Las familias de las dos turistas mendocinas asesinadas en el balneario de Montañita, Ecuador, fueron excluidas de la investigación. La justicia de ese país dejó sin representación en el proceso a los familiares de María José Coni, de 21 años, y Marina Menegazzo, de 22, asesinadas en febrero de 2016.
El tribunal que sigue el caso decidió excluir a la parte acusatoria particular por fallas de formalidad en la presentación en las calificaciones así como por las declaraciones en contra de la investigación que efectuó la mamá de María José, Gladys Steffani.
En tanto, tras el dictamen de la fiscalía, envió a juicio al tercer procesado, Juan Carlos Pérez Castro, por lo que se espera que en los próximos días se conozca la fecha de realización del segundo debate por el asesinato de las jóvenes.
Durante la audiencia preparatoria del juicio el Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena sorprendió al decidir negar la acusación particular y dejar de lado el derecho de los familiares de las víctimas a participar en el proceso.
Los jueces calificaron en un primer momento la presentación de la querella, pero en la audiencia decidieron manifestar la negativa a que siga participando de la causa, debido supuestos errores de formalidad en la exposición sobre las calificaciones que solicitaban los abogados Osiris Sánchez y Hernán Ulloa.
Los magistrados tuvieron en cuenta las declaraciones y cuestionamientos de Steffani, quien aseguró que la investigación era “mala”, debido a que se consideraba que personas de “más arriba” participaron del hecho, entre ellos, policías de la reconocida localidad balnearia.
La fiscal María Dolores Coloma Pazmiño, quien tuvo a su cargo el proceso, estaba de licencia en el momento de la audiencia. Su colega, John Camposano, tomó su lugar en la mencionada instancia.
“Han sido injustamente apartados de reclamar los derechos de las víctimas. Es injusto con las familias y con la sociedad, víctima de este tipo atroz de delitos. La misión de la fiscalía es defender a la sociedad víctima y perseguir a los agresores o victimarios”, expresó Coloma.
La fiscal Coloma encontró manchas hemáticas en la escena del crimen que fueron cotejadas con el ADN del acusado, las cuales resultaron positivas. El procesado aseguró que se había sacado una muela, de ahí las gotas de sangre que pudieran estar en la casa del hombre que fue condenado en el primer juicio. Sin embargo, se comprobó que el material genético de Pérez Castro está mezclado con restos de ADN de las dos chicas.
El escándalo y el malestar puertas adentro de los tribunales ecuatorianos y que impactará en los familiares, tiene una explicación. El Código Integral Penal dejó en claro el derecho de los familiares de las víctimas: “Así no presenten acusación particular se considerará a las víctimas como parte del proceso”. En definitiva, los padres y hermanos de María José y Marina, quienes tuvieron parte activa en el proceso, no podrían estar presentes en el debate ni interrogar dentro de la causa.
La madre de María José, en medio de la confusión de la novedad judicial, volvió a dejar en claro que está de acuerdo con el arresto de Pérez Castro, pero mantuvo sus críticas a la investigación ya que considera que hay puntos oscuros entre el 22 de febrero, el día en que desaparecieron las chicas, y el 29 de ese mes, cuando las familias llegaron a Montañita en busca de pruebas.
Para Steffani, no se aceleraron los plazos como al comienzo de la causa, cuando se detuvo inmediatamente a dos personas, que luego fueron condenadas a la pena máxima de establecida por la ley ecuatoriana: 40 años.
Así, en el primer juicio, en agosto pasado, fueron sentenciados Segundo Mina Ponce, de 34 años, como autor material, y a Aurelio Eduardo Rodríguez, de 39, como coautor. “La investigación ha sido mala y no me cierra que se hayan dado tantas vueltas y se demoran. Se necesita que los presionen a todos los detenidos y que digan la verdad. Eso sí, las leyes allá son tan distintas que pueden sorprendernos”, recalcó la mujer, ansiosa por viajar nuevamente a Ecuador.
Las jóvenes estudiantes universitarias fueron asesinadas el 22 de febrero en el conocido balneario ecuatoriano. Sus familiares afirmaron que hubo más gente involucrada en ese crimen y no solamente los tres detenidos.
