El hallazgo del cuerpo se produjo anoche, alrededor de las 21.30, a la vera del arroyo Ludueña, ubicado en la zona noroeste de Rosario, consignaron a Télam los voceros.

Los médicos del Servicio Público de Emergencias (SIES) determinaron que el muchacho murió en el lugar como consecuencia de una herida de arma de fuego que presentaba en la sien izquierda, por lo que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional de Policía para la autopsia de rigor.

Las primeras averiguaciones realizadas en el lugar del hallazgo por afectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dan cuenta que el joven había sido amenazado vía WhatsApp por conocidos del barrio con quienes tenía problemas personales.

Según las primeras pericias, la víctima tenía sus pertenencias por lo que en principio se descarta un homicidio en ocasión de robo y se investiga en crimen en venganza o por un ajuste de cuentas, añadieron los informantes.

El caso es investigado por la fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Georgina Pairola, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la pesquisa, como la localización de cámaras de seguridad y eventualmente el secuestro filmaciones.

Se trata del octavo crimen que se registra en lo que va del año en Rosario.

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Se trata de Máximo Alejandro Delgao (32), quien fue acusado por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber mediado una relación de pareja con la víctima y haber sido cometido en contexto de violencia de género», en perjuicio de Viviana Barreto (34).

Fuentes judiciales informaron que el próximo viernes se realizará la denominada audiencia de cesura, donde se fijará la condena que deberá cumplir el imputado.

El debate comenzó el lunes último con la selección de los integrantes del jurado popular, 12 titulares y 4 suplentes en igualdad de género, durante la denominada audiencia de Voir Dire.

Las audiencias de debate fueron presididas por el juez Mariano Sebastián Martínez y se realizaron en el Centro de Convenciones de Villaguay.

En representación del Ministerio Público actuaron la fiscal Nadia Benedetti y el fiscal Leandro Dayub; por la querella los abogados Carlos Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y como defensores de Delgao la abogada María Laura Barbar y el abogado Roberto Van Opstal.

El hecho ocurrió entre las 20 y 20.30 del domingo 9 de febrero de 2020 en una vivienda ubicada sobre calle Udrizar, frente a la escuela «Provincia de Salta» y a metros de la reserva de animales «La Chinita», en la zona noreste de dicha ciudad de Entre Ríos.

En momentos en que Barreto estaba junto a cuatro de sus seis hijos menores de edad, la mujer fue atacada a puñaladas en el interior de su casa.

Cuando los efectivos de la comisaría 1ra. de Villaguay fueron alertados del ataque y se trasladaron hasta la vivienda hallaron a la mujer con heridas de arma blanca en la espalda y la cabeza, y junto a ella su expareja.

Según las fuentes, sin mediar palabra, el hombre se efectuó un corte en el cuello con un cuchillo, delante de los policías.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados al hospital «Santa Rosa» de Villaguay, donde Barreto murió en la madrugada siguiente a raíz de las heridas.

Por su parte, el hombre fue derivado al hospital Delicia Masvernat de Concordia, donde quedó internado con custodia policial.

El subjefe de la policía departamental, Walter Reisenauer, había dicho a la prensa que el detenido había sido denunciado por violencia familiar en agosto de 2019.

Además, en noviembre de ese mismo año la mujer lo volvió a denunciar por violencia y solicitó medidas de restricción de acercamiento, que vencían la próxima semana al crimen.

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Según un comunicado del SPF, se trata del mismo teléfono público que había sido hallado dentro de la celda de Cantero el 23 de agosto y que en la nueva requisa realizada este jueves volvió a encontrarse a disposición del jefe de la narcobanda.

Cantero permanece alojado en una celda del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde cumple condena por homicidios y venta de drogas, entre otros delitos.

El SPF señaló a través de un comunicado que «se encontró nuevamente el teléfono público del pabellón dentro de la celda de Ariel Máximo Cantero».

El jefe de «Los Monos» está siendo juzgado, justamente, por ordenar desde la cárcel al menos siete balaceras contra domicilios de jueces y edificio judiciales ocurridas en 2018.

