Durante las audiencias por la Tragedia de Once, que comenzaron en marzo del año pasado, declararon víctimas, familiares, peritos, técnicos, representantes de diferentes organismos públicos y los propios imputados. Esos testimonios, sumados a la colaboración de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección de Comunicación Institucional y otras dependencias del Ministerio Público, permitieron tomar una dimensión real del entramado de sociedades.
[huge_it_slider id=”17″]
– Más allá de la investigación que llegó al juicio y del trabajo de la instrucción, el debate oral tuvo momentos de intensidad por los testimonios de las víctimas y las declaraciones de los imputados. ¿Surgieron elementos novedosos durante las audiencias? ¿Pudieron configurar un escenario distinto al que preveían cuando asumieron la causa?
Arrigo: Cuando se inició este juicio, buscábamos dónde estuvo el error, dónde hubo una falla, dónde sucedió tal cosa. Lo que descubrimos gracias al trabajo de todo el equipo que revolvió documentación y revisó todas las pruebas, fue que lo ocurrido el 22 de febrero de 2012 fue un hecho totalmente predecible. A tal punto es así que entre los mails ellos mismos decían que en marzo de 2012 iba a reventar como consecuencia de lo que en definitiva sucedió: pérdida de aire en las formaciones, mal funcionamiento de los compresores, el estado de los trenes y demás. Con lo cual, eso fue una sorpresa.
Por el otro lado, a través de la evaluación de correos, las comunicaciones y los distintos roles esto se fue conectando –y lo quiero destacar- con algo que el auditor general de la Nación, Leandro Depouy, resumió muy bien en cuanto a que sólo se podía entender este beneficio de mantener en la concesión a la empresa TBA y sus dueños, a través de algún tipo de prebenda por parte de estos empresarios hacia los funcionarios involucrados.
La verdad es que duele que hablen de “el Estado” cuando se refieren a los funcionarios imputados en esta causa. Y no es lo mismo, estos fueron cuatro funcionarios que estuvieron ahí, pero habría que delimitar eso, sino es mezclar todo en la misma bolsa y no es así. Hubo responsabilidades de ellos por las cuales desde el día lunes van a empezar a ejercer su derecho de defensa y después va a llegar el turno del Tribunal de evaluar esto. Lo cierto es que eran servidores públicos y no cumplieron con sus obligaciones. De haberlo hecho, lo que pasó el 22 de febrero no hubiera sucedido nunca, no hubiera muerto esa gente, ni se hubiera perjudicado el patrimonio del Estado.
– ¿Se puede pensar esta causa como paradigmática en cuanto a la representación de una mala administración de los recursos del Estado entre empresarios y funcionarios?
Aiello: Las prebendas no fueron objeto de este juicio, se están investigando –de hecho hay una causa en trámite de dádivas-. Lo que sí nosotros pudimos establecer con certeza -y por lo cual se acusó- es que todos esos incumplimientos en el plano de la administración fraudulenta estaban encaminados a procurar el lucro a esa altura de la concesión por supuesto indebido de TBA y de todos sus titulares, por eso es que en el alegato se marcaron al menos diez conductas que irremediablemente tendían a beneficiar a la empresa, como dejar de ejercer los controles que debían hacerse sobre las formaciones, también sobre los coches que conformaban el chapa 16, para que lleguen a un estado tal de detrimento en su estructura que merecieran una reparación o reconstrucción, la cual en definitiva pagaba el Estado nacional. ¿Dónde? En una de las empresas también pertenecientes al grupo Cirigliano ¿Por qué? Porque había una estructura administrativa armada para que a través de contrataciones directas o concursos privados que no cumplían con el régimen de contrataciones del Estado se terminara también beneficiando a esas empresas del grupo económico. A su vez, esas empresas facturaban de una manera no acorde con las normas y por conceptos absolutamente extraños y ajenos a lo que en realidad se hacía, circunstancia que también está respaldada por los mails internos de la propia empresa donde, por ejemplo, el gerente de material rodante decía: “Más allá del dibujo de horas que le hagamos a EMFER que vengan las formaciones lo más acomodadas posibles como si fueran de una reparación general”. Y así las ponían en la línea. Después, de parte de los funcionarios públicos imputados, -haciendo esta diferencia entre funcionarios públicos imputados y el Estado, porque el Estado no solamente son ellos- vemos cómo también se los trató de beneficiar dándoles otras explotaciones ferroviarias durante el año 2011, con el conocimiento que ellos tenían –porque no lo podían desconocer, y de hecho también se comprobó- del estado de incumplimiento y el estado de riesgo en cuanto a la operatividad de un sistema ferroviario que lejos estaba de ser bien administrado.
– ¿Cómo se encaró el trabajo desde el Ministerio Público?
Arrigo: Trabajó un montón de gente, la fiscal Fabiana León estuvo a cargo del juicio durante un tiempo y su punto de vista fue fundamental, la biblioteca de la Procuración asignó a una persona para atendernos a nosotros. Así, también la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) a cargo de Judith König –ella participó directamente como perito de parte-, lo mismo que la PROCELAC que, a través de Guillermo Bellingi de la fiscalía, aportó la información para la producción de unos gráficos, que fueron realizados con la colaboración del área de diseño de la Dirección de Comunicación Institucional, que les encantaron a todo el mundo.
