Por Alejandro Alagia
Es la segunda vez en 20 años que una máxima autoridad perdona lo que una gran parte del país no quiere ni olvidar ni perdonar, rasgo de singularidad social y política que nos distingue en el mundo. Lo que hizo la Corte Suprema el miércoles, lo hizo Carlos Menem en los noventa, pero en este caso la ilegalidad es por partida doble. Porque está prohibido en el derecho internacional de los derechos humanos conmutar penas por delitos de lesa humanidad y porque los jueces no pueden hacerlo, bajo ningún pretexto legal.
Las leyes de impunidad por lo general no llevan ese nombre por título y menos si usan otras dictadas con otro contenido y fin. El instrumento de impunidad en este caso es una ley que no existe desde hace mucho tiempo.
La ley “2×1” se dictó en una situación de emergencia penitenciaria: más presos –con mayoría de no condenados– que la capacidad para alojarlos. Una problemática que afecta a toda la región siempre con muertos. La gravísimos padecimientos se compensaban con pena. El condenado por robo salía a los dos años si la pena era de cuatro. Esta situación duró el tiempo de vigencia, 1994-2001 y se beneficiaron personas que cumplieron pena o cometieron delito común en ese período.
¿No es groseramente ilegal conmutar penas por delitos de lesa humanidad a la vez que beneficia a perpetradores quienes mientras duró la vigencia de la ley “2×1” estaban indultados o amnistiados por el “punto final” y “la obediencia debida”?
Lo ilegal cuando es extremo también puede ser ridículo: una ley que se dicta para compensar el sufrimiento carcelario se aplica a personas que para la época de crisis penitenciaria estaban indultadas o amnistiadas.
Los Tribunales Orales Federales en los próximos días seguramente serán bombardeados con pedidos de excarcelación de perpetradores de crímenes de lesa humanidad condenados o en prisión preventiva. No deben aplicar el voto de la mayoría de la Corte. Cometerían otra ilegalidad. Eventualmente, con responsabilidad internacional para el país.
Mas tarde o más temprano volveremos a reparar este agravio.
* Fiscal general. Profesor titular UBA.
