Por Fernanda Gil Lozano
Diputada Argentina del Parlasur por el Frente Renovador UNA
La legisladora acompaña el pedido de los vecinos y amigos de la joven de 25 años, embarazada y madre de dos pequeños hijos, que en las últimas horas fue hallada asesinada y descuartizada en una vivienda de ex pareja. Denuncian desidia, corrupción y complicidades de los funcionarios municipales de esa localidad fueguina en materia de violencia de género, y requieren una intervención casi inmediata del Gobierno provincial y nacional.
El hallazgo se produjo durante la madrugada de ayer, cuando personal policial allanó la vivienda ubicada en la calle Pedro Oliva 947, en la mencionada localidad ubicada a mitad de camino entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande, y encontraron la pierna izquierda de la mujer debajo de la cama de uno de sus hijos. Luego, las autoridades pusieron en marcha diversos rastrillajes por la zona y, en un paraje de arbustos del barrio Los Naranjos, cercano a la vivienda, hallaron el resto del cuerpo dividido en varias bolsas de plástico.
Como consecuencia, la Policía detuvo de inmediato a Aldo Javier Nuñez, ex esposo de la mujer, quien permanece incomunicado y a disposición del juzgado de turno.
La víctima se encontraba desaparecida desde hacía doce días, según la denuncia de búsqueda de paradero que había presentado una amiga.
Al respecto, Gil Lozano informó que “desde hace más de un año que la joven asesinada venía realizado denuncias contra su ex esposo”, pero aclaró que “nunca recibió el apoyo judicial, político y policial necesario como para poder evitar esta tragedia”.
En ese sentido, la especialista en temas de violencia de género detalló que “se llegó a este final por una concatenación de hechos que demuestran la poca valoración que hay por la mujer en esa localidad de la provincia de Tierra del Fuego” y agregó que “las autoridades no hicieron el seguimiento que hubiera sido necesario, que ese municipio carece de profesionales capacitados para el acompañamiento multidiciplinario a las víctimas, no hay comisaria de la mujer y tampoco vocación política para el abordaje integral de la violencia de género y sus consecuencias”.
A su vez, la Legisladora internacional explicó que “en la ciudad de Tolhuin hay una red de Iglesias evangélicas, relacionada económicamente con el municipio, donde se refugian muchas mujeres que sufren agresiones masculinas debido a la situación de desprotección que se vive en esa localidad, donde las situaciones de trata y de violencia de género son muy arraigadas, naturalizadas y constantes”. Sin embargo, consideró que “esos recintos religiosos no hacen más que fomentarles la culpa, profundizando cada vez más las desigualdades de género”.
En tanto, Alika Kinan, Presidente del Instituto Saka Kipa y la Fundación Manos Abiertas, ambas instituciones contra la violencia de genero denunció que el Secretario del Consejo deliberante es un reconocido proxeneta de la zona y elaboró un detallado informe el caso de Nilda Nuñez (ver informe).
Por todo esto, Fernanda Gil Lozano reclama y acompaña el pedido para “la inmediata intervención política del municipio local y un rápido accionar del Ministerio de Justicia de la Nación que permita investigar las redes de complicidades que hacen negocios con el sufrimiento de las mujeres”.
