“Un avance de las fuerzas policiales en los barrios no es suficiente para que esto constituya una herramienta de protección frente al flagelo de venta y tráfico de drogas que opera en los espacios urbanos.” Así lo definió Agustín Salvia, jefe de investigaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), al presentar el Informe del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina 2010-2015.
El estudio fue realizado en el último trimestre del año pasado en 5683 encuestas domiciliarias realizadas en la Capital, el Gran Buenos Aires y otros 16 centros urbanos del país. De él surge que, a pesar de que se detecta una incidencia menor del narcomenudeo cuando hay mayor presencia policial en los barrios, la baja no es lo suficientemente relevante como para considerar que produce un detrimento marcado del comercio ilegal de drogas. En barrios con despliegue uniformado, los habitantes de 4 de cada 10 hogares advierten la venta de estupefacientes en su cercanía, mientras que si hay baja o nula presencia de seguridad, 5,5 de cada 10 hogares la detectan.
El rector de la UCA, monseñor Víctor Fernández, destacó la preocupación del papa Francisco por el avance del narcotráfico. Señaló: “Es clave posicionar el tema de la venta y el tráfico de drogas en la sociedad y en el debate público”. Remarcó que desde el Gobierno se considera el consumo de estupefacientes como uno de los tres principales ejes de su gestión, por lo que “es importante que el tema no pierda interés”.
El narcotráfico es un problema de alcance nacional y una problemática que los investigadores de la UCA han detectado en espacios tanto urbanos como rurales. Por esa razón, insisten en que la cuestión debe resolverse a través de políticas públicas. “Tenemos un Estado ausente y queda mucho por hacer: el avance del narcotráfico destruye las capacidades de convivencia social e interviene excluyendo y debilitando las capacidades del Estado de intervenir sobre el tema”, dijo Salvia. También pidió que la sociedad tenga conocimiento de todas las problemáticas vinculadas con las drogas para poder avanzar.
El problema afecta a toda la sociedad, pero sus principales víctimas son los jóvenes. El informe de la UCA destaca que, en 2015, varones de entre 17 y 20 años que viven en asentamientos informales del conurbano tuvieron un uso intensivo de sustancias ilegales: 46,7% consume al menos una vez por semana; un 37,4% de esa muestra consume ocasionalmente, algunas veces al año.
En tanto, entre las mujeres de 17 a 20 años, un 77,6% afirmó que consume sustancias de manera ocasional y el 13,7% consume semanalmente. Salvia sostuvo que no hay segmento social que se pueda sustraer del avance de las adicciones y que, en general, quienes consumen encuentran en las sustancias psicoactivas “un modo recreativo de participar de su cultura”.
Tanto monseñor Fernández como Salvia indicaron que la reciente tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, de Costa Salguero, es una prueba de la importancia que empieza a ocupar el narcomenudeo en los espacios recreativos. Resaltaron el aumento del consumo de drogas en la Capital, particularmente en los sectores más acomodados.
“Las fiestas a las que concurren los adolescentes tienen un permanente consumo de alcohol y drogas sin ningún tipo de protección. Incluso en locales donde está prohibida la venta de sustancias ilegales a jóvenes hemos detectado una presencia sistemática de estas actividades”, explicó Salvia. “La ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte responsabilidad para entender qué está pasando en estas noches juveniles, en donde sabemos que la droga fluye muy libremente”, concluyó.
El informe del Barómetro del Narcotráfico y de las Adicciones muestra un crecimiento exponencial en el registro de venta de drogas en el área metropolitana. En 2010, el 28,6% de los encuestados lograba identificar lugares puntuales cerca de sus hogares en los que se traficaba droga. El año pasado, en tanto, registró lo mismo el 44,9%. No obstante, en el período 2014/2015 se detectó una merma en el nivel de crecimiento, ya que hubo una fuerte presencia de vigilancia policial que los investigadores de la UCA asociaron a la movilización de fuerzas de seguridad relacionada con las necesidades del año electoral.
