Carbón Blanco: pidieron 25 años para los imputados

523
Foto archivo
Fuente Fiscales.gob.ar
Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad requirieron esta tarde al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que condene a 25 años de prisión y al pago de una multa equivalente al valor de «cuatro veces el valor de la mercadería en plaza» a los cinco acusados del contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa escondida en contenedores de carbón vegetal, durante la segunda parte de su alegato en la emblemática causa por narcotráfico conocida como «Carbón Blanco». También requirieron la investigación de los acusados y de seis empleados de la Aduana por su intervención en un cargamento de 2011 similar a los tres ventilados en este juicio.
Carniel y Amad encontraron responsables al abogado Carlos Salvatore y a los empresarios Patricio Daniel Gorosito, Rubén Félix Esquivel, Carlos Pérez Parga y Héctor Ángel Roberto como «coautores responsables del delito de contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas, en tres hechos que concurren en forma real entre sí».
En la audiencia de hoy, el fiscal Amad se concentró en la prueba que vincula a los empresarios Esquivel, Pérez Parga y Roberto con la empresa criminal, luego de que la semana pasada el fiscal Carniel describiera las responsabilidades de Salvatore y su mano derecha Gorosito en los tres cargarmentos detectados en Buenos Aires y Lisboa entre marzo y abril de 2012.
En el final de su exposición, los fiscales además requirieron que se investigue la responsabilidad de los cinco acusados en calidad de coautores y de seis trabajadores de la Aduana, como partícipes necesarios, en el tráfico de cocaína realizado a través de un cargamento enviado a Lisboa el 3 de noviembre de 2011 con la misma modalidad de esconder el estupefaciente en las bolsas de carbón vegetal, en el que se contrabandearon 500 kilos de cocaína. Doce kilos de ese carga quedaron olvidados en el contenedor y fueron descubiertos por los empleados de una empresa de procesamiento de carbón que hicieron la denuncia que dio origen a la causa en la justicia de Portugal.
El pedido de investigación a los aduaneros por ese caso tiene como clave el hallazgo de un documento de uso exclusivo de la Aduana en una de las oficinas de Salvatore allanadas durante la pesquisa: se trató del informe de una inspección por escaner realizada el 17 de agosto de ese año a aquél cargamento, que había dado resultado «sospechoso».
Los fiscales señalaron que la presencia del documento en la oficina de Salvatore «demuestra a las claras la participación necesaria del personal aduanero», pues se comprobó que «puede salir una carga de carbón al exterior con todo lo que ello significa, arrojando el escaner una imagen sospechosa». «Esto demuestra a las claras la connivencia dolosa entre los aduaneros y Salvatore. Nada tenía que hacer la copia de ese escaner en poder del jefe de la banda o de cualquier otra persona», indicó Amad.
En efecto, ya hay una causa abierta contra otros cinco aduaneros procesados, pero por su intervención en una infracción al Código Aduanero, por los tres cargamentos de los que trata este juicio. Los fiscales adelantaron hoy que pedirán que se les amplíe la imputación por la participación directa en el contrabando, dado que hasta ahora estaban siendo investigados por la falla en los controles.
El alegato de los fiscales comenzó demorado, durante la tarde, porque por la mañana el abogado de Gorosito, Silvio Tierno, recusó a Carniel y a Amad alegando que se habían reunido la semana pasada «a sus espaldas» con el propio acusado en la fiscalía, quien efectivamente había concurrido a la oficina de los fiscales acompañado por la codefensora Nora Rey para realizar una serie de planteos sobre su estado de salud.
La recusación fue rechazada in límine [sin análisis] y con imposición de costas por el tribunal, luego de que los fiscales reconocieran y reivindicaran el encuentro como parte del trabajo que realizan diariamente y de que la propia defensora contara que fueron ella misma y Gorosito quienes pidieron la reunión. Rey destacó la honorabilidad de los fiscales, dado que Tierno además había acusado a los dos funcionarios de querer usar a Gorosito para perjudicar a Salvatore.
El incidente, que demoró el debate y demostró diferencias entre los defensores de Gorosito, derivó en la renuncia de Rey a la defensa del acusado, que ahora sólo será defendido por Tierno. En tanto, los abogados de Salvatore no dijeron nada al respecto.
«El valijero»
Durante el alegato, el fiscal Amad describió que Héctor Roberto «cumplió una función de enlace y articulación entre sus consortes de causa bajo las órdenes de Gorosito y Salvatore, siendo en términos populares ‘el valijero’, la bisagra comunicacional». Amad destacó que el propio imputado reconoció «haberse ganado» la confianza de Gorosito, a quien dijo que conocía desde niño.
También remarcó que el propio Roberto dijo que fue enviado en distintas oportunidades por Gorosito a Buenos Aires para reunirse con «Manuel» -dentro de la organización, Salvatore se hacía llamar «Manuel Carrascosa»- y que entre cinco y siete veces aquél le dio dinero que debía llevar a Chaco a Pérez Parga y al fallecido presidente de Carbón Vegetal del Litoral, Jorge Carlos Rodríguez, para el emprendimiento que tenían de «exportación de carbón».
Entre otras pruebas, Amad también habló de «las constancias de alojamiento en el Hotel Atrium Gualok», de Presidencia Roque Sáenz Peña, que «confirman la versión de que allí se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre los imputados», que además coinciden con las fechas de los tres envíos a Europa tratados en este juicio. Un informe del Hotel Presidente, de la Capital Federal, prueba otras reuniones entre los acusados, indicó Amad.
Otra prueba evaluada por el fiscal son los movimientos del teléfono celular de Roberto, captado a través de las antenas de la compañía prestadora, «coincidentes con el recorrido de los camiones que transportaban los contenedores con carbón y cocaína hasta el Puerto de Buenos Aires». El celular también lo ubicó a Roberto en el Aeropuerto de Ezeiza el mismo día y a la misma hora del arribo del hijo de Gorosito, de Pérez Parga y de Rodríguez procedentes de España.
Los voluminosos informes sobre el cruce de llamadas entre los acusados también fueron descriptos y ponderados por los fiscales entre la prueba de cargo. Entre otros elementos, expusieron con correspondencia de mayo de 2012 de Gorosito y Salvatore en la que el primero advierte al abogado que, una vez detenido, Roberto «puede hablar» y le pide «que no lo dejen sin abogado porque puede llegar a contar a quién le daba el dinero y quien se lo entrega».
El gerente
Amad también acusó a Pérez Parga, quien se desempeñó como «gerente de producción» de Carbón Vegetal del Litoral, la empresa que realizó las exportaciones.
En base a las pruebas que reseñó una a una, el fiscal concluyó que Pérez Parga «fue quien en todo momento acompañó a Rodríguez en el acopio y carga de los contenedores a través de los cuales se exportaba la cocaína».
«Su tarea consistió no sólo en lo concerniente al control de la planta de Quitilipi o al movimiento de dinero, sino también a las tratativas realizadas en el continente europeo con el objetivo de trasladar allí la mercadería», describió Amad.
El encargado
Finalmente, el fiscal describió la responsabilidad de Rubén Félix Esquivel, quien «se encontraba a cargo» de la planta que tenía la empresa en Quitilipi, Chaco.
«Su tarea era la de controlar el funcionamiento de la planta, contratar y dirigir al personal obrero y velar por la correcta carga del producto en los camiones de transporte», dijo Amad, quien señaló además que «su aporte es fundamental a nivel operativo, en el ocultamiento y envío del material estupefaciente y en el control de la planta».
En ese sentido, puso de relieve que Esquivel «era la persona visible de la empresa, y quien incluso celebró el primer contrato de locación del predio donde funcionaba, el 9 de febrero de 2011».
El fiscal además indicó que los videos de la consolidación de las tres cargas realizadas en la planta de Quitilipi, incorporados a la investigación, muestran que «era Esquivel junto a uno de los despachantes quien elegía las bolsas a controlar, lo que evidencia el conocimiento y la participación que le cupo en maniobras ilícitas cuyo objetivo no era otro que el contrabando de estupefacientes».