Tres policías fueron detenidos y otros dos eran intensamente buscados anoche, acusados de haber cometido graves delitos en operativos que se hicieron mientras trabajaban en la comisaría Duodécima de Villa Elisa, confirmaron fuentes oficiales y de la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense.
Los que ya fueron capturados son Fernando Pardo, que hasta hace pocas horas prestaba servicios en la Segunda de Ensenada (Punta Lara); Facundo Rodríguez, asignado a la subcomisaría de Hernández; y José Sosa, quien aún trabajaba en Villa Elisa.
Los que tienen pedido de detención pendiente son Rolando Morales -de la comisaría Séptima de Lanús- y Jorge Porsella, quien había sido desafectado en febrero pasado, junto con el entonces titular de la Duodécima, Cristian Andrés Demarco; y con Osvaldo Gabriel “Chucky” Gómez, un subteniente que fue jefe de calle de la comisaría Décima de City Bell pero se hizo conocido como actor por su papel del “melli Ricardo” en la serie “Un gallo para Esculapio”.
Hay que aclarar que la medida de ayer no abarca a Demarco ni a Gómez, aunque todos aparecen mencionados en la misma causa.
En cuanto a Porsella, lo buscaban en la zona de Puerto Madero, ya que allí figura el domicilio que aportó a la Justicia y por donde testigos aseguran haberlo visto manejar un Volkswagen Scirocco.
Todos fueron desafectados de la fuerza, confirmaron desde Asuntos Internos, sospechados de cometer “varias y graves irregularidades durante años”.
Los delitos que les imputan a los que tienen orden de detención son “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad agravada, incumplimiento del deber de promover la persecución penal y falsedad ideológica”, además de allanamiento ilegal, hurto agravado por ser cometido por miembros de la fuerza policial, tentativa de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público. Por estos cargos los indagarán en las próximas horas en la UFI 7.
Los casos bajo sospecha sucedieron entre el 21 y el 23 de octubre de 2017, aunque la investigación de Asuntos Internos ya había comenzado “por un cúmulo de denuncias” que se venían recepcionando en contra de los acusados, explicó el titular de ese organismo, Guillermo Berra.
Los efectivos aparecen involucrados “en muchos sumarios por situaciones irregulares graves, pseudo delictivas, no sólo sospechados de proteger a bandas de ladrones o narcotraficantes de la zona, sino de mantener una connivencia con ellas”.
Entre los delitos que se investigan se destaca la posible comisión de allanamientos “truchos”, en el marco de los cuales “se habrían cometido barbaridades, como extorsiones, hurtos y robos”, refirió Berra meses atrás, después de las primeras desafectaciones.
Los auditores analizaron los libros de guardia y cotejaron las actas judiciales con las que hacía la policía después de cada procedimiento.
“Tenemos esas sospechas por los libros que encontramos y también por los que no encontramos y por las evidencias que no se llevaban a la comisaría, o directamente no se anotaban”, ya que “no había coincidencia entre los libros judiciales con las órdenes de servicio”, apuntó el titular de Asuntos Internos.
Según lo que figura en la causa por la que ahora hay tres efectivos presos, los acusados habrían allanado ilegalmente domicilios particulares argumentando que iban a realizar procedimientos por droga, pero se presume que plantaron pruebas, amenazaron y extorsionaron a los involucrados pidiéndoles dinero a cambio de favores, además de robar dinero, distintos elementos y armar causas en contra de personas.