El proyecto de ley que restringe el acceso a las salidas anticipadas a los condenados por delitos graves y contra la integridad sexual recibió ayer una catarata de críticas durante el inicio de su debate en la Comisión de Justicia del Senado. La única voz a favor fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No obstante, afirmó que “la política contra el crimen va a ser siempre mejor en la medida en que haya menos pobreza”, y admitió que el Estado debe mejorar el sistema carcelario.
Más allá de la abrumadora cantidad de voces en contrario, la mayoría de ellas de ONG, todo indica que el proyecto podría ser aprobado la semana próxima por el Senado. Sin embargo, tras el debate de ayer comenzó a tomar forma la posibilidad de que el texto original, del diputado radical Luis Petri, sufra modificaciones, lo que obligará a su debate en segunda revisión en la Cámara baja.
Incluso desde el oficialismo de Cambiemos se alertó a Bullrich sobre algunas incongruencias del proyecto aprobado por Diputados en noviembre pasado. La principal duda que podría obligar a introducir cambios en el texto fue detectada en la trascendental lista de delitos que no gozarán del beneficio de las salidas anticipadas.
Así, por ejemplo, el peronista Mario Pais (FPV-Chubut) alertó que, de sancionarse la ley tal cual llegó a la Cámara alta, perderían el beneficio de las salidas anticipadas los condenados por contrabando simple.
Sobre el mismo punto expuso sus dudas Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien sumó sus quejas por la inclusión del homicidio simple entre las figuras penales que perderían el beneficio. Citó, como ejemplo de la extrema dureza de la medida, que puede ser condenado por ese delito -y tener vedado el beneficio excarcelatorio- el dueño de un perro que mate a una persona.
En su paso por la comisión, Bullrich se mostró pragmática, como cuando admitió que hay deficiencias en las cárceles del país.
“Sin dudas que hay que mejorar el servicio penitenciario, pero peor es que un delincuente esté en la calle porque la cárcel no está en condiciones”, sentenció, en respuesta a una intervención de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien le había hecho notar que su provincia recibió advertencias de organismos internacionales por la superpoblación en sus penales.
Tras la visita de la ministra desfilaron por la Comisión de Justicia más de 30 expositores. Dejaron desde solventes opiniones técnicas sobre los claroscuros del proyecto hasta discursos reivindicatorios de la revolución cubana y su supuesto “éxito” en la lucha contra el delito.
Una de las exposiciones más claras en rechazo al endurecimiento de las salidas anticipadas fue la del procurador penitenciario, Francisco Mugnolo. Opinó que con este proyecto se le está dando “poder absoluto” al servicio penitenciario en detrimento de los magistrados.
“Los problemas de la Justicia se arreglan con más justicia, no quitándoles poder a los jueces”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que la sanción de esta iniciativa “va a terminar con la justicia de ejecución”.
También se opuso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Su representante, Eva Asprella, cuestionó el proyecto porque “no tiene una línea de política criminal” determinada, sino que “sólo plantea una receta que ya ha demostrado no ser eficaz”.
El proyecto también dividió opiniones entre los magistrados. La jueza de ejecución penal de Quilmes Julia Márquez apoyó la iniciativa, al afirmar que alentará “a los jueces a usar el sentido común y dejar de lado el criterio de ver «cómo hacen zafar a este tipo»”, en un claro tiro por elevación al ala garantista identificada con Raúl Zaffaroni. En cambio, Sergio Delgado, juez de la Cámara en lo Penal Contravencional de la Capital, comparó el impacto del proyecto con un “golpe de Estado”.
“Esta ley miente cuando habla de equipo interdisciplinario [para definir las salidas anticipadas de los presos]; todo el poder va a recaer en el director del penal”, concluyó.
