La fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires Paloma Ochoa solicitó la indagatoria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Rafael Riggi, en el marco de la causa en la que se lo investiga por “haber tomado intervención en las conductas ilícitas que se desplegaron de común acuerdo para obtener ilícitamente de la Cámara Federal de Casación Penal un fallo favorable que revocara los procesamientos y denegatorias de las excarcelaciones de los entonces imputados”, por el crimen del joven militante Mariano Ferreyra.
Ochoa destacó que una de las maniobras clave del plan criminal que “los imputados de común acuerdo congeniaron y forjaron, fue la selección irregular de la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (la Sala III) que habría de resolver los planteos recursivos que se interpusieron contra esas resoluciones, sobre cuyos miembros ejercerían sus influencias en base a vínculos reales y preexistentes de modo que la decisión jurisdiccional a adoptarse respondiera a las pretensiones particulares de aquellos”.
En aquel momento, Pedraza aún no se encontraba formalmente imputado en la investigación por el crimen de Ferreyra, por lo que “con esta maniobra, pretendía su desvinculación de aquel proceso penal”, explicó la fiscal federal.
De esta manera, a partir del análisis efectuado sobre la prueba reunida, y en particular sobre las conversaciones telefónicas registradas en el marco de esta investigación, la representante del MPF precisó que “ese sorteo irregular de la Sala III sucedió el miércoles 26 de enero de 2011, mientras transcurría la feria judicial; el abogado Aráoz regresó al país el 30 y la entrega del dinero acordado para obtener de parte de los integrantes de la Sala III una resolución favorable se concretó al otro día (31/01/2011), siendo el ‘día 2’ cuando Aráoz se reuniría con el ‘amigo de la Sala que habían elegido’ (refiriéndose con ello a Riggi) para ‘hablar’ del tema”.
Esa fecha coincidía con el regreso del juez Riggi a sus funciones laborales. Sin embargo, el encuentro finalmente no llegó a concretarse debido al allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, que “frenó la maniobra ilícita que los imputados venían ejecutando”.
“Es importante tener presente que con ese sorteo los imputados se aseguraron una mayoría entre los integrantes de esa Sala que quedó conformada por Riggi, Mitchell (f) y Catucci, pues los dos primeros tenían pleno conocimiento de la maniobra delictiva y acuerdo previo con el resto de los imputados sobre la resolución que se daría a los recursos interpuestos”, indicó Ochoa.
La teoría de las dos etapas
A continuación, la fiscal federal recordó la “teoría de las dos etapas”, una estrategia introducida por el juzgado de instrucción que previno y luego ratificada por la Cámara del Crimen al confirmar los procesamientos de Aráoz de Lamadrid, Riquelme, Stafforini, Pedraza, Ameguino Escobar y Planas.
“Se afirmaba con ella que existió una primera etapa en la cual se manipuló el sorteo para que los recursos de Casación interpuestos en el marco de la investigación del crimen de Ferreyra quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal”, explicó Ochoa.
A partir de esae movimiento, entraría en juego una “segunda etapa de ese plan criminal que consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi, integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal y directa o bien indirectamente, a través de él sobre los restantes miembros de ese Tribunal, esto es, los jueces Mitchell y Catucci, para que en el estadio procesal oportuno se revocaran los procesamientos dictados en la causa del Juzgado de Instrucción Nº38”, agregó.
Supuestamente, esta parte del plan iba a ser ejecutada a partir del día 2 de febrero de 2011. Por esa razón, en las distintas conversaciones telefónicas protagonizadas por los procesados se hacía constante referencia a la importancia del “día dos”.
La fiscal federal resaltó que el análisis integral de la prueba reunida “a lo largo de esta investigación permitió desterrar esta ‘teoría de las dos etapas’ que encauzó durante años el curso de la investigación, haciéndose hincapié en que en todo caso, lo que hubo fue una forma de organización de la maniobra, pero, en ningún caso hubo desconocimiento en los autores de cada uno de los pasos del hecho delictivo investigado”.
En efecto, lo que los imputados Aráoz y Riquelme afirmaron en las escuchas sobre los encuentros y charlas con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal – principalmente Riggi y Mitchell- fue real y concreto. La representante del Ministerio Público indicó que “el juez Riggi no sólo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada por el grupo de los siete imputados”. Es decir, el sobreseimiento y consecuente libertad por el crimen de Mariano Ferreyra.
A partir de la investigación, surgió que Pedraza fue quien, de la mano de Stafforini, “se movilizó para conseguir el dinero que compraría su efectiva desvinculación, pues hasta la definición del sorteo de la Sala que entendería en los recursos interpuestos, nada le aseguraba a aquél que lograría torcer esos procesamientos”, señaló la representante del MPF.
De esta manera, Ochoa concluyó que el análisis integral de la prueba reunida “mostró un panorama más certero sobre la verdadera dimensión de la participación que le cupo al juez de Casación Eduardo Rafael Riggi en las maniobras delictivas objeto de investigación […] consistente en haber acordado con Aráoz y -a través de éste con el resto de los aquí imputados- una resolución favorable, previo pago de una suma de dinero aún no determinada”, para revocar “los procesamientos y las denegatorias de las excarcelaciones de los imputados [por el crimen de Mariano Ferreyra], que mediante el sorteo irregular practicado el 26 de enero de 2011 por parte del ex funcionario de la Sala de sorteos Ameguino Escobar, recayeron para su tratamiento en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en ese entonces por Eduardo Rafael Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci”.
