El juez federal de Santa Rosa, Luis Salas, elevó a juicio una causa en la cual el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, está acusado de ser cómplice de una red de trata de personas que explotaba mujeres en el prostíbulo denominado “Good Night”, ubicado en esa localidad. En línea con lo solicitado por la fiscal federal subrogante Adriana Susana Zapico, la medida también alcanza al ex jefe de la Comisaría de esa ciudad, Carlos Adrián Alanis, y otros tres imputados que serían el dueño del boliche, su hermano y el encargado.
Los hechos habrían ocurrido al menos entre febrero de 2008 y septiembre de 2009 y la banda habría participado en el recibimiento y traslado de al menos seis mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en el local nocturno, propiedad de uno de ellos, con la complicidad del comisario y del jefe del Municipio.
Para la representante del MPF, Rogers y Alanis “no cumplieron con sus deberes de funcionarios públicos”, al tener conocimiento de lo que sucedía en “Good Night” y “omitir voluntariamente realizar la denuncia correspondiente”.
Puntualmente, con respecto a Rogers, Zapico detalló que su “contribución” se materializó “en su carácter de intendente de la localidad de Lonquimay mediante el mantenimiento de la licencia comercial extendida por el Municipio pese a que firmó las libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban en el lugar –para lo cual es requisito la presentación de exámenes médicos ginecológicos y análisis referidos a enfermedades de transmisión sexual, lo que es indicativo del ejercicio de la prostitución por parte de las víctimas.
Además, la fiscal se basó en las declaraciones que el intendente hizo en medios periodísticos en los que manifestó que vetaría cualquier ordenanza que implicara el cierre del local y defendió la existencia del lugar al que catalogó como “un lugar esparcimiento y contención espiritual para jóvenes y camioneros que pasan por la zona”. Rogers agrregó: “Me asesoré con varios policías y me advirtieron que el cierre podría causar prostitución callejera, descontento social y hasta una epidemia infecciosa. Bajo mi óptica, funciona bien y es todo legal. Las inspecciones se hacen y las chicas tienen la libreta sanitaria al día”.
Para la fiscal, de tales dichos se desprende que Rogers “conocía que las mujeres que trabajaban en el local ‘Good Night’ ejercían la prostitución, por lo que en realidad encubría una casa de tolerancia prohibida por la ley, pese a lo cual en su condición de funcionario público competente no arbitró los medios a su alcance para clausurarlo y denunciar la situación a las autoridades judiciales competentes”.
Además, se debe sumar la relación fluida que poseían el intendente, el policía y el propietario del cabaret, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente
El caso y sus dilaciones judiciales
La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono del dueño del burdel “Good Night”, por presuntas irregularidades en el local.
Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, un hombre denunció en la ciudad La Banda, provincia de Santiago del Estero, que su novia se encontraba “trabajando en un cabaret” en La Pampa junto a una amiga y que el dueño no les permitía salir a raíz de una “deuda” que habían contraído con él. Esta presentación fue acumulada a la investigación que ya estaba en curso.
Sin embargo, hubo un tercer testimonio en el marco de esta misma causa. En este caso, una mujer que realizaba funciones administrativas en la comisaría de Lonquimay expresó los vínculos que existían entre el entonces titular de la Comisaría, el imputado Alanis, con los dueños de “whiskerías” ubicadas en diferentes localidades de esa provincia, mencionando entre ellas “Good Night” y el intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers.
La denunciante agregó que en esos locales explotaban mujeres que a su vez se encontrarían en un “estado habitacional insalubre”. Como consecuencia, estas tres denuncias se unificaron y en octubre de 2009 se realizó el allanamiento en el lugar. En esa oportunidad, fueron rescatadas cuatro mujeres, tres de ellas oriundas de la Provincia de Salta. Asimismo, se pudieron recolectar elementos útiles para la causa como el libro de pases.
Además, a través de la declaración de las víctimas, se supo que el dueño del boliche se quedaba con el 50% del valor de los denominados “pases” y que el hombre se encargaba del traslado de las mujeres desde su lugar de origen hasta la llegada a la ciudad de Lonquimay.
Desde entonces, el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, en ese entonces a cargo de Juan José Baric, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, solicitaron la indagatoria de los dos funcionarios debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación.
Sin embargo, obtenían como resultado la permanente negativa del juez Marcelo Piazza. El magistrado basaba su postura aludiendo el estado de subrogancia de su puesto. Más precisamente, sostenía que no iba a convocar a indagatoria al intendente y al comisario en ejercicio hasta que “se defina por sí o por no su continuidad en el cargo”.
En octubre de 2013, luego de varios pedidos realizados por los dos representantes del Ministerio Público, la justicia federal de Santa Rosa finalmente ordenó el llamado a indagatoria de Rogers y del uniformado.
No obstante, el 24 de abril de 2014, Colombo, Baric y Cantaro tuvieron que solicitar la inmediata resolución procesal de ambos funcionarios públicos, debido a que cinco meses de haberse tomado las declaraciones indagatorias, el juez no había resuelto sus situaciones procesales.
Finalmente, en mayo de 2014, los imputados fueron procesados. Sin embargo, el 14 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión. En esa línea, Cantaro y Colombo presentaron un recurso en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense.
En diciembre de 2015, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por los fiscales y revocó los sobreseimientos de los funcionarios públicos.
En la Pampa, ya hay cuatro intendentes que son investigados por presuntas connivencias con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. (fiscales.gob.ar)
