La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, confirmó la condena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a dos oficiales del Servicio Penitenciario Federal por el delito de imposición de torturas cometido en la alcaidía del Palacio de Justicia, dos pisos debajo de los despachos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El día 5 de agosto de 2010, la víctima (MLFM) fue trasladada al Palacio de Justicia para ser examinada por un médico forense por lesiones que habría sufrido en el lugar de alojamiento. Ese día a las 21:45 horas MLFM ingresó al Centro de Detención Judicial. Realizada la pericia fue dejado a la espera de que regresara el camión para reintegrarlo a la unidad de Marcos Paz.
Alrededor de la 1:30 hs., frente al reclamo de MLFM por la demora en el traslado, varios agentes del Servicio Penitenciario Federal ingresaron a la celda y lo sacaron a la fuerza hacia un lugar común. Allí lo desnudaron y comenzaron a aplicarle golpes de puño y patadas, lo derribaron y siguieron golpeándolo.
En el piso Héctor Miguel Aguilar le aplicó al menos una patada sobre la región malar izquierda, y Jorge Raúl Rolón le aplicó varios golpes al tiempo que otros agentes también golpeaban al detenido. En un momento dado Jorge Raúl Rolón le deslizó un instrumento rígido por la espalda y se lo colocó en el ano, haciendo presión para introducírselo. Ante los gritos de dolor y pedidos de que cesara la agresión, otro agente del Servicio Penitenciario, no identificado, la hizo cesar. Luego MLFM fue conducido a una celda individual, donde permaneció, desnudo como estaba, hasta poco antes de las 3:00 horas en que se le restituyeron sus ropas y se le hizo abordar el camión en el que fue reintegrado al Complejo Penitenciario Federal II.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria, advirtió a las autoridades que es obligación cumplir con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y urgió la pronta y efectiva implementación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura creado por Ley nº 26.827. Por ello, se ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera a cargo de Germán Garavano, responsable del área.
En este sentido, los jueces llamaron la atención sobre el incumplimiento por parte del Estado Nacional de las observaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos y la responsabilidad internacional que ello podría acarrear por el incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
Con severas críticas a la gestión penitenciaria, Slokar advirtió que se tratan de estructuras con amplios márgenes de autogobierno y atravesadas por un legado autoritario compartido que las organiza en forma militarizada y vertical orientadas a combatir a un “enemigo”. Se trata, en definitiva, de violencia institucional que se traduce en violaciones a los derechos humanos.
