La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) luego de una investigación preliminar presentó una denuncia contra Alejandro Burzaco, actualmente detenido en domiciliaria en Italia y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos y Mariano y Hugo Jinkis, por lavado de dinero de origen delictivo en perjuicio del estado nacional.
La denuncia recayó en el juez Daniel Rafecas que deberá dar o no curso a los requerimientos realizados, informaron a Online-911 fuentes judiciales.
En un extenso escrito la PROCELAC acusa a Burzaco y los Jinkis de que “a través del pago de sobornos a las autoridades/dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), lograron colocarse en una situación de privilegio especial para negociar con el Estado Nacional los derechos económicos de comercialización del marketing, publicidad y transmisión de diversos eventos futbolísticos de los que ha participado el Seleccionado Nacional de Fútbol, desde el año 1991 a la actualidad; fijando de ese modo precios unilateralmente, circunstancia que les ha permitido obtener ganancias exorbitantes con dinero de origen público”.
La investigación señala que a partir de esos supuestos sobornos los sospechados habrían obtenidos ganancias millonarias “cuyos importes totales ascendieron a U$S 3.200.000 por la Copa América del año 2011; U$S 8.600.000 por la Copa América del año 2015 y el Campeonato Sudamericano Sub-20; U$S 19.000.000 por el Mundial de Fútbol celebrado en la República Federativa de Brasil en el año 2014; U$S 5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina – Brasil celebrada en los años 2010 y 2011; y U$S 1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas, todo ello en claro detrimento del patrimonio público.
La denuncia hace mención a la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a donde se los acusa entre otros altos dirigentes de la FIFA de sobornos por 150 millones de dólares.
Entre las medidas preliminares adoptadas por la PROCELAC están el requerimiento a la Jefatura de Gabinete de los contratos firmados con Full Play, de los Jinkis, y Torneos y Competencia donde Burzaco era el CEO.
Además se requirió información impositiva de los tres imputados y se envió oficios al Banco Centra, la Comisión Nacional de Valores. Lo más llamativo es que los Jinkis acumulan 25 denuncias de Reporte Operaciones Sospechosas (ROS) mientras que Burzaco nueve ROS anteriores a la denuncia del FBI.
Entre las medidas cautelares la UIF requiero a través de la PROCELAC “En definitiva, ante este escenario es que la UIF se pre-sentó ante la Procuraduría solicitando la promoción de diversas medidas cautelares contra las personas y empresas investigadas tales como: embargos preventivos, inhibición general de bienes, anotación de litis, suspensión de la CUIT de las personas vinculadas a las maniobras descriptas e intervención judicial de las personas jurídicas involucradas.”
