Por Diego Gorgal (*)
A 137 años de haber sido federalizada, y a 23 años de haber sido declarada autónoma, la puesta en marcha de la Policía de la Ciudad implica que el gobierno porteño comienza a controlar y a ser responsable de lo que pasa en la calle. Ello significa que deberá responder electoralmente por si los vecinos pueden: salir de o entrar a sus casas, o caminar por el barrio, sin que los asalten; ir a trabajar o hacer un trámite al Centro sin perder horas innecesarias en piquetes y cortes de calle; o relacionarse con la Policía sobre la base de la confianza, en lugar de la sospecha.
Para todo ello, la gestión macrista en la Ciudad se quedó ahora sin excusas. Distinto de administraciones anteriores (De la Rúa, Ibarra, Telerman), el macrismo no tiene contratiempos para construir mayorías en la Legislatura porteña.
A diferencia de la gestión en la Nación o la Provincia, el territorio de la Ciudad es absolutamente manejable y controlable. La calidad institucional de la PFA transferida es sensiblemente superior a la Policía bonaerense, como también la dotación relativa de policías, fiscales, jueces y plazas carcelarias (ninguna provincia supera en recursos a la ciudad).
Además, por vez primera, tanto el gobierno nacional como el bonaerense son parte del mismo grupo político que el porteño. Todos estos elementos hacen que la gestión porteña no enfrente como obstáculos más que sus propias limitaciones y carencias.
De momento, hay más incógnitas que certezas, y la gestión de la seguridad consiste en proveer certezas. Por caso, dado el modelo de transferencia que han elegido, ¿podrá el gobierno porteño dictar una política de seguridad integral y coherente cuando el grueso de los fiscales penales continúan bajo el mando de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la política penitenciaria en la ciudad la determina el Ministro de Justicia de la Nación? En la respuesta a esta, y otras incógnitas, se jugará la seguridad de la gente.
(*) Politólogo y especialista en Seguridad
