc.”. De este modo, “la dirigencia política se evitaba el problema de tener que diseñar una política de seguridad y participaba de los beneficios ilícitos que fluían desde los circuitos de criminalidad”, al mismo tiempo que “las fuerzas de seguridad veían simplificado su trabajo, participaban de los beneficios del poder y, para ciertos sectores internos de ellas, era el modo de alternarse en el manejo de las fuerzas.

Durante casi dos décadas, este pacto dio forma a una estrategia política relativamente exitosa. La policía controló el crimen combinando acciones legales e ilegales en diferentes proporciones, soterró los ilícitos consentidos, cobró “cánones” de diversa índole y, principalmente, mantuvo la “calma”. Fue exitosa porque los hacedores de aquellos designios nunca se propusieron otra cosa que no fuera impedir que las problemáticas criminales y las conflictividades derivadas de ellas escalaran a “problemas políticos” que desestabilizaran gestiones gubernamentales o ministeriales, pusieran en cuestión carreras políticas o perturbaran campañas o candidaturas electorales. Fue tan notable este éxito que incluso permitió el surgimiento de carreras políticas de rasgos “seguritistas”: Patricia Bullrich es un ejemplo de ello.

Pero en los últimos tiempos la transformación del fenómeno criminal, cada vez más complejo, diversificado, expandido y violento, y, de forma concomitante, el anacronismo doctrinario, organizativo y funcional de las policías, resultado de la perpetuación de moldes y formas de trabajo institucionales que datan de mediados del siglo anterior, han ido agrietando a la gobernabilidad delegada de la seguridad. En otras palabras, se está tornando inviable la regulación policial –legal e ilegal– del crimen, así como la capacidad policial de garantizar la ausencia de escándalos y crisis políticas derivadas de la “inseguridad”. La policía ya no controla eficazmente el crimen, comete abusos y corrupciones muy evidentes y estrepitosas, y sus organizaciones se “enmohecen” a niveles impúdicos, lo que significa que está dejando de ser fiadora de los compromisos que asumieron con sus mandantes gubernamentales.

Nueva expresión de lo viejo

La clase política argentina es persistente… en sus desatinos. La compulsión por continuar en el camino de aquella defección política ha asumido recientemente un formato novedoso: la comisarización del gobierno de la seguridad. Es decir, la conversión –a veces graciosa– del gobernante en “comisario”, en un “jefe” vestido de policía, militante y sin contemplación en el “combate” contra el crimen callejero, plebeyo y rústico –nunca el crimen organizado, de cuello blanco o corporativo–.

Pero el exhibicionismo público del funcionario que se “pone la gorra” reproduce lo mismo de siempre: dar vueltas en un patrullero, disfrazarse de gendarme, encabezar un procedimiento policial o brindar una conferencia de prensa en el lugar de los hechos rodeado de uniformados impide ejercer de manera integral el gobierno político de la seguridad, depositando en la policía las decisiones fundamentales del área y, al mismo tiempo, perpetuando el autogobierno policial. Se trata, pues, de una “puesta en escena” orientada a la gestión de la opinión pública.

Por cierto, a muchos políticos este rictus policialista les genera cierto pudor. Pero no tanto como para llevar a cabo estrategias transformadoras en materia de seguridad. Incursionan en una suerte de activa quietud conservadora: durar sin hacer olas. Y sin producir cambios en los abordajes tradicionales de la seguridad, ni en las vetustas institucionales policiales, pero garantizando que se reproduzca “sin ruidos” la gobernabilidad pactada.

El politólogo Santiago Fernández señala que se impone una estrategia en seguridad que pretende con “el silencio”, en la medida de lo posible, “sacar la seguridad de los diarios”: “El momento más angustiante de cada mañana de los gestores que recurren a esta estrategia es la recorrida por los medios. Cada día sin noticias es un alivio, un suspiro. Si no está en la agenda mediática, ¿para qué colocarlo por iniciativa propia? Así, el silencio se complementa con la constante pretensión de eludir el conflicto, su potencial mediatización y, de esta forma, gestores públicos pasan a transformarse en relacionistas públicos de la gestión. ¿Cuál es la mejor forma de cerrar el círculo de silencio y elusión del conflicto?.

