El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº5 de la Capital Federal, Franco Picardi, impusó la acción penal contra los directivos de la empresa Telmex S.A. e Ibercom Multicom S.A. y los funcionarios responsables del área pertinente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el apagón ocurrido durante la semana pasada, que afectaron a los usuarios de los barrios de Recoleta y Palermo. La causa se inició tras la denuncia del subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Rafael Enrique Llorens.
De acuerdo a la presentación del funcionario, el corte de energía se produjo en una zona concesionada a la empresa Edesur S.A., cuando operarios de la empresa Ibercom Multicom S.A., contratista de Telmex S.A., realizaban un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, casi a la altura del cruce con la calle Dr. Carlos Vaz Ferreira. La interrupción del servicio público se habría ocasionado cuando una tunelera impactó dos ternas de cable de 132 kv. (106 y 107), dejando fuera de servicio las subestaciones Azcuénaga y Paraná.
Asimismo, Llorens consideró que los directivos de Telmex S.A, responsables de la obra, actuaron de manera negligente “por no controlar a su personal dependiente y al personal de la contratista – Ibercom Multicom S.A.”. El representante de Planificación precisó que habiéndose producido el daño en la primera línea de alta tensión, “se continuaron con los trabajos hasta dañar una segunda línea, lo que pone de manifiesto que luego del primer siniestro, debería habérseles representado la posibilidad de un daño mayor, no obstante lo cual, siguieron con su cometido provocando un segundo corte”.
Respecto a la presunta responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el denunciante indicó que al autorizar la obra, no solo tenía “el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra, razón por la cual debían haber extremado los recaudos que correspondieran y, por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución de la misma”. Por esos motivos, el fiscal federal impulsó la investigación “en orden al posible delito de violación de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
En su requerimiento de instrucción, Picardi no descartó que con el devenir de la pesquisa se individualice la responsabilidad de otros organismos, personas físicas o jurídicas responsables del apagón. Finalmente, le solicitó al juez Luis Rodríguez la realización de varias diligencias para recabar elementos de prueba.
