Ex ESMA: piden el procesamiento de los detenidos por las amenazas de bomba

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El fiscal federal Franco Picardi pidió hoy el procesamiento de los dos acusados de realizar reiteradas amenazas de bomba al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).

El fiscal lo solicitó a través de un presentado ante el juez Luis Rodríguez luego de que el lunes los dos sospechosos fueran detenidos y el lunes se negaran a declarar en carácter de imputados.

El representante del Ministerio Público Fiscal encontró acreditado que uno de los imputados realizó al menos 15 intimidaciones telefónicas en el transcurso de este año, según informó el sitio web fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación.

«Al restante acusado se le endilga la realización de una amenaza, que forma parte de las 48 que se sucedieron desde junio del año pasado y se intensificaron en 2016, con un pico en abril y mayo», remarcaron en referencia a la investigación que lleva adelante el fiscal.

Las intimidaciones fueron recibidas en diferentes abonados instalados en el predio ubicado en la Avenida del Libertador 8151 de la Capital Federal, como así también en los “servicios de emergencias 911 y que iban dirigidas en perjuicio de dicho predio», reseñó el fiscal federal en el escrito presentado ante el juez Luis Rodríguez.

A través de intervenciones telefónicas, registros de comunicaciones y tareas de inteligencia realizadas por el Departamento de Inteligencia y Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina y la Dirección de Captación de las Comunicaciones del Poder Judicial, se logró la identificación de los imputados.

Aunque sus identidades no fueron reveladas, se supo que uno de los dos acusados era empleado del área de logística del predio de la ex ESMA y el otro había realizado llamados desde un teléfono a nombre de su padre.

A pedido de Picardi, el magistrado ordenó los allanamientos que se llevaron a cabo el sábado, en los que se produjeron las detenciones y se secuestró más de una veintena de teléfonos celulares -incluidos los utilizados en las llamadas- y chips de líneas telefónicas prepagas; no obstante ello, se continúan analizando e investigando otras comunicaciones.

La calificación legal del delito por el que el fiscal pidió el procesamiento «es intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal», informaron desde Fiscales, y resaltaron que se trata de un delito que conlleva penas de dos a seis años de prisión.