Sin embargo, este quietismo seguritista no se matiza incorporando “eruditos” especializados en el estudio y la investigación científica de los asuntos de la seguridad pública (más allá de mi larga militancia política en el peronismo bonaerense, yo mismo me sumé en los 90 a la gestión política de la seguridad en diversos puestos directivos de relevancia por el sólo hecho de ser un “académico experto”; me alcanza las de la ley). Sucede que la actividad y el saber académico no producen ni generan habilidades y destrezas de intervención política y de gestión institucional, y menos aún en un contexto en el que predomina un “purismo” cientificista e intelectual proclive a no “contaminarse” con la política partisana y no entremezclarse en las relaciones reales de poder. La devoción de los académicos por su “imagen” políticamente pulcra los hace militar en posiciones deontológicas y totalmente agnósticas en lo político. Y cuando ocupan puestos de gestión y conducción institucional, sin experiencia en las complejas lides estatales y políticas, no sólo hacen gala de una alta cuota de ingenuidad, sino, peor aún, no concretan nada de todo aquello que postularon por décadas en libros, escritos, congresos y mítines de la tribu intelectual. En suma, el paganismo político, la repulsión a la lucha de poder, el testimonialismo y el apocamiento reformista hacen que sus gestiones sean tan mesuradas y policialistas como la de los conservadores explícitos o la de los políticos comisarizados.

Las anomalías

En la experiencia reciente de nuestro país ha habido dos excepciones a la modalidad policialista de gestión de la seguridad pública. La primera fue liderada por Carlos Arslanián durante su segunda administración ministerial en la provincia de Buenos Aires entre 2004 y 2007. Allí emprendió una elocuente reformulación de las bases y prácticas institucionales tradicionales y condujo políticamente los asuntos de la seguridad y a la propia institución policial, nada menos que a la “Bonaerense”.

La otra experiencia anómala, aún en curso, es la santafecina. Esta experiencia ha llamado escasamente la atención de la política nacional –y de la prensa– justamente porque constituye una anormalidad. Desde el comienzo de su gestión, Omar Perotti llevó adelante una “agenda” de seguridad asentada en dos pilares. Por un lado, la estrategia de confrontación con el “bloque tradicional de poder” –en sus propias palabras– con comportamientos extorsivos y mafiosos. Y, por otro lado, la estrategia de reforma institucional del sistema de seguridad pública provincial. En ese marco, la gestión de Perotti –en la que ocupé el cargo de ministro de Seguridad– emprendió un conjunto de acciones orientadas a algunos objetivos claros. Primero, apuntaló institucionalmente a los actores judiciales dispuestos a investigar las tramas criminales más complejas y con clara protección o participación policial, judicial y política, y visibilizó esos concordatos espurios con su palabra.

En Santa Fe, desde la llegada del Frente Progresista Cívico y Social al gobierno provincial en 2007, se fue conformando un “bloque de poder” integrado por el oficialismo, un sector mayoritario del peronismo santafecino –comandado por los poderosos senadores–, parte de la cúpula del Poder Judicial y, más recientemente, del Ministerio Público de la Acusación. Comenzaron intercambiando apoyos institucionales y terminaron entremezclados con actores financieros y empresariales –en particular constructoras– que incorporaron a la “nobleza estatal” santafecina a sus “negocios”, a cambio de influencia, prebendas y protección cuasi mafiosa. En los intersticios de este bloque se coló, sin rubor, dinero proveniente del crimen organizado. Y todo esto se mantuvo eficientemente oculto por una prensa macerada con pauta y retribuciones que la convirtieron en socia y legitimadora de los asociados del pacto.

El compromiso inicial de Perotti a favor de desandar las relaciones entre la política y el delito se materializó en investigaciones que ventilaron el juego clandestino, el narcotráfico –cuya violencia letal escandaliza a tantas almas de “buena fe” –, el lavado de dinero y otros delitos de alta rentabilidad. Pero también revelaron cómo fiscales y magistrados se asociaban a los emprendimientos criminales o le brindaban una malla protectora que les garantizaba impunidad, todo ello con la convalidación de los medios de comunicación en manos de grupos empresariales “asociados” a políticos, jueces y fiscales.

El apoyo gubernamental permitió que las investigaciones avanzaran, como muestran las las causas Oldani y Peiti, que revelaron la connivencia entre políticos, jueces, policías y criminales. En el fondo, los operadores judiciales siguen el viento que toca, en particular en Santa Fe, donde el Ministerio Público de la Acusación nació en una sala de parto del Frente Progresista, con la asistencia de algunas enfermeras peronistas.

Esto generó una reacción. El contubernio mafioso santafecino opera para sacar del juego al gobernador. Así lo resumió con la sinceridad que da la impunidad del poder José Luis Vázquez, el abogado defensor del senador provincial Armando Traferri, principal referente de la “oposición” peronista y de la entente que gobernó Santa Fe hasta el 2015. “Perotti no va a terminar su mandato, no se puede tener una actitud de esta virulencia con los compañeros que lo llevaron al sillón que ocupa, ¡eso no se hace!”. Y agregó: “Perotti concluyó su carrera política al enfrentarse con Traferri”. El senador provincial había sido señalado por dos fiscales rosarinos por liderar una asociación ilícita dedicada al juego clandestino y al lavado de dinero, aunque los fueros lo salvaron de ser imputado penalmente.

