Combatir el narcotráfico: una política de Estado consistente o la nada misma

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Por Martín Casares (*)

¿Podemos imaginar una Argentina sin narcos? En lo personal creo y espero que sí. El actual gobierno nacional fue el primero, desde la vuelta de la democracia, en establecer la lucha contra el narcotráfico como objetivo central de su gestión, por eso hoy se puede afirmar que estamos frente a una política de Estado y que en el futuro, gobierne quien gobierne, se mantendrá en pie.

Los gobiernos anteriores hicieron poco por solucionar esta problemática. Había iniciativas aisladas de personas y organismos valientes pero no existía un plan sistemático, coordinado ni recursos suficientes.

El presidente Mauricio Macri y su vice, Gabriela Michetti; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura de la jornada “Argentina sin narcotráfico”, en el CCK, el 11 de junio pasado (Andrés D’Elía).
El presidente Mauricio Macri y su vice, Gabriela Michetti; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura de la jornada “Argentina sin narcotráfico”, en el CCK, el 11 de junio pasado (Andrés DElía).

Ante el desafío de enfrentar a bandas criminales que cuentan con dinero, inteligencia, armamento y logística, hubo que hacer un enorme esfuerzo para promover y financiar políticas de prevención, persecución y sanción.

Como primer paso, el gobierno dispuso que las fuerzas federales, antes concentradas en la Ciudad de Buenos Aires, ocuparan espacios en las fronteras del país. También implementó el programa Barrios Seguros, en áreas vulnerables, y creó una dirección de Seguridad, externa a las fuerzas, para controlar que los agentes no sean cooptados por los narcos.

Para mejorar la persecución, se implementó la posibilidad de contar con informantes y agentes encubiertos para conocer desde adentro a las bandas criminales y su funcionamiento.

Se fortaleció el Programa de Protección de Testigos, que brinda seguridad a quienes presenciaron delitos y tienen miedo de denunciarlos.

Además, se aprobó la Ley del Arrepentido que genera incentivos para que, quienes participaron en el crimen organizado, denuncien y aporten información.

Estas herramientas facilitan que las investigaciones no se detengan en los narcotraficantes de menor jerarquía, sino que lleguen hasta sus principales líderes.

Ya contamos con resultados concretos de estas políticas, impulsadas por los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, que contaron para su creación con la colaboración del Congreso.

En relación al 2015, hay un 43,7% más de detenidos y un crecimiento exponencial de las drogas incautadas: 182% de cocaína y 900% de drogas sintéticas.

Elias Exeni (56, alias “El Turco), uno de los tres argentinos detenidos en el Golf Club. El hombre, nacido en Salvador Mazza, Salta, tenía varios antecedentes por tráfico de cocaína en Argentina y Chile.

En cuanto a la sanción, se impulsa la incautación de los bienes del narcotráfico. Antes, aunque parezca increíble, el Estado no ponía empeño en recuperarlos. Muchas veces cuando se descubría a los delincuentes, las bandas mantenían en su poder los recursos y los utilizaban para seguir financiándose. El narco que iba preso sabía que después de un tiempo recuperaría sus posesiones. Ahora, los bienes del narcotráfico quedan en poder del Estado y son utilizados para el bien común.

Pero las políticas más importantes para mejorar la capacidad en sanción se verán en el futuro inmediato gracias al plan de Fortalecimiento de la Justicia Federal que prevé la creación de 202 nuevos cargos de magistrados en todo el país. Son 94 jueces, 85 fiscales y 23 defensores que combatirán el narcotráfico en las zonas más calientes como Rosario, la Provincia de Buenos Aires y el noroeste y noreste del país.

Se espera que este fortalecimiento del Poder Judicial sea el principio de un camino de colaboración para combatir el narcotráfico. Es fundamental sumar a jueces y fiscales a la coordinación que ya se viene logrando entre el gobierno nacional, los gobernadores y el Congreso.

Juntos podremos luchar con mayor eficacia contra un mal que no podemos ni debemos tolerar. Juntos, una Argentina sin narcotráfico es posible.

* Martín Casares es jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos