El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que realicen amenazas de bomba y sean identificados por la Justicia.
Fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense revelaron que, desde el 1° de septiembre pasado, se registraron casi 2.000 amenazas de bomba en escuelas de la Provincia, y que desde esa misma fecha, 15 personas fueron puestas a disposición de la justicia en el marco de las investigaciones iniciadas por amenazas de bomba recibidas en escuelas bonaerenses.
En las últimas horas, un docente de una escuela de Quilmes fue detenido acusado de haber realizado una amenaza de bomba en la institución en la que trabaja.
Sobre esta realidad, el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, advirtió que una amenaza de bomba en una escuela “no es una broma, es un delito”, y aclaró que se trata de “un acto de intimidación pública penado por la ley”.
“Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”, explicó el funcionario provincial.
Sobre las amenazas, agregó que “cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia”.
“Como padre -agregó Ritondo- entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos”, y advirtió que “con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados. Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión”.
