La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “hay una decisión” del Poder Ejecutivo de “no permitir que las amenazas se hagan algo normal” y que la idea es “investigar y llegar a los responsables”, como se hizo en el caso de la amenaza a la hija del presidente Mauricio Macri y también al domicilio donde vivía el mandatario hasta que se mudó a la residencia de Olivos.
Toda amenaza, sin importar a quién se la hagan, será investigada. Estamos defendiendo la ley y a cada argentino. pic.twitter.com/hSqYoLhSea
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 8, 2016
“Más que preocupación, hay una decisión de no permitir que las amenazas se hagan algo normal y no se investiguen. La idea es que cada amenaza se pueda investigar y se pueda llegar a los responsables”, dijo Bullrich a radio Mitre.
La funcionaria recordó que hasta ahora, todas las amenazas, tanto a la ex Esma, a la hija del Presidente vía Twitter, en el departamento de Macri, y a la población, “han sido investigadas y se han encontrado los responsables”.
“Que la gente sepa que la amenaza no es gratuita, que los vamos a buscar y van a tener un proceso penal “, dijo, y señaló que en el caso de la amenaza al departamento donde vivía Macri, “hay tres detenidos”.
Admitió también que es necesario “ordenar” el 911 y 101, porque quienes amenazaron en el domicilio propiedad del presidente Macri hicieron “9.000 llamadas al 911” y “11.000 en total si se cuentan también las que hicieron al 101”.
“Es una locura, y lo vamos a ordenar. Habrá que buscar un sistema de alerta para que cuando se llama mucho de un mismo teléfono, se pueda saber”, aseveró, y adelantó que se va a implementar un sistema por el cual cuando se llame más de 10 veces al 911 se active un alerta, para que no se utilice un número de emergencia “de manera distorsionada”.
Respecto a las amenazas que dijo haber recibido la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Bullrich señaló que “se investigará con la misma celeridad que se viene investigando todo”.
Bullrich destacó la resolución del juez Ariel Lijo que no sólo detuvo a la persona que amenazó vía Twitter a la hija del Presidente, sino que además le dictó un embargo por el uso de servicios del Estado, ya que cuando hay una amenaza, explicó, “el Estado debe incrementar los niveles de seguridad de la persona y de los lugares, y esto tiene un costo”.
“Es una muy buena modalidad porque además de una denuncia penal, hay también una denuncia civil”, concluyó la funcionaria respecto a la decisión de la Justicia.
Este fin de semana, dos amenazas de bomba fueron realizadas por teléfono, dirigidas a Mauricio Macri, al departamento de su propiedad en Libertador 2712, que está alquilado.
