La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no descartó hoy que existan “motivaciones políticas” en las amenazas de bomba telefónicas recibidas en los últimos meses en la ex Esma y garantizó que habrá “consecuencias” para los responsables de esas intimidaciones, en el marco de una causa que ya tiene dos detenidos y en la que podría haber más arrestos.
“Es una hipótesis posible que haya habido una motivación política”, respondió Bullrich durante una conferencia de prensa ofrecida hoy en la sede del ministerio para dar detalles del avance de la investigación abierta por una cincuentena de llamados amenazantes que se recibieron en los últimos meses en el predio del Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos (Ex Esma).
Con todo, la ministra aclaró que aún no existen datos que confirmen la teoría “política” o la de un intento por “desligitimar” las actividades que se desarrollan en ese espacio, pero aseguró que en caso de que surgieran indicios en ese sentido se buscará esclarecer el por qué de ese propósito.
Bullrich, que aprovechó el encuentro con los periodistas para asegurar que también se investigará a la persona que intentó agredir al diputado nacional del Frente para la Victoria Axel Kicillof, estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y por el titular de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.
Los nombres de los detenidos y otros aspectos de la investigación no fueron divulgados debido a que la causa está bajo secreto de sumario, por orden del juez Luis Rodríguez.
“El de la ex Esma va a ser un caso testigo de que cada uno de los hechos que generen amenazas o intimidaciones van a ser investigados; la lucha contra la impunidad se dará en todos los niveles y el que quiera generar daños va a tener consecuencias”, remarcó Bullrich y alentó la idea de dejar en claro en la sociedad que “quien las hace las paga”.
Con la misma impronta, Avruj subrayó que “el castigo se presenta como un acto de docencia frente a la sociedad” y lamentó la “dimensión emocional del daño” provocado a los trabajadores del Espacio de la Memoria.
Según se detalló en la conferencia, a pedido de Avruj se conformó un equipo especial de investigadores para el caso, que trabajó “24 horas al día” y, con el aporte de la Dirección de Comunicaciones de la Policía Federal, se identificó cada una de las líneas telefónicas e internos del Espacio de la Memoria, sobre los cuales se realizó un “barrido” por las oficinas, en las que trabajan unas 1.500 personas.
De ese rastreo y con el aporte de instrumentos tecnológicos que se aplicaron en los teléfonos del organismo se descubrió que uno de los dos implicados -hasta ahora- se desempeña en el Ente Público Interjurisdiccional, que tiene a su cargo la administración del predio, detallaron los funcionarios.
El Ente es un organismo integrado por representantes del Estado Nacional, la ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos.
Avruj resaltó el valor simbólico de la ex Esma y dejó entrever la intención del gobierno nacional de convertir el espacio -junto al aporte de otros ministerios- en un polo educativo para la región.
Roncaglia, por su parte, dejó abierta la posibilidad de que se produzcan en el futuro nuevos arrestos y garantizó que la investigación seguirá “hasta las últimas consecuencias”, en el marco de una causa que está en manos del fiscal Franco Picardi.