Yo creo que esa es la forma de trabajar en equipo, en una causa de tal trascendencia, donde no es una función personal sino institucional, en este caso la del Ministerio Público, en relación a esa gente, esas víctimas que no pudieron ser representadas por ningún querellante, o esas víctimas que fueron en algún momento o cambiaron, y esa sociedad. Esa es la forma de trabajar.
Aversa: Por un lado, la carga emocional es muy grande. Sabíamos que estábamos representando a muchas de las víctimas que no pudieron participar como querellantes, y por otro lado, la responsabilidad que el trabajo merecía. Es una causa muy importante, había que trabajarla con suma seriedad y prolijidad. Fue fundamental el trabajo en equipo, la coordinación con los secretarios, con los chicos, la división de tareas, estar en el día a día, comunicados. Hubo una coordinación y una clara división de funciones que permitió abarcar de la mejor manera posible todo este universo, toda esta causa, con su documentación, informes, etc.
– Pensando en la dimensión del hecho y en la sensibilidad y el impacto que produjo en la sociedad, ¿Fue un juicio particular en el que tuvieron que contemplarse otras variables más allá de lo estrictamente jurídico?
Folliero: La instrucción de la causa fue rápida y buena, y los mismos tiempos ocurrieron para la etapa oral. Desde lo que fue el ofrecimiento de prueba a la fecha del debate no hubo un gran período de tiempo. Y eso que fueron, en un primer momento 29 imputados. Esto es 29 conductas diferentes para analizar. Además, no podemos dejar de lado, como dijo Federico, la presión de esta causa, que fue particular por su connotación social, por eso la importancia del trabajo en equipo. Cada uno aportó su parte para que la sociedad se vea reflejada por lo menos, en esta etapa del juico, sin bien no hay veredicto, por la fiscalía.
– ¿Cómo fue la relación con los familiares y las víctimas? La cantidad de afectados directa e indirectamente por el accidente del 22 de febrero de 2012 ¿Fue un elemento que complejizó el trabajo?
Aiello: La verdad es que han sido un grupo de personas absolutamente respetuosas, no sólo con el orden en el que se llevaron las audiencias sino respetuosas en su parecer, y en la decisiones y la formas de interrogar, e incluso, en los puntos que la fiscalía iba teniendo como importantes en todo lo que fue el juicio, durante este año y medio. Han sido muy generosos con el agradecimiento que demostraron el último día del alegato, no es común, nosotros lo sabemos. Acá, todos tenemos muchos años de justicia y que las víctimas se pongan de pie y aplaudan, en una exposición que había hecho Fernando Arrigo que no reflejaba ni el delito por el cual ellos habían sido representados por su querellas – ellos fueron por un estrago doloso y la fiscalía entendió que encuadraba en un tipo culposo agravado [NdR: el primer caso contempla entre 10 y 25 años y el segundo de 1 a 5]. Sinceramente, han sido muy generosos en ese sentido y muy respetuosos.
El día que pedimos las penas, más allá de la carga y del trabajo, sentimos todos una emoción, ver concretado el objetivo con el que uno viene a trabajar todos los días que es representar los intereses legítimos de la sociedad. No hay nada que la Fiscalía haya dicho en su alegato que no se corresponda con elementos, que lo jueces podrán valorar de otra manera, que las defensas tienen todo su derecho de disentir con la valoración que le dio la Fiscalía, que se corroboraron como verídicos y verdaderos. Fueron entramados empresarios, negociados, pero también el dolor de las victimas tiene un peso.
Folliero: Incluso, las víctimas no buscaban que corriera sangre, querían justicia.
Arrigo: Además, hay algo que quiero decir me saco el sombrero, no le llego ni a los talones a muchos de los que estuvieron sentados ahí, detrás del vidrio. Una mamá que se le murió el hijo, un papa que perdió a su mujer y a su bebé, un marido, una esposa, un hermano u abuelo. Esa gente estaba sentada ahí y pedían justicia, hicieron de tripa corazón, para poder esperar, sentarse y lo único fue pedir justicia. Voy a recordar algo que pasó en un momento del debate:, varios abogados defensores se pusieron molestos, por una actitud que tuvieron ellos [los familiares de las víctimas] de demostrar su dolor, y el Tribunal les pidió que se sentaran, y se sentaron. Nunca cuestionaron nada. Es admirable cómo se comportaron. El respeto.
Heldt: sentimos muy fuerte el dolor de todos los familiares y por eso el compromiso que demostró todo el equipo, desde el fiscal hasta el último de nosotros. Todos demostramos un compromiso insuperable y eso se reflejó.
– ¿Es un caso paradigmático?
