Los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, acusados en el escándalo internacional de corrupción en la FIFA, fueron imputados en Argentina por el delito de lavado de dinero, según informaron fuentes judiciales a Online-911.
La decisión fue adoptada esta mañana por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que está radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
Pollicita dispuso varias medidas para los imputados, pero no pidió que sean detenidos. Burzaco se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos por el escándalo de la FIFA, mientras que los otros dos empresarios están en libertad pero con un pedido de extradición en trámite.
Para el fiscal las empresas de los acusados (Torneos y Competencias y Full Play) habrían obtenido los derechos exclusivos de las transmisiones de partidos de fútbol mediante el pago de sobornos.
En su dictamente, Pollicita pidió que se estudien los expedientes judiciales en los que se investiga el manejo del dinero del Fútbol para Todos (FPT) y que se sumen a la causa lo contratos firmados por la Jefatura de Gabinete y las empresas bajo sospecha.
En un extenso escrito la Procelac acusó a Burzaco y los Jinkis de que “a través del pago de sobornos a las autoridades/dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), lograron colocarse en una situación de privilegio especial para negociar con el Estado Nacional los derechos económicos de comercialización del marketing, publicidad y transmisión de diversos eventos futbolísticos de los que ha participado el Seleccionado Nacional de Fútbol, desde el año 1991 a la actualidad; fijando de ese modo precios unilateralmente, circunstancia que les ha permitido obtener ganancias exorbitantes con dinero de origen público”.
La investigación señala que a partir de esos supuestos sobornos los sospechados habrían obtenidos ganancias millonarias “cuyos importes totales ascendieron a U$S 3.200.000 por la Copa América del año 2011; U$S 8.600.000 por la Copa América del año 2015 y el Campeonato Sudamericano Sub-20; U$S 19.000.000 por el Mundial de Fútbol celebrado en la República Federativa de Brasil en el año 2014; U$S 5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina – Brasil celebrada en los años 2010 y 2011; y U$S 1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas, todo ello en claro detrimento del patrimonio público.
La denuncia hace mención a la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a donde se los acusa entre otros altos dirigentes de la FIFA de sobornos por 150 millones de dólares.
