La decisión fue adoptada por autoridades de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y alcanzó a un sargento del Comando de Patrullas de esa ciudad, tras la denuncia que efectuó el propio jefe de la dependencia policial, Cristian Bernhard.
En paralelo al sumario interno, el policía está acusado de “apremios ilegales” en el marco de una causa que está a cargo del fiscal platense Marcelo Martini, quien durante esta jornada tiene previsto escuchar al joven que fue víctima del hecho y que permanece alojado en el Instituto Almafuerte, de La Plata.
El adolescente denunció que fue golpeado e interrogado por policías de esa comisaría tras ser detenido por robo.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de julio, alrededor de la 5, cuando policías bonaerenses patrullaban la zona de Tolosa y persiguieron durante algunas cuadras al adolescente ante la sospecha de que había cometido un robo.
Tras su aprehensión, el adolescente fue trasladado a la comisaría 6ta. de Tolosa, donde “lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de nueve horas. Al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información”, expresó ayer en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El secretario de la CMP, Roberto Cipriano García, dijo hoy a Radio Provincia que si bien “no sorprende la tortura policial” en este caso “la particularidad es que usaron picana eléctrica manual”.
“El pibe estuvo nueve horas parado mientras lo torturaban para que confiese el hecho que le imputaban, para que diga dónde estaba el botín que habían robado y quiénes eran sus cómplices”, manifestó y destacó que “encima, lo filmaron: se ve la picana y se escucha su sonido”.
Cipriano García expuso que se trata de un hecho “muy grave” que preocupa a la CPM debido a que “se va incrementando la violencia” y pidió revertir la idea de que “vale todo, de que se puede torturar y matar”.
Luego recordó que el Código Penal “establece de 8 a 25 años para el delito de tortura”, analizó que “hay cierta idea de impunidad en mostrar la tortura por video” y consideró que eso tiene que ver con “lo que reciben como señal de algunas autoridades y de determinados canales que avalan estas prácticas”.
“Ayer nos informaron de Asuntos Internos que separaron a uno de los agentes, pero nosotros planteamos que no es uno solo. Nos dijeron que están investigando y suponen que son más los responsables, pero quieren tener los elementos necesarios para determinar quiénes fueron”, contó luego.
Por último, el secretario de la CPM dijo que ayer se entrevistaron con el joven en el Instituto Almafuerte y lo vieron “devastado”: “Se quiebra y llora, tiene marcas y lesiones por todo el cuerpo”, aseguró.
