El fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi una serie de medidas de prueba para determinar qué sucedió con “esos fondos millonarios”. En su escrito, al que accedió Online911, el representante del Ministerio Público detalló casos de diversos medios que recibieron montos inferiores a los declarados por el GCBA.
Delgado, impulsó esta mañana la investigación por “presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA”.
De esta manera, el fiscal solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, una “profunda” pesquisa “para determinar qué ocurrió con los fondos públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados”. Delgado concluyó que “lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios”.
En el escrito, Delgado detalló una serie de casos en los que se evidencian diferencias entre los fondos publicados en la página oficial y los recibidos efectivamente por medios de comunicación que accedían a la publicidad a través de intermediarios llamados “bolseros”, quienes se encargan de comprar espacios y luego venderlos a los auspiciantes.
Según la denuncia presentada por Julia Merediz en representación de la Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas LTDA, encargada de gestionar Radio Ahujuna FM 94.7 de la localidad bonaerense de Bernal, la emisora recibió hasta julio de este año $35.580,15. Sin embargo, el GCBA publicó que entre 2013 y 2014 Radio Ahijuna percibió $618.638,80 por la emisión de avisos publicitarios, que “se vio interrumpida en ese mes luego de que se tomara conocimiento a partir de una nota publicada en el diario La Nación” sobre las diferencias entre los montos facturados y los difundidos a través de la web oficial.
En el escrito presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones el 9 de septiembre pasado, Merediz entendió que estas maniobras podrían encuadrarse “en los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero”.
Delgado también recordó que el director de FM Energía (105.1 Mhz), de Río Cuarto, Córdoba, publicó en un artículo periodístico que la emisora facturaba $1.000, pero que “en el sitio web del GCBA, se consignó falsamente que la radio cobró la suma de $524.139 en un período de tres años”. Norberto Bonorino señaló también que “nunca tuvo vínculo directo con el Gobierno de la Ciudad y que fue contactado por una persona que dijo pertenecer a la sociedad ‘Mediacruz SRL’, que luego habría cambiado su nombre por el de ‘Publiespacios SA’ y finalmente por el de ‘DCLAS SRL'”.
En otro caso similar, el representante del Ministerio Público detalló que Radio Ciudad FM 100.3 de Coronel Moldes, Córdoba, recibió menos dinero que lo reconocido en el portal oficial, donde se indicó que se giraron $518.555, “cuando en verdad, facturó $550 mensuales”. El fiscal federal consideró además el caso del Canal 4 de Posadas, Misiones, “cuyo propietario Carlos Valenzuela informó que -según el sitio web del GCBA- el canal habría facturado $4.654.711 en el período enero 2011/junio 2014, cuando en realidad no facturó un solo peso al Gobierno”.
Por último, Delgado detalló una lista de otros 33 medios de comunicación “en similar situación a los descriptos anteriormente”.
Los “bolseros”
Según se desprende del escrito de Federico Delgado presentado hoy ante el juez Martínez de Giorgi, “un nombre que se repite en la mayoría de los casos es el de María Luz Altobelli, una esteticista que (…) tendría un spa y una clínica de liposucción en San Isidro llamada ‘Gerove’, y sería una de las encargadas de ofrecer la pauta del GCBA”.
El representante del Ministerio Público solicitó al magistrado que se investigue a la pareja de Altobelli, Juan Pablo Catanzaro, “un polista relacionado con la empresa ‘Media 4′” y a Juan Cruz Fassi, vinculado con la firma “Media Cruz”.
La presentación del fiscal incluyó además pedidos de información sobre Brenda Matarazzo, Stella Maris Citria y Sebastián de Vertiz, tendiente a “determinar a qué se dedican realmente y cuál es su vinculación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la distribución de pauta publicitaria”. Delgado sugirió “indagar qué existe detrás de Gerove, la clínica de liposucción propiedad de María Luz Altobelli”.
El objeto social de DCLAS SRL, previamente llamada “Media Cruz”, “Publiespacios” y “SDV Media” es la “venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos textiles” y la “venta de embarcaciones”.
