A horas del juicio oral por AMIA, nuevas indagatorias

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Fuente Página 12

Cuatro ex secretarios del ex juez Juan José Galeano (foto) serán indagados la semana próxima por su posible colaboración en la trama de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de las dos principales maniobras: el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que involucrara un grupo de policías bonaerenses con una declaración falsa, y el desvío de la llamada “pista Siria” que comprometía a Alberto Kanoore Edul, vinculado con la familia del ex presidente Carlos Menem. Es una parte de la causa por las irregularidades en el caso AMIA que no llegó a incorporarse al juicio oral que comienza este jueves. Entre los sospechosos hay un juez de Tierra del Fuego, Javier De Gamas, a quien se suman Susana Spina, quien siguió siendo secretaria del mismo juzgado, Carlos Velasco y José Pereyra. También fueron citados el titular de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, el ex comisario Luis Vicat y la abogada Marta Parascándalo.

De Gamas, Spina, Velasco y Pereyra eran secretarios en el Juzgado Federal 9, que encabezó Galeano hasta que fue destituido en 2005, y están imputados por los mismos manejos ilícitos por los que el ex juez está por ser sometido a un juicio oral. Se les adjudica haber participado de la negociación con Telleldín para que involucrara en el ataque a la AMIA, al ser indagado en julio de 1996, a un grupo de policías bonaerenses. Esas conversaciones fueron filmadas por el propio juzgado de Galeano, quien hasta le señaló a Telleldín quiénes eran los policías con fotos y nombres. De la declaración se hizo un acta considerada falsa que, por ejemplo, fue tipeada por Spina y firmada De Gamas, según Lijo. Luego derivó en el procesamiento, también basado en prueba trucha, y la prisión preventiva de los policías (Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro) que pasaron ocho años presos hasta que fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 3 que consideró que entre el juzgado de Galeano, la Presidencia, la ex Side, la Policía Federal y un sector de la dirigencia de la DAIA, habían armado una versión de los hechos al servicio de intereses políticos inescrupulosos.

Ese “desvío de la conexión” local también incluye, según la citación a indagatoria, posibles extorsiones y detenciones de testigos para que señalaran a los uniformados. Algunas de las filmaciones de las reuniones en el juzgado de Galeano fueron incineradas, de lo que se habría ocupado el ex secretario Velasco con conocimiento del resto. La quema habría sido en la quinta de su padre en 1997. La destrucción de pruebas que se les adjudica está ligada también al desvío de la pista siria, que fue interrumpida después de una reunión de Kanoore Edul padre con Munir Menem, hermano del ex presidente que trabajaba en la Casa Rosada, y de un diálogo con Galeano.

Este grupo de funcionarios judiciales había sido sobreseído por el juez Lijo, pero la Cámara del Crimen, con la firma de Gustavo Bruzzone (ahora juez de Casación), Jorge Rimondi y Carlos González, ordenó investigar su papel en profundidad y serán indagados el 12 y 13 de agosto. En el caso Domínguez, presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Vicat y Parascándalo, Lijo ya los indagó por extorsión, pero la Cámara mandó a interrogarlos de nuevo. Se les imputa coacción, pero podrían sumarse otros delitos. Están citado el 10 y 11 de agosto.

Domínguez fue abogado de Juan Bautista Huici, un policía que trabajaba con Ribelli. Huici relató que su defensor lo había inducido a “declarar diferentes mentiras”, entre ellas que había visto la Trafic blanca utilizada como cochebomba en la brigada de Lanús, donde se desempeñaban. Domínguez –cercano al ex gobernador Eduardo Duhalde– dejó de representar a Huici cuando asumió como jefe de asesores de la Secretaría de Seguridad y le presentó a Vicat, quien actuaba en combinación con la abogada Parascándalo. Le ofertaron “dