Detienen varios dueños de talleres clandestinos que confeccionaban uniformes para la Policía

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La historia de Ariel Quisbert García es como la de muchas otras personas de origen boliviano que, engañados, vienen a la Argentina y son confinados en talleres clandestinos donde llegan a trabajar días enteros.

Tal como lo demostró la Justicia, y lo denunció en innumerables ocasiones ONGs como La Alameda, esos talleres trabajan para grandes firmas de ropa pero nunca escuchamos, o leímos, que en esos talleres se confeccionaban uniformes a las fuerzas policiales y de seguridad privada.

La causa quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi quien junto a la Policía Metropolitana, desbarató una banda donde se detuvieron a cuatro personas y se logró liberar a 30 esclavizados luego de una larga investigación que comenzó con la fuga de un menor boliviano de uno de esos talleres clandestinos.

Se trata de la historia de Quisbert García quien logró escapar de sus captores, por lo techos del taller ubicado en la calle Daract 2124 del barrio de Pompeya. Los efectivos de la Metropolitana allanaron la dirección denunciada por  Quisbert García, además de Mont 2355, donde funcionaban los talleres ilegales.

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Ante el juez Quisbert García describió las condiciones en la que vivían: “la vivienda era inhumana y vivimos hacinados. Dormíamos en camas tipo cuchetas y en colchones en el suelo. “La comida que les daban no tenía la cocción suficiente para ser injerida”. Los horarios de trabajo eran también un calvario. “Comencé a trabajar al día siguiente de su arribo al país, que las jornadas comenzaban a las 7 horas y finalizaban a las 21 horas de lunes a viernes”.

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Quisbert García llegó a Liniers en diciembre del 2014 luego de ser engañado en una entrevista de trabajo en Bolivia. Ahí lo contactaron luego de una publicación en el diario Los Tiempos donde le prometían un sueldo mensual de 500 dólares.

Su contacto era, como le dijo al Juez, un tal “Gonzalo” quien era el encargado de su viaje y su recibimiento en Buenos Aires. Pero todo cambió en abril del 2015 cuando los controles a los talleres clandestinos aumentaron luego del incendio de un taller clandestino donde dos menores murieron.

Ahí Quisbert García paso de explotado a directamente un secuestrado. Sin poder salir de su cautiverio en la calle Daract 2124, hasta que un día aprovechando un descuido de su captor logró escapar por los techos del taller clandestino.

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Ahí comenzó la investigación. Primero fue relato ante los policías metropolitanos. Luego ante el juez que terminó deteniendo a Gonzalo Chuquimia Chipana; Omar Martín Chuquimia Pérez, María Eugenia Facio Vargas, a quienes los acusó de trata de personas.

La investigación llevó directamente hasta La Plata y Ramos Mejía donde los efectivos de la Policía Metropolitana lograron detectar las prendas que se confeccionaba ahí. Lo insólito, lo inaudito, era que parte de esas prendas eran uniformes de la Policía Bonaerense y de la empresa de seguridad Securitas.

“Señaló que cosían uniformes para la policía y que la persona que se encargaba  de traer los cortes para que los trabajadores realicen las costuras era un hombre que se llamaba “Roberto”, quien por su tono de voz creía que era de nacionalidad italiana, y se movilizaba en un utilitario Fiorino o Partner con patente GRI 841.”, dijo Quisbert García en el fallo al que accedió Online-911.

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Agrego: “que las prendas de vestir que confeccionaban eran para la firma Securitas y que la persona de esa firma que se contactaba para avisarle que había prendas para confeccionar se llama Roberto Senatore. De quien dijo tener un número telefónico pero no lo recordaba”.

De Giorgi en un primer momento clausuró ambos locales, medidas recientemente levantadas, donde en las tareas de inteligencia se pudo demostrar que la “Tienda Buzali”, ubicada en la calle 1 nro. 565, entre 43 y 44 de la localidad de La Plata era donde se comercialización los uniformes y ropa informal de trabajo.

También se pudo demostrar que el inmueble de la calle Colón 451 de Ramos Mejía efectivamente funciona en el lugar un taller textil donde se secuestraron grandes cantidades de uniformes policiales y de empresas de seguridad privada.

Las víctimas de trata quedaron a disposición de la Oficina de Rescate del Ministerio del Interior. Además se secuestraron todas las maquinarias y elementos probatorios para la causa.

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