Ante esta situación la interventora del SPV, María Laura Garrigós de Rébori, «decidió presentar una denuncia penal y proceder a la suspensión y apertura de un nuevo sumario de los agentes penitenciarios responsables de la custodia y seguridad del pabellón en el que se encuentra cumpliendo condena el señor Cantero», informó el organismo.

El 23 de agosto pasado, por orden del fiscal de la ciudad de Rosario, Franco Carbone, la policía de DDI de Luján allanó la celda de Cantero y encontró un teléfono fijo conectado a un largo cableado que provenía del pasillo, donde los reclusos hacen uso del teléfono público que garantiza su derecho a la comunicación con el exterior.

Carbone es el fiscal que investiga la última balacera al Centro de Justicia Penal de Rosario, ocurrida un día antes del inicio del juicio a Cantero y otras seis personas por 12 ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios del Poder Judicial.

El SPF explicó entonces que se trataba del teléfono público del pabellón, aunque el aparato fue encontrado en la celda del jefe de «Los Monos», en la que está solo.

Garrigós de Rébori inició un sumario interno por el hallazgo y «suspendió a los agentes penitenciarios responsables de la seguridad de ese pabellón y del área requisa de la unidad», informo el SPF.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dijeron a Télam que la requisa de ayer obedeció a un nuevo allanamiento solicitado por el fiscal Carbone.

«Se secuestraron algunos papeles con anotaciones que se analizarán, pero el tema es que volvieron a encontrar el teléfono», señaló la fuente consultada.

Desde el MPA indicaron que comprenden el derecho de comunicación que poseen los reclusos, pero cuestionaron que un preso con el perfil de Cantero disponga de un aparato fijo en su celda.

De las siete condenas que le dictaron al jefe de «Los Monos», que en total suman 62 años –sin unificar-, cinco fueron por delitos que cometió desde la cárcel a través de comunicaciones con el exterior, que fueron ejecutados por miembros de la organización criminal.

Cantero está detenido desde el 21 de junio de 2013 cuando se entregó a la Policía de Rosario, mientras tenía pedido de captura en una causa por homicidio y asociación ilícita por la que, finalmente, fue condenado a 22 años de prisión en abril de 2018.

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En ese marco, los gendarmes lograron descubrir y secuestrar más de 2.280 kilos de marihuana en la localidad misionera de Puerto Esperanza, como consecuencia de las diferentes tareas de patrullaje, control y rastrillajes georreferenciados que la Fuerza Federal realiza para enfrentar, entre otros delitos, el narcotráfico.

El personal del Escuadrón 10 “Eldorado”, tras realizar intensas tareas de investigación criminal, pudo determinar un posible traslado de estupefacientes. Por ese motivo, las y los gendarmes se trasladaron hasta el kilómetro 1.581 de la Ruta Nacional 12, donde se desplegaron para impedir la comisión del delito.

Allí,  los uniformados detectaron en las inmediaciones del lugar una serie de bultos ocultos entre la vegetación. Rápidamente, iniciaron un veloz y exhaustivo rastrillaje, lo que permitió descubrir otros dos lugares con bolsos agrupados. En comunicación con la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Eldorado, y bajo la mirada de testigos hábiles, se trasladó lo encontrado hasta el Polideportivo Municipal “Gustavo Hardmeier” de Puerto Esperanza.

Una vez en el lugar se contabilizó y se pesó lo incautado: poco más de 2.286 kilogramos de marihuana fraccionados en 150 bolsos. El Magistrado actuante ordenó el secuestro de la totalidad del estupefaciente y la profundización de las tareas de investigación para dar con los involucrados y avanzar hacia las instancias superiores de la organización criminal que se encuentra detrás de este intento delictivo.

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El hallazgo del cuerpo se produjo ayer, alrededor de las 17, por dos jóvenes que caminaban por los alrededores de un predio ubicado al norte del camino que une la vieja traza de la ruta 38, donde se encuentra el basural municipal de esa localidad.

Fuentes judiciales informaron a Télam que ambos muchachos vieron al cadáver entre los pastizales y dieron aviso a la policía.

