Una camioneta, otro enigma en el caso del policía asesinado en Bariloche

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Una camioneta blanca y un auto gris podrían ser claves en el marco de la investigación que sigue la Justicia por el homicidio del agente Lucas Muñoz (29) en Bariloche. Ayer personal de Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó una casa y secuestró una Fiat Qubo. Ocurrió en el Frutillar, otro barrio del Alto como el 2 de Abril, donde se encuentra la comisaría 42° en la que trabajaba el oficial.

El fiscal Martín Govetto ordenó el procedimiento tras recibir un dato, a través de los abogados de la familia de la víctima, Jorge Pschunder y Karina Schueri, acerca de un vehículo de estas características que había estado sospechosamente ubicado en cada una de las acciones judiciales de los últimos días.

La teoría de los defensores es que el conductor se encontraba vigilando los movimientos de los investigadores. “Una persona nos dijo del vehículo, lo vieron en todos los lugares donde se realizaron allanamientos o pericias, teníamos las placas y sus características”, le confirmó Schueri al diario Clarín.

La Qubo estaba estacionada en la casa de una familia de origen gitano dedicada al comercio automotriz. El vehículo había sido adquirido hacía pocos días y no se encontraban al tanto de que estaba involucrado en un caso de homicidio. Una persona joven, de quien no trascendieron los datos, les propuso un intercambio de coches que resolvieron en cuestión de horas.

El otro auto que la Justicia busca es un Chevrolet Corsa gris de vidrios polarizados. Son las señales del auto al que se habría subido por última vez Muñoz. Según fuentes provinciales, el oficial partió en este coche al parecer de modo voluntario porque la persona que lo conducía “era un superior o un conocido de la Fuerza”.

Por otra parte, ayer trascendió –aunque no fue confirmado oficialmente– que Muñoz recibió tres disparos –pierna, mano y cabeza (nuca)– y que los tiros fueron de armas distintas. El hecho ratificaría el grado de ensañamiento y la participación de más personas en su muerte. Los defensores y el fiscal acuerdan en que, tras ser secuestrado, el agente permaneció con vida hasta una fecha muy cercana a la que fue hallado por un grupo especial de la Policía.

Desde el Gobierno provincial y la propia Jefatura de Policía apuntan cada vez con más fuerza la teoría de las dos bandas. La forma en que murió Muñoz podría constituir en sí mismo un mensaje mafioso de una organización. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, espera que a lo largo de los próximos días se rompa el “pacto de silencio” que abarca a los agentes implicados. Al menos uno de los imputados estaría dispuesto a hablar si se cumple el protocolo del Sistema de Protección de Testigos. “Uno quiere hablar, pero busca seguridad”, subrayaron.

También circuló ayer que la Jefatura Policial de la provincia todavía no ha podido convencer a ningún comisario a ser trasladado hacia Bariloche para ocupar los cargos que quedaron disponibles después del desplazamiento de varios jefes debido a esta causa. “Hay temor en la Fuerza, se sabe que hay una mafia acá”, dice una fuente judicial.

En las últimas horas también comenzó a entenderse el motivo por el cual fue modificado el libro de ingresos de la comisaría 42°. El día de su desaparición, Muñoz habría ingresado al edificio para salir minutos después. Una fuente reveló que “alguien” –presumiblemente agentes de servicio– arrancó siete folios con el propósito de implicar a todos sus compañeros por igual incluyendo a agentes y jefes. “Fue una medida preventiva, con esto todos quedan sospechados, nadie se salva y generan implícitamente un pacto de silencio obligado entre ellos”, explicaron.

“No nos cabe duda de que Muñoz ingresó a la comisaría, los folios que sacaron corresponden a todo un turno”, detalló Pschunder.

El 14 de julio, el oficial llegó a la seccional aproximadamente a las 13.30. De inmediato habría salido para subirse a un vehículo. Su cuerpo apareció 27 días más tarde en las afueras de Bariloche, pero a no más de un kilómetro de su lugar habitual de trabajo. En el curso de la investigación fueron desplazados cuatro jefes policiales, tres agentes están detenidos y hay otro sospechado por obstrucción a la Justicia y abuso de autoridad.