Al mismo tiempo, la gestión de Perotti encaró un proceso de reforma integral del sistema de seguridad y policial provincial. Partió de un diagnóstico lapidario del “estado de situación” de la seguridad pública, no sólo en las cuestiones criminales sino también en materia institucional. Creó el “Observatorio de Seguridad Pública”, y desde allí, junto con técnicos del Ministerio Público de la Acusación, se elaboraron y publicaron los informes más exhaustivos y detallados de la problemática delictiva en la provincia Esto. permitió visibilizar la cuestión criminal sin especulaciones ni ocultamientos, lo que llamativamente fue silenciado por la prensa hegemónica, que seguía defendiendo las gestiones anteriores.

Asimismo, se elaboró un diagnóstico institucional contundente respecto de la estructura de gestión política de la seguridad y del sistema policial. Sobre lo primero, se sostuvo que “el Ministerio de Seguridad heredado [era] una cáscara vacía: no tenía funcionariado especializado; las iniciativas se orientaban preponderantemente a la vigilancia policial preventiva utilizando a la policía como único instrumento y casi no se realizaban otro tipo de intervenciones de seguridad […]; no se disponía de un dispositivo que dé cuenta de los delitos en el ámbito provincial y permita conocer el problema que es objeto de intervención para elaborar políticas basadas en la evidencia; no había áreas ni especialistas en planificación de la seguridad pública y, en consecuencia, no había integralidad ni coordinación en las intervenciones; se manejaba con gran informalidad y falta de institucionalización en la relación con la policía provincial; y, por último, se condicionaba y supeditaba la agenda de seguridad a la opinión pública”.

Respecto del sistema policial, le lectura también fue terminante: “La Policía de la Provincia de Santa Fe cuenta con bases doctrinarias vetustas y anacrónicas; una organización rígida y conformada por un conglomerado de piezas agregadas sin sentido organizacional integral; y modalidades de trabajo perimidas e ineficientes frente a la complejidad de las problemáticas criminales”. Un aspecto fundamental estaba dado por las deficiencias existentes en materia de recursos humanos: “La merma paulatina de personal policial, así como la ‘administrativización’ sistemática de la organización, ha hecho que en la actualidad se cuente con una escasa dotación de personal abocado a las labores básicas de control del crimen, es decir, de prevención, conjuración e investigación de los delitos”. Se trataba de una dotación “corta” de personal policial que redundaba en un trabajo policial deficiente en todo sentido.

En ese marco, desde el ministerio de Seguridad se llevaron a cabo una serie de iniciativas y estrategias en materia de gestión de conocimiento, seguridad preventiva, investigación criminal, planificación estratégica, control policial, gestión local de la seguridad, bienestar policial, género y diversidad en la policía, formación y capacitación e inversión infraestructural y gestión económica, que se inscribía en un ideario profundamente reformista. Y, como corolario de ello, en octubre de 2020 el gobierno remitió a la legislatura provincial tres proyectos de ley que proponían una reforma integral del sistema de seguridad pública y policial santafecino.

La oposición, tanto del Frente Progresista como la propia oposición interna peronista, nunca estuvo dispuesta a discutir los proyectos de ley. Ni siquiera aceptaron los reiterados ofrecimientos del ministro de Seguridad para comparecer a la Legislatura. Era extraño, tratándose del tema que más polémicas públicas concitaba.

Es la política

Como está demostrando el proceso santafecino –incluso con final abierto–, es la política la que debe resolver lo que la política casi nunca asumió: el gobierno institucional de la seguridad pública. Ya no por respeto al principio democrático básico por el cual les toca a los gobiernos elegidos por el voto popular decidir acerca de cómo se deben afrontar las problemáticas criminales sino, al menos, por la necesidad instrumental de “sobrevivir” como clase política, garantizando cierta “soberanía” sobre estas cuestiones y, en particular, sobre las vetustas instituciones policiales. Y para aquellos que forman –formamos– parte de las tradiciones políticas populares, por un hecho puntual: las principales víctimas de las violencias letales y predatorias, así como del Estado mafioso y criminal, son los pobres. ¿Cuánto más hay que esperar para que se asuma la necesidad de abordar seriamente estos temas antes que surjan alternativas “bolsonaristas” de corte autoritario?