El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó esta tarde a penas de hasta 21 años de prisión a los cinco imputados por el envío de una tonelada de cocaína a Europa en 2012, causa conocida como “Carbón Blanco”, y ordenó la inmediata detención de cuatro de ellos, que se encontraban en libertad.
Los jueces condenaron a 21 años al abogado Carlos Salvatore (58), sindicado líder de la banda; a 19 años al empresario futbolístico Patricio Gorosito (64) , a 17 años a los comerciantes Héctor Roberto (61), y Héctor Pérez Parga (60) y a 12 años a Rubén Félix Esquivel (56), capataz de la planta de Carbón Vegetal de la localidad chaqueña de Quitilipi, desde donde salió la carga en la que se ocultó la droga.
Los jueces los hallaron responsables de “asociación ilícita concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado por cantidad y pluralidad de partícipes” al término del juicio que se extendió tres meses.
Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad habían requerido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que condene a 25 años de prisión y al pago de una multa equivalente al valor de “cuatro veces el valor de la mercadería en plaza” a los cinco acusados del contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa escondida en contenedores de carbón vegetal, durante la segunda parte de su alegato en la emblemática causa por narcotráfico conocida como “Carbón Blanco”. También, requirieron la investigación de los acusados y de seis empleados de la Aduana por su intervención en un cargamento de 2011 similar a los tres ventilados en este juicio.
Carniel y Amad encontraron responsables al abogado Carlos Salvatore y a los empresarios Patricio Daniel Gorosito, Rubén Félix Esquivel, Carlos Pérez Parga y Héctor Ángel Roberto como “coautores responsables del delito de contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas, en tres hechos que concurren en forma real entre sí”.
“El valijero”
Durante el alegato, el fiscal Amad describió que Héctor Roberto “cumplió una función de enlace y articulación entre sus consortes de causa bajo las órdenes de Gorosito y Salvatore, siendo en términos populares ‘el valijero’, la bisagra comunicacional”. Amad destacó que el propio imputado reconoció “haberse ganado” la confianza de Gorosito, a quien dijo que conocía desde niño.
También, remarcó que el propio Roberto dijo que fue enviado en distintas oportunidades por Gorosito a Buenos Aires para reunirse con “Manuel” -dentro de la organización, Salvatore se hacía llamar “Manuel Carrascosa”- y que entre cinco y siete veces aquél le dio dinero que debía llevar a Chaco a Pérez Parga y al fallecido presidente de Carbón Vegetal del Litoral, Jorge Carlos Rodríguez, para el emprendimiento que tenían de “exportación de carbón”.
Entre otras pruebas, Amad también habló de “las constancias de alojamiento en el Hotel Atrium Gualok”, de Presidencia Roque Sáenz Peña, que “confirman la versión de que allí se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre los imputados”, que además coinciden con las fechas de los tres envíos a Europa tratados en este juicio. Un informe del Hotel Presidente, de la Capital Federal, prueba otras reuniones entre los acusados, indicó Amad.
Otra prueba evaluada por el fiscal son los movimientos del teléfono celular de Roberto, captado a través de las antenas de la compañía prestadora, “coincidentes con el recorrido de los camiones que transportaban los contenedores con carbón y cocaína hasta el Puerto de Buenos Aires”. El celular también lo ubicó a Roberto en el Aeropuerto de Ezeiza el mismo día y a la misma hora del arribo del hijo de Gorosito, de Pérez Parga y de Rodríguez procedentes de España.
Los voluminosos informes sobre el cruce de llamadas entre los acusados también fueron descriptos y ponderados por los fiscales entre la prueba de cargo. Entre otros elementos, expusieron con correspondencia de mayo de 2012 de Gorosito y Salvatore en la que el primero advierte al abogado que, una vez detenido, Roberto “puede hablar” y le pide “que no lo dejen sin abogado porque puede llegar a contar a quién le daba el dinero y quien se lo entrega”.
El encargado
Finalmente, el fiscal describió la responsabilidad de Rubén Félix Esquivel, quien “se encontraba a cargo” de la planta que tenía la empresa en Quitilipi, Chaco.
“Su tarea era la de controlar el funcionamiento de la planta, contratar y dirigir al personal obrero y velar por la correcta carga del producto en los camiones de transporte”, dijo Amad, quien señaló además que “su aporte es fundamental a nivel operativo, en el ocultamiento y envío del material estupefaciente y en el control de la planta”.
En ese sentido, puso de relieve que Esquivel “era la persona visible de la empresa, y quien incluso celebró el primer contrato de locación del predio donde funcionaba, el 9 de febrero de 2011”.
El fiscal además indicó que los videos de la consolidación de las tres cargas realizadas en la planta de Quitilipi, incorporados a la investigación, muestran que “era Esquivel junto a uno de los despachantes quien elegía las bolsas a controlar, lo que evidencia el conocimiento y la participación que le cupo en maniobras ilícitas cuyo objetivo no era otro que el contrabando de estupefacientes”.