El fiscal de la causa, Jorge Echayde, de la Unidad de Investigación de Graves Delitos contra las Personas, señaló “que se trata de una mujer de entre 40 y 50 años”, cuya identidad aún no trascendió.

“El cuerpo presentaba una herida en la cabeza por lo cual todas las hipótesis están abiertas. No se puede descartar que se trate de una muerte accidental, así como tampoco un homicidio”, informó el funcionario judicial.

Echayde explicó que “el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia y el sitio del hallazgo quedó bajo custodia policial debido a que hoy continúan las tareas investigativas”.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística y Medicina Legal y policías de la patrulla motorizada

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María Leticia Zapata (30) armó junto a su pareja Matías Leonardo Poberezny una campaña solidaria en redes sociales para estafar y lograron reunir unos 360 mil pesos, a través de donaciones de misioneros.

La estafa comenzó a descubrirse cuando la médica oncóloga Paola Flores, que se desempeña como doctora en el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) denunció penalmente a Zapata por falsificación de su firma, en una receta y otros documentos médicos que la mujer mostraba en la supuesta campaña solidaria.

La doctora aclaró también que la mujer nunca fue su paciente y mucho menos que fuera atendida en el hospital Ramón Madariaga, de Posadas.

Desde el Hospital Alemán, de la Ciudad de Buenos Aires, también denunciaron como falsa la cuenta en la que presuntamente se transferirían los fondos para el tratamiento.

Además de la denuncia de la doctora, otras tres demandas fueron recepcionadas por la Dirección Cibercrimen de la policía de Misiones por parte de personas que aportaron distintas cantidades de dinero a la presunta paciente.

Incluso, una de las denunciantes dijo haber pagado el pasaje para un supuesto turno al que Zapata debía acudir en el mencionado nosocomio bonaerense.

El juez de Instrucción N° 7, de Posadas Miguel Mattos intervino en el hecho y ordenó la detención de la mujer así como también medidas probatorias al banco Galicia y a Mercado Libre, canales financieros que los denunciados estafadores emplearon para recaudar el dinero.

María Zapata y su pareja son oriundos de la provincia de Buenos Aires y juntos alquilaban un departamento en forma temporaria en el barrio Villa Sarita, de Posadas, lugar del cual desaparecieron cuando empezó a descubrirse la maniobra y son buscados por la policía.

El delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal, contempla en principio penas de un mes a 6 años de prisión, aunque después pueden existir agravantes o no, señalaron los voceros.

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A su vez, uno de los arrestados, identificado Pablo «Chavo» G. (34), fue imputado también por tenencia de arma de fuego ya que al momento de la detención llevaba consigo un revólver calibre 32 y 150.000 pesos en efectivo.

Los fiscales Matías Edery y Franco Carbone lo investigan por su presunta participación junto a Walter Soraire en el apoyo externo a la fuga de 8 presos de la Unidad Penitenciaria 11 (UP11) de Piñero, ocurrida el 27 de junio pasado.

Según la investigación, por lo menos tres personas llegaron en un Peugeot hasta el límite del penal por un camino externo y, tras cortar con una amoladora el tejido perimetral, ingresaron a los tiros contra las casillas de guardia de la cárcel.

Soraire murió en el lugar como consecuencia del ataque, que fue repelido por personal del Servicio Penitenciario, aunque se investiga si fue alcanzado por «fuego amigo» atento al calibre de la bala que lo mató, indicaron los investigadores.

Si bien sólo lo imputaron por el arma secuestrada, los fiscales sospechan que «Chavo» podría haber integrado el grupo que atacó a los guardiacárceles de Piñero, y que posibilitó la evasión.

«No se descarta que haya podido tener alguna participación en el otro caso, está en curso la investigación», dijo auna fuente del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Paralelamente, también fue arrestado por personal de la Agencia de Investigaciones Criminales un joven de 21 años identificado como Franco G., alias «Wachín».

Fuentes policiales precisaron que el joven fue arrestado en una vivienda de Colombres al 2800, en la zona este de Rosario, en la que se identificó a siete personas que había en el lugar, entre ellas dos menores de edad, y se secuestraron varios teléfonos celulares enviados a peritar.

