El fiscal general adjunto de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, Carlos Racedo, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), presentó un recurso de Casación contra el fallo que había dictado la falta de mérito a los integrantes de la banda conocida como “Breaking Bad”, una organización acusada de fabricar y distribuir drogas de diseño -principalmente en fiestas electrónicas- y que fuera desbaratada en marzo de este año.
Al momento de los allanamientos, los imputados tenían en su poder una importante cantidad de pastillas cuyos componentes no figuraban en ese momento en el listado de estupefacientes, por lo que la justicia de primera instancia los había procesado por el delito previsto en el artículo 201 del Código Penal: haber almacenado con fines de comercialización, sustancias medicinales y mercaderías peligrosas para la salud, ocultando ante los consumidores el carácter nocivo de tales sustancias.
Ante un planteo de la defensa de los acusados, la sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal había revocado esos procesamientos y dictado la falta de mérito, al considerar que no estaba presente un requisito fundamental para esa calificación legal: la “disimulación” del carácter nocivo.
“Las sustancias secuestradas estaban destinadas a ser vendidas como drogas de disfrute, bajo una modalidad que por su destino, modo y ámbito de venta son comercializadas sueltas sin rotulado, identificación y/o prospecto alguno”, sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
Tras una investigación iniciada en agosto de 2014 y que incluyó, entre otras medidas de prueba, una gran cantidad de intervenciones telefónicas, el 17 de marzo pasado se llevaron a cabo una serie de allanamientos en domicilios de la Capital Federal y Vicente López, ordenados por el titular del Juzgado Federal N°12, Sergio Torres.
Los procedimientos arrojaron como resultado el secuestro de numerosas sustancias estupefacientes, incluyendo marihuana, ketamina y éxtasis. Se encontraron además armas de fuego, una gran cantidad de dinero en efectivo y vehículos de alta gama.
Las intervenciones telefónicas permitieron precisar el vínculo entre los distintos integrantes de la organización, así como el rol desempeñado al interior de la banda. Como consecuencia de la pesquisa, actualmente hay nueve integrantes procesados por tráfico ilícito agravado de estupefacientes, quienes se encuentran próximos a enfrentar el juicio oral.
Otro dos imputados enfrentan una situación distinta, ya que durante el procedimiento allanamiento tenían en sus domicilios 68 pastillas color salmón con un símbolo bajorrelieve de la letra “W” con presencia de xilocaína, teofilina, cafeína y fluoxetina, como así también 514 troqueles de 25-I-NBome y 91 troqueles de 25-B-Nbome.
En tanto, en otro operativo simultáneo se detectaron 7091 pastillas rosas en forma de “fantasma” con presencia de butilona y 236 pastillas con dibujo en una de sus caras de la letra “W” con presencia de xilocaína, teofilina, cafeína y fluoxetina.
Al tratarse de componentes que por ese entonces –marzo pasado- no estaban nomenclados en el decreto 299/2010 que incluía las sustancias estupefacientes, la justicia les dictó el 17 de abril la falta de mérito en cuanto al delito de tráfico ilícito de estupefacientes.
No obstante, el 18 de mayo pasado, los fiscales Raúl Taiano, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 y Adolfo Villatte, por ese entonces a cargo de la Procunar, presentaron un requerimiento de ampliación de indagatoria donde sostuvieron que las conductas encontrarían adecuación típica en las previsiones del artículo 201 del Código Penal: “Entendemos que al menos con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal, se encuentra acreditado en autos que C.M. y M. A. almacenaron con fines de comercialización, sustancias medicinales (pastillas con el cuño W) y mercaderías peligrosas para la salud (butilona y N-bome), disimulando su carácter nocivo”.
En sintonía con el planteo de los representantes del MPF, el juez Torres dictó los procesamientos e impuso un embargo de 250.000 pesos sobre los bienes de cada uno de ellos. Tras un planteo de la defensa, el 1° de octubre pasado la Cámara Federal dio marcha atrás y revocó esos procesamientos.
En su recurso de Casación, el fiscal Carlos Racedo consideró “arbitraria” la decisión de la Sala I que dictó la falta de mérito, ya que “ha importado una errónea aplicación de la ley sustantiva, dejando en letra muerta sus preceptos”.
En su presentación, sostuvo que la decisión de los camaristas “coloca a la pesquisa en un camino sin retorno, pues no se advierte que si no se tiene por ilícito a los hechos, cual puede ser el avance de la investigación. De tal forma se imposibilita que continúen las actuaciones (…). Nos enfrentamos ante un camino sin retorno y de no impugnarla por esta vía, el agravio sería de imposible o tardía reparación ulterior”.
