En su tercer día de actividades, hoy finalizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el III Congreso Internacional y VI Jornadas de Administración y Justicia de la CABA.
Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Maestría de Derecho Administrativo de la UBA, durante tres jornadas el congreso sirvió como punto en encuentro para la reflexión y el intercambio de experiencias entre especialistas en Derecho Administrativo, bajo la dirección académica de Juan Corvalán (Fiscal General Adjunto en los Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires).
Tras sendas conferencias inaugurales dictadas por juristas del prestigio de la italiana Daria De Petris o el chileno Claudio Grossman, en este tercer día el público asistente tuvo el honor de contemplar a un expositor no menos importante, como el colombiano Rodrigo Uprimny Yepe.
Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en esta ocasión Uprimny Yepe trabajó en base a la pregunta de en qué condiciones la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales puede contribuir a mejorar la situación de los grupos vulnerable.
“Cuando el litigio se hace por fuera de las políticas publicas pero es masiva, ahí tiende a ser disfuncional, no favorece a los vulnerables, no es efectivo –explicó Uprimny Yepe-. Pero cuando se generan respuestas estructurales por parte del juez, como respuesta a litigio masivo, ahí se pueden generar estrategias para proteger derechos sin afectar a la democracia”. En este sentido, el jurista recomendó “protección con monitoreo fuerte, verificación fuerte y estructural de políticas publicas sin afectar separación de poderes”.
La conferencia fue presentada por Ivana Centanaro, Secretaría General de Derechos y Garantías y de la Población Vulnerable del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Control y seguimiento
A la exposición de Uprimny Yepe le siguió un panel sobre la ejecución de sentencias en delitos complejos, que fue encabezado por la jurista colombiana Beatriz Socorro Londoño Toro, acompañada por Paola Bergallo (Universidad Di Tella), Martin Sigal (UBA) y Liliana Tojo (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional).
“La ejecución de las sentencias es el talón de Aquiles de los litigios estructurales –explicó Londoño Toro-. Un caso paradigmático de lo que digo es el de la restitución de derechos a los seis millones de desplazados por la guerra en Colombia. Es un ejemplo que presenta grandes complejidades. Para el cumplimiento de las sentencias se crearon varias herramientas que han demostrado su valor y que apoyan la labor del juez”.
En este sentido, Londoño Toro recomendó que se hagan audiencias de seguimiento con comité especialmente conformados para esta tarea.
El siguiente panal abordó las cuestiones de control y seguimiento, pero enfocadas en relación al cumplimiento de políticas públicas. Los expositores fueron los juristas Héctor Mairal (Academia Nacional de Ciencias Morales y Sociales), Domingo Sesín (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba), Daniel Soria (juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) y
Jaime Rodríguez Arana Munoz (Universidad de La Coruña)
Mairal previno a la audiencia sobre el riesgo de que el excesivo control de las políticas públicas, por parte del poder judicial, tiente a los otros poderes del Estado a intentar restringir la independencia de la justicia. “Ya lo vimos en el tema tarifas -ejemplificó-. Durante doce años la justicia no hizo nada para restituir el derecho de las empresas de aumentar su tarifas. Pero en cuanto lo hizo el Estado, reaccionó sin demora e intervino. Hace 50 años era impensable esa intromisión de la justicia en la política. La inclusión de derechos positivos, de tercera generación, en la Constitución de 1994, abrió el camino”.
Por su parte, Soria distinguió dos tipos de políticas públicas susceptibles de control: coyunturales y de largo plazo.
“Las primeras son difíciles de controlar por su extrema complejidad y por la urgencia con las que se articulan –explicó Soria-. Las de largo plazo son mucho más factibles de implementar y sustentables. Eso las hace más controlables. La efectividad de la justicia en los litigios colectivos resulta inversamente proporcional a la cantidad de personas afectadas en sus derechos. La contrapartida es que cuanto más masivo el litigio, también son mayores las posibilidades de llegar a un arreglo equilibrado”.
A su vez, Sesín sostuvo que “hay un error histórico que se comete al pretender aplicar diversas posturas filosóficas que estén de moda para el control de la administración”. En este contexto, explicó: “Todas las posturas pretender dar una receta a un juez para llegar a una decisión justa, pero cuando controlamos a la administración, no podemos sustituir una alternativa por otra. Tenemos que respetar la división de poderes y los jueces no estamos para gobernar”.
Finalmente, la moderadora del panel, la Fiscal porteña Laura Perugini, indicó que “los litigios han dejado de ser entre persona y persona y se han masificado”. En este sentido, prosiguió, “resumiendo conclusiones de múltiples disertantes del congreso, se necesitan pautas procesales claras, orden y previsibilidad, y publicidad de las causas desde el inicio”
El nuevo constitucionalismo
El Fiscal General Adjunto de la Ciudad, Juan Corvalán, coordinó un panel sobre nuevo constitucionalismo y derecho adminsitrativo, en el que expusieron los juristas Rodolfo Barra, Tomás Hutchinson y Karina Cicero.
Rodolfo Barra hizo referencia a la Constitución todavía vigente, de 1853, a la cual se le han agregado normas. “Esta constitución es liberal en lo económico, democrático representativa en lo político y tradicionalista en los valores fundamentales –sostuvo Barra-. La reforma del 94 incorpora expresamente nuevos derechos. Esto hace que los derechos más recientes deban ser interpretados de manera complementaria al texto original”.
Respecto a esta reflexión, Tomás Hutchinson aludió que disentía en lo referente al carácter liberal en lo económico de la Constitución, señalando que sí lo es en lo político. “Muchas veces en nuestra Historia no se respetó la Constitución, pero sí el derecho administrativo –recordó Hutchinson-. Cada vez es mayor la necesidad del ciudadano de la administración, motivo por el cual se hace necesaria una gestión eficiente”.
Cerca de las 17 horas, el Congreso tuvo una ceremonia de clausura acorde a la excelencia académica precedente. El elegido para la ocasión: el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Humberto Sierra Porto, quien brindó una conferencia de cierre moderada por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Pinto.
