Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la fiscal de Casación Alejandra Moretti emitió en las últimas horas su dictamen en el cual se opuso a que se haga lugar al planteo de Melazo, quien desde hace más de dos años permanece alojado en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza.
El pedido deberá ser resuelto a la brevedad por el Tribunal de Casación bonaerense, que días atrás otorgó la excarcelación a otro de los supuestos integrantes de la misma organización, Enrique Edgardo «Quique» Petrullo, quien también se hallaba detenido.
Las fuentes explicaron que Melazo, a través de su abogado, presentó un hábeas corpus para que se le conceda la prisión domiciliaria y alegó que está dentro de la población de riesgo ante el posible contagio del coronavirus.
«La defensa presentó certificados médicos que dicen que Melazo padece problemas respiratorios y cardíacos», dijo la fuente judicial consultada.
Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) entregó ayer mismo un informe médico a Casación de la provincia en el que asegura que Melazo «no pertenece al grupo de personas vulnerable», ya que tiene 59 años y no padece ninguna de las patologías que hacen riesgoso a un paciente.
Además, según las fuentes de la investigación, el informe asegura que el ex juez presenta problemas hepáticos, cólon irritable y está bajo tratamiento psiquiátrico, pero que «se encuentra hemodinámicamente compensado, afebril y no cursa patología aguda».
El hábeas corpus está siendo analizado desde ayer mismo por la sala I del Tribunal de Casación provincial, a cargo de Víctor Violini.
Precisamente Violini hizo lugar el lunes último a un pedido similar que presentó Petrullo, otro de los imputados en la misma causa, la cual en enero último fue elevada a juicio oral por el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo.
Además de Melazo, serán sometidos a juicio oral el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn; y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli.
También están imputados Javier Ronco; Ángel Custodio «Pipi» Yalet; Adrián «Quichua» Manes; Carlos Bertoni; Carlos «Macha» Barroso Luna; Jorge «El fiscal» Gómez de Saravia; Héctor «Pepe» Vega, el ex barrabrava de Gimnasia, Martín Ezequiel «Gaucho» Fernández; Petrullo; el ex jefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando «El Tucumano» Herrera y Claudia Edith Giunta.
Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía «robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas».
Además, precisó que «algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial» y el ex juez Melazo se presume brindaba protección a la banda.
Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.