El capitán Vergéz, el de La Perla, el de la AMIA

890

Alejandro Rúa. Abogado del C.E.L.S. y de Memoria Activa

La reparadora sentencia dictada hoy en la jurisdicción federal de Córdoba, por los delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención, tortura y desaparición de nuestro país, en La Perla, condenó a prisión perpetua a 28 de sus máximos responsables. Y entre ellos, recibió condena Héctor Pedro Vergéz por cientos de sus víctimas.

En los ‘90 y el amparo de las leyes que le garantizaban impunidad, el represor Vergéz había sido captado por la SIDE, a través de la gestión de Jorge Acosta, otro de los represores de La Perla hoy condenados. Y fue entonces nada menos que destinado a “colaborar” con el juez Galeano en la actuación que tenía a cargo por el atentado en la AMIA del 18 de julio de 1994.

Vergéz había compartido tareas y conocía al padre de Carlos Telleldín. Este ya se encontraba detenido por ser el último poseedor de la Traffic que se sospechaba utilizada en el atentado, y hasta ahí había venido diciendo que la había vendido unos días antes.

Fue así Vergéz, a pocos meses del atentado, uno de los primeros funcionarios estatales que trataron de comprar la voluntad de Telleldín. Y a ese fin lo entrevistó varias veces, tanto en la unidad carcelaria como en el propio juzgado de Galeano, mientras otro espía grabada esas conversaciones desde un cuarto vecino. Y las cintas eran entregadas tanto a la SIDE como al juzgado. Hasta que Telleldín terminó denunciando que “en representación del gobierno nacional, Vergéz le ofreció plata a cambio de sindicar a un sujeto de nacionalidad libanesa detenido en Paraguay”.

“Las circunstancias arriba señaladas constituyeron la primer maniobra tendiente a obtener información de boca del detenido Telleldín al margen de la normativa procesal, en franca violación a las garantías constitucionales plasmadas en el art. 18 de la Carta Magna” sentenció años después el tribunal del juicio.

Y el propio Vergéz reconoció ante ese tribunal que sus intentos no obtuvieron el resultado que logró luego, un año después, la jueza Riva Aramayo, y que llevarían al pago por la SIDE de la declaración en que Telleldín finalmente involucró a las brigadas policiales, en esa maniobra por la que hoy están siendo juzgados el juez Galeano y los fiscales del caso, junto con el entonces jefe de la SIDE Anzorreguy, por el encubrimiento estatal del atentado en AMIA.

Impunidad que trajo impunidad. Y a donde no podemos volver.

Los represores condenados, a prisión. Perpetua.