Mas allá del control de las fronteras, el Gobierno espera reducir la actividad del narcomenudeo, de esas redes que a veces son tomadas como eslabones menores en el negocio de la droga, pero que se transformaron en los actores fundamentales para el crecimiento del mercado local. Una de las variantes analizadas para cambiar el foco de prevención es el incremento de penas para los vendedores de paco. En los últimos días de diciembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto en ese sentido. Y entre los argumentos se estimó que “en nuestro país se consumen unas 400.000 dosis de paco por día”.
A un precio promedio de 20 pesos la unidad, el comercio minorista de paco mueve 3000 millones de pesos cada año, publica el diario La Nación.
El proyecto fue ingresado en la Cámara baja antes de fin de año para que sea uno de los primeros temas a tratar a partir de marzo. Fue promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y forma parte de una táctica oficial de impulsar reformas legales específicas que no sean trabadas en largos debates de megaproyectos.
La iniciativa pide la modificación de dos artículos de la ley 23.737, la llamada ley de drogas, para aumentar las penas a vendedores y habilitar el tratamiento compulsivo de consumidores de paco.
La propia ley 23.737 es cuestionada por su falta de actualización y la incorporación en una misma norma de temas vinculados con la represión al narcotráfico y la atención de adictos.
Existe la intención oficial de poner en debate esa ley, pero la necesidad de avanzar más rápido en cuestiones que no generarían posiciones antagónicas llevó al Gobierno a presentar por ahora reformas parciales, tal como comentaron funcionarios del Ministerio de Justicia. Adecuar los valores de las multas económicas para los narcotraficantes figura en otro proyecto enviado al Congreso que, en definitiva, es una nueva modificación a la ley 23.737.
En el caso de la iniciativa que lleva la firma de Bullrich y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se pide una sanción de 6 a 18 años de prisión para los vendedores de paco. Hoy la pena tiene una escala de 4 a 15 años, común para cualquier caso de venta de drogas. El Gobierno espera así pasar un mensaje sobre su decisión de poner foco en el comercio de paco.
“El fundamento de la política criminal que motiva las modificaciones propuestas se basa en la profunda adicción que provoca esta sustancia, y el rápido y enorme deterioro biológico y emocional que causa en sus consumidores, sobre todo en los más jóvenes”, se argumentó en el proyecto de ley. Y se agregó que el consumo “se incrementó un 200% en los últimos años”.
La última estadística disponible es el estudio sobre la población de 16 a 65 años que la Sedronar realizó en 2010. Funcionarios de esa secretaría de Estado explicaron que a mediados de año se tendrán los resultados del nuevo sondeo nacional, y que los análisis de las primeras informaciones obtenidas avalan un crecimiento del consumo de paco y de todas las drogas. En 2010 se había establecido que el consumo de paco alcanzaba al 0,2% de la población estudiada, unas 37.000 personas. La atención de esos adictos también es motivo del pedido de reforma parcial de la ley 23.737.
“Cuando en cualquier etapa del sumario se advirtiere que, por la dependencia física o psíquica a la pasta base de cocaína, una persona se encontrare en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, el magistrado competente deberá dar intervención urgente a un establecimiento habilitado por la autoridad sanitaria”, se solicitó en el proyecto de reforma parcial de la ley 23.737.
Se indicó, además, que “esta disposición deberá ser aplicada cualquiera sea la situación procesal de la persona afectada por el consumo de pasta base”. Responde ese punto a un pedido de madres de chicos adictos y a la posición de los llamados curas villeros.
Si bien la ley de salud mental prohibió los tratamientos de rehabilitación sin el consentimiento del paciente, la Casa Rosada indicó que esa alternativa es aprobada por el nuevo Código Civil.
