En un hecho inédito el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pidió a varios colegios de la capital que los alumnos acuasados de realizar amenazas de bomba en los establecimientos sean sancionados por las autoridades escolares.
El pedido se debe principalmente a que los menores no pueden ser imputados y sancionados por el Código Penal, por lo que la Jusitica al identificar quién o quienes realizaron las amenazas de bombas debe cerrar el expediente sin que haya imputación alguna.
Online911 accedió a tres casos en los colegios Fray Luis Beltrán y la Escuela Técinica N24 donde se pudo individualizar a los estudiantes que realizaron las amenazas de bomba.
A fines del mes de noviembre efectivos de la Policá Federal realizaron varios allanamientos en las casas de los estudiantes secuetrándoles los celulares desde provinieron las amenazas. Es así que el primer caso TM (inciales del menor) el juez determinó a “proceder al secuestro de aparatos celulares u otros dispositivos en los cuales se incorpore una tarjeta SIM y se puedan realizar llamados telefónicos, facturas y documentación vinculada al abonado Telecom Personal”.
El otro caso donde intervino la Policía fue en el barrio Villa de Parque donde vive FMG a quien también se le secuetró el celular desde donde provinieron las llamadas de amenazas. Por último el mismo procedimiento se realizo a SIFV.
Luego de estos hechos el juzgado de Martínez de Giorgi dispuso el cierre de las actuaciones sin antes advertir a las autoridades de ambos colegios que tomen medidas disciplinarias ya que los menores no pueden ser imputados.
Durante el mes de noviembre se detectaron al menos 17 amenazas de bombas en su mayoría en los colegios secundarios donde algunos estudiantes realizan estas llamadas en tiempo de éxamenes.
Entre los colegios afectados por las amenazadas están el Mariano Moreno, el Julio Cortázar y las escuelas técnicas Maipú y Fray Luis Beltrán.
Hubieron llamadas más preocupantes como las que amenazaron al Presidente Mauricio Macri o al bunker donde el PRO festejó la victoría de las elecciones. Por el primer caso hay un detenido mientras que se sigue investigando las amenazas a Costa Salguero.
De los 17 llamados, 13 se realizaron en colegios secundarios públicos. Otros tres fueron hechos alertando sobre la existencia de explosivos en reparticiones del estado nacional. Y el restante fue hecho respecto de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los llamados tienen como consecuencia no menor la movilización de los agentes de la Policía Federal, de la División Antiexplosivos y la evacuación de alumnos y personal para la revisión del lugar. Inclusive la policía debe tomar recaudos extra porque, por ejemplo, cuando evacúa un colegio deben reordenar el tránsito en la zona.