Aiello: Este fue un caso transversal tuvo muchas variables. En el fuero federal, uno está más acostumbrado a tratar con bienes de la Nación que han sido afectados por alguna conducta cometida por un delito del tipo federal. Este caso fue paradigmático, porque por un lado están los bienes del Estado afectados, esto es el estado en el que estaba el chapa 16 esa mañana, aún antes de chocar, y en ese punto nosotros consideramos que ya estaba consumado el delito de administración fraudulenta. Por otro lado, lo que ocurrió finalmente, poner en servicio ese tren. Entonces, con la consecuencia de las víctimas, muertos y heridos, toda esa afectación la tuvimos ahí presente, detrás de un vidrio por más de un año y medio
Además, algo importante: Fernando mencionó, el último día del alegato, que no sólo se iba a tener en cuenta lo que se iba a consignar en cada caso en particular de los imputados, sino también, aquellos casos de gente que porque al haber estado arriba de ese tren esa mañana nunca más pudo tomárselo. Estamos hablando del oeste, no hay medios de transporte abundantes que conecten el oeste con el centro. Hubo gente que perdió su trabajo por el pánico que le daba volver a subirse a un tren, gente que para no perder el trabajo tuvo que mudarse. Es decir, el desarraigo de tu barrio, de tu calle, de tu gente, y se mudaron a la ciudad y después casos de aquellas personas que aun habiendo cobrado una indemnización, que están en todo su derecho y esto no entra en discusión, ni es objetado, y después de haber logrado sobrevivir y de haberse iniciado el juicio tomaron la decisión de quitarse la vida, por no poder sobrellevar lo que pasó esa mañana.
– ¿Cuáles fueron los elementos que consideraron para solicitar las penas a los principales imputados?
Folliero: en relación a los Cirigliano, Sergio firmó el contrato de concesión en 1995. Estuvo desde el comienzo hasta el fin de la concesión. En el 2004, fue presidente de TBA y luego de Cometrans. Siempre estuvo vinculado y fue el eje de las dos empresas al igual que Mario Cirigliano.
Este entramado societario que se hizo durante todos estos años y todo el flujo de dinero que se fue moviendo demostraba que efectivamente a través de la explotación de ese servicio tenían capacidad económica para que ese día, ese tren, saliera en condiciones mínimas de seguridad y hubiese evitado la tragedia, esto en relación a los Cirgilano.
Ahora bien, en cuanto a los funcionarios públicos, en algún punto, tener en cuenta que la sociedad espera de parte de ellos cierto deber de diligencia y cierto apego a las normas y al ejercicio propio de sus funciones, que en este caso por ninguno de ellos estuvo satisfecho.
Aiello: Sobre el entramado, fue un trabajo que nos ayudó mucho Judith König y Guillermo para en entender los roles, los períodos, las funciones de toda esa información. Nos dimos cuenta que dentro de ese gran universo de empresas, había algunas que figuraban con un objeto social vinculado al servicio ferroviario, pero que jamás habían prestado el servicio, que jamás habían prestado el servicio por el que sí habían facturado sumas millonarias, digo millonarias porque siempre eran millones, desde 1 a 127. Después, detectamos firmas cuyo objeto social, si bien también estaba relacionado, facturaron por encima de lo que efectivamente prestaron como servicio u obra, este es el caso de EMFER, el caso de SIEMENS y otros tantos ejemplos.
Y finalmente, el tercer grupo de empresas o de gasto supérfluos o que no se correspondían con la explotación ferroviaria nosotros lo tuvimos como ejemplo, de la capacidad económica que tenían los empresarios de cumplir específicamente con la norma. Lo que se corroboró fue que, si no hubiesen desembolsado tanta cantidad de dinero en servicios que no se prestaron, efectivamente se podría haber cumplido con lo que se habían comprometido.
Arrigo: La pauta mensurativa es lo que se tiene en cuenta para fijar la pena, entre varias, tuvimos en consideración la extensión del daño, los antecedentes que registraban (sólo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime tenía antecedentes), el nivel de educación que tenían que le permitían comprende la ilicitud de sus actos, la capacidad para cumplir con la norma. Por ejemplo: hubo un caso de un accionista que la pena fue en suspenso, precisamente por la capacidad de dominio o de determinación para cumplir. Fueron negligentes e imprudentes. Sin embargo, esta imprudencia quedó demostrada con sus competencias, cada uno con sus roles pero ninguno excluía al otro.
A pesar de decir “no tengo competencia”, sabían que pasaba algo, por lo menos en cuanto al control, supervisión y el cuidado de lo que estaban haciendo, no lo hicieron. Y esta capacidad de determinación para cumplir con la ley también fue valorada y tenida en cuenta en relación a la pena, este límite cuantitativo que nos da el tipo penal, el concurso del delito, la capacidad de determinación para cumplir con la ley, los medios utilizados, el esfuerzo que tenían que hacer ellos era diferentes, y que también se ve reflejado en la norma, aquellos funcionarios que la sociedad estaba esperando, y tenían competencia y obligaciones, ellos con un pequeño esfuerzo podían corregir, y que no sucediera el 22 de febrero.
