La Suprema Corte bonaerense licenció por 120 días al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien es investigado por presunto encubrimiento de una investigación que vinculaba a una red de narcotráfico con los asesinatos de tres colombianos ocurridas en 2008. La medida recayó también sobre sus dos adjuntos y se pidió, además, la suspensión de sus secretarias.
Novo no ejercerá sus funciones durante cuatro meses al igual que sus adjuntos, Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani, todos acusados de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de la labor funcional”.
El máximo tribunal provincial informó, además, que se dispuso que la procuradora general, María del Carmen Falbo, suspenda en este marco en sus funciones a las secretarias Melisa Fernanda Rey y Mariana Busse, “hasta el pronunciamiento definitivo en el proceso penal al cual se encuentran sometidas”.
La causa se inició a partir de una denuncia formulada en octubre de 2012 por otro fiscal de San Isidro, Luis Angelini, quien entendió que Novo y sus subordinados obstaculizaban la investigación que vinculaba los asesinatos de los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner, Héctor Edilson Duque Ceballos, el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez, norte del Gran Buenos Aires– y Juan Sebastián Galvis Ramírez –el 23 de febrero de 2009 frente a una casa de venta de artículos de náutica del partido bonaerense de San Fernando.
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