El joven sería imputado el próximo jueves, aunque no adelantaron por qué delitos, dijeron los informantes.

Voceros de la pesquisa indicaron que «Chavo» y «Wachín» habrían participado del grupo de Soraire, el hombre que murió en Piñero, que dio apoyo externo a la evasión de ocho reclusos.

La espectacular fuga se produjo la tarde del domingo 27 de junio cuando, tras el ataque armado externo con subfusiles automáticos FMK3, pistolas calibre 9 milímetros y 11.25 milímetros, un grupo de presos rompió un alambrado y, mientras otros apedreaban a los guardiacárceles, lograron dejar el predio del penal y huir en el Peugeot en el que habían llegado las personas que le dieron apoyo extramuros.

Los reclusos que continuaban prófugos son Claudio «Morocho» Mansilla –sindicado como cerebro de la fuga-, David Piscione y Martín Cartelli, sobre quienes la Justicia de Santa Fe ordenó la captura internacional.

Mansilla, señalado como capo narco de un barrio del oeste rosarino, fue condenado luego de la fuga -en ausencia- a 25 años de prisión por un doble homicidio, y está imputado por instigar desde la cárcel otro asesinato, por el que habría pagado 100.000 pesos al ejecutor.

La Noticia Detuvieron a dos sospechosos de participar del apoyo externo a la fuga de 8 reclusos en Santa Fe Apareció Primero en Online 911.

El ministro de Seguridad de Catamarca Gustavo Aguirre ofreció a su par de San Luis adiestradores, canes y drones dependientes de la Dirección de Unidades Especiales de Catamarca.

El ministro puntano aceptó la incorporación de los canes de la Policía de Catamarca a las tareas de rastrillaje, «ya que se encuentran adiestrados para distintos tipos de búsquedas de personas», destacó.

Aguirre aseguró que cuando fue el alud que azotó a la localidad de El Rodeo, en 2013, «personal y animales se trasladaron desde San Luis hasta nuestra provincia para colaborar en las tareas de búsqueda de las víctimas».

Finalmente, desde la cartera de seguridad catamarqueña adelantaron que «en total son cuatro binomios de canes con sus adiestradores, dos especializados en búsqueda de personas vivas y dos en restos humanos».

Se trata de un pastor belga malinois, Ambar; un pastor alemán, Athos; Labrador, Polaco y Golden retrieve, Rocose, que se encuentran equipados con tecnología GPS para seguir su geolocalización de manera instantánea.

La Noticia Un mes sin Guadalupe: canes adiestrados de la policía catamarqueña se suman a la búsqueda Apareció Primero en Online 911.

Alvarado, un hombre que cumplió condena por el robo de automóviles en el conurbano bonaerense que se desarmaban en Santa Fe –grupo conocido como “la banda de los rosarinos”-, está detenido desde febrero de 2019 como presunto instigador del asesinato de Lucio Maldonado.

La víctima, un opaco prestamista con antecedentes penales, fue encontrada muerta a balazos y con las manos maniatadas el 11 de noviembre de 2018 en el inicio de la autopista Rosario-Buenos, con un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”.

Dos meses y medios después Alvarado fue arrestado por la Policía santafesina, mientras estaba prófugo, en un camping de la localidad cordobesa de Embalse Río Tercero, al cual arrojó su teléfono IPhone.

Según la investigación, uno de los policías logró rescatarlo del agua y una vez abierto en Estados Unidos por la compañía que lo fabrica, los datos allí guardados se convirtieron en material probatorio de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Ambos fiscales adelantaron, durante una audiencia preliminar al juicio oral que aún no tiene fecha, que pedirán prisión perpetua para Alvarado como presunto instigador del asesinato de Maldonado.

La misma pena solicitarán para los otros cuatro miembros de la banda involucrados en el asesinato, Mauricio Jesús Laferrara; Facundo Almada; Matías Jesús Ávila y Germán Facundo Fernández, aunque en esos casos como partícipes primarios del crimen y por encubrimiento, precisaron las fuentes.

