El fiscal federal Federico Delgado presentó un informe a la procuradora Alejandra Gils Carbó en el que reportó que casi un cuarto de las causas iniciadas durante 15 días en los que estuvo de turno fueron por amenazas de bomba a escuelas y advirtió que “quedan impunes” por falta de control de las líneas telefónicas y la facilidad de acceso a los chips pre-pagos.

Delgado sostuvo que se trata de 130 causas por amenazas de bomba registradas en noviembre y manifestó que “casi un cuarto del total de causas iniciadas durante el transcurso del turno policial se vincularon con amenazas de bombas fundamentalmente en escuelas”.

“Esto implica una cantidad promedio de 8,66 llamadas diarias efectuadas en el transcurso de 15 días pero, en rigor de verdad y computados únicamente en días hábiles, alcanzan los 13 llamados diarios que debieron ser atendidos por las fuerzas policiales”, expresó.

La mayoría fueron en “establecimientos educativos” con “llamados anónimos al abonado 911 de la Policía Federal Argentina, denunciando la existencia de bombas en las escuelas, o llamados anónimos efectuados directamente a las escuelas dando aviso de la presunta existencia de un artefacto explosivo en el interior de la institución”.

“A partir de lo cual, las autoridades escolares se comunican con la PFA –ya sea a las Comisarías o al 911”, señaló el informe al que accedió DyN.

Todas las llamadas se realizaron en horarios de clase, “generalmente desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear, ya sea por ausentes, falsas o mal informadas titularidades; porque se hicieron a través de teléfonos públicos o desde los números pertenecientes a las compañías telefónicas para cursar llamadas de emergencia”.

“De más está aclarar que, a pesar de que en última instancia se determinó que todas las denuncias fueron falsas, cada uno de los llamados motivó la activación de todos los mecanismos de prevención del Estado”, expresó el informe.

Delgado destacó el “despliegue de recursos de personal policial (mayormente de la División Brigada de Explosivos y de la División Detección y Adiestramiento, ambos de la Policía Federal Argentina) y asimismo a la realización de los procedimientos de Defensa Civil”.

El fiscal aseguró que “quienes llaman y denuncian falsamente saben que no van a ser descubiertos, fundamentalmente por la falta de control sobre las líneas telefónicas” y por la facilidad de acceder “a los chips pre-pagos” que se venden en comercios “sin cotejarse la verdadera identidad del usuario”.

“Entonces, la falta de control de las empresas y, principalmente del Estado, en este tipo de operaciones comerciales (la venta masiva de chips de telefonía celular, pre-activos), permite que los delitos como el aquí analizado y tantos otros vinculados al uso de telefonía celular -como los secuestros extorsivos-, queden impunes”, advirtió.