La Justicia Contravencional porteña sobreseyó a dos artesanos acusados de vender sus productos en la feria de la calle Defensa sin autorización, y entendió que “esa conducta no es una contravención” aunque aclaró que la medida dictada “no quiere decir que la instalación de la feria de manteros de San Telmo sea lícita”, informó el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El titular del juzgado N° 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Pablo Cruz Casas, adoptó esa decisión para resolver el planteo de “atipicidad” efectuado por las defensas de los artesanos en cuestión -un dibujante y un pirograbador-, quienes estaban imputados por “uso indebido del espacio público con fines lucrativos”.
El magistrado hizo lugar a la excepción de atipicidad porque, si bien los acusados no integran una feria incluida en el listado habilitado según la ley 4.121, la venta de artesanías en la vía pública no está penada.
En la resolución dictada el pasado 15 de diciembre se resalta la convocatoria efectuada por el juez a una mesa de diálogo entre los imputados y autoridades del Gobierno de la Ciudad a fin de solucionar el conflicto de fondo: “el desarrollo de una feria no autorizada sobre la calle Defensa del 800 al 1000, de la que participan entre 200 y 300 artesanos organizados en una cooperativa de trabajo”, señalaron.
“A pesar de no haber llegado a una solución definitiva en esa mesa de dialogo, creo que fue un espacio productivo de por sí. […] Aunque no se haya llegado a una conclusión creo que se conoce más de lo que se conocía antes de que esto sucediese”, aseguró el juez.
El magistrado dictó el sobreseimiento subrayando “que la existencia de ese conflicto tiene una clara tensión en derechos constitucionales con una clara connotación social”.
Señaló además que los derechos fundamentales que estaban en juego en ese caso eran “el derecho a trabajar” y como contracara “la utilización del espacio público”, y que por lo tanto “competía a los poderes Ejecutivo y Legislativo seguir trabajando para la solución del conflicto, siendo este último el facultado para autorizar la utilización del espacio público”.
“El conflicto va a seguir subsistiendo hasta tanto los que tiene en su poder la posibilidad de reglamentar, en este caso la Legislatura, encuentren una solución”, concluyó Cruz Casas.