En la causa que irá a juicio hay 29 personas imputadas, entre ellos siete policías y el abogado de Alvarado, Claudio Tavella, quien a fines del año pasado fue condenado en un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión y quedó en libertad.

También algunos de los policías que fueron miembros de la organización criminal acordaron penas menores con la Fiscalía a través de procedimientos abreviados en los que aceptaron los delitos de los que se los acusaba.

Alvarado, sindicado también como narco y enfrentado a la violenta banda rosarina “Los Monos”, enfrentará este año un juicio oral en la Justicia Federal por el transporte de 500 kilos de marihuana al sur del país.

Según los fiscales, “El Esteban”, como lo conocen en el universo delictivo, lideró desde la cárcel mientras cumplía una condena de 6 años por robo de autos, una organización criminal con múltiples fines delictivos.

Además, los fiscales reconstruyeron la trama de una serie de sociedades legales constituidas por Alvarado, familiares y presuntos testaferros, a través de la cual habría hecho circular dinero obtenido en forma ilícita.

La audiencia preliminar, que pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana próxima, sólo avanzó en la acusación contra Alvarado y los otros cuatro miembros de la banda involucrados en el crimen de prestamista, indicaron fuentes judiciales.

La Noticia Pedirán perpetua para el jefe de una banda criminal de Rosario enfrentado a «Los Monos» Apareció Primero en Online 911.

Un tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Florentino Malaponte y Valeria Pedrana resolvió absolver al comisario retirado Hugo Giuliano (66) “por el estricto beneficio de la duda por el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor”, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El abogado defensor del acusado, Carlos Edwards, explicó a Télam que durante el juicio oral su cliente justificó su patrimonio no por su ingreso familiar sino porque “tenía otras actividades comerciales”.

El fiscal del caso, Sebastián Narvaja, había acusado a Giuliano, un exjefe de la Agrupación Unidades Especiales de la Policía de Rosario, de incrementar su patrimonio sin justificación en sus ingresos como miembros de la fuerza de seguridad, en la que prestó servicios desde 1973 hasta 2006.

Puntualmente, el fiscal encontró incompatible con sus ingresos la adquisición de seis inmuebles -entre viviendas y locales comerciales-, dos automóviles y hasta una lancha.

La defensa del policía expuso en el juicio que paralelamente con su empleo policial, Giuliano fue contratista del municipio de Rosario (desde 1976 a 1978), explotó una agencia de Prode y una licencia de taxi, lo cual incrementó su capacidad patrimonial en forma lícita.

El abogado Edwards dijo que “se planteó la dificultad probatoria” porque “la documentación fue destruida” en el caso de los contratos con el municipio y la agencia de Prode, por el tiempo transcurrido.

“La documentación de la licencia de taxi fue lo único que pudimos rescatar, desde el año 1973 a 1991, porque después la transfiere”, dijo el defensor.

Para Edwards, “solo con eso (la rentabilidad del taxi, que estimó en U$S 270.000 en 18 años) más los ingreso de la mujer de una jubilación por discapacidad, le sobraba para justificar la compra de los inmuebles”, que luego alquilaba y le generaban nuevos ingresos.

El abogado recordó que la Fiscalía acusó a Giuliano de haber enriquecido su patrimonio sin correspondencia con sus ingresos policiales, pero no tuvo en cuenta “las actividades comerciales”.

En la sentencia, el tribunal cuestionó que algunas de esas actividades se realizaran sin el cumplimiento estricto de las normas que las rigen, pero recordó que ese no era el objeto del juicio, sino el presunto enriquecimiento ilícito.

“La Fiscalía olvida que lo que debe probarse es que Giuliano incrementó su patrimonio a partir de su condición de policía, y no haber realizado trabajos informales, no registrados, sin estar inscripto y por ende sin tributar impuestos”, dice la sentencia.

“No porque ello no sea una conducta contraria a derecho –agrega-, sino porque ello no es parte de esta investigación. Lo que debía probarse es que el acusado se enriqueció a partir de su condición de policía, punto sobre el cual existe duda razonable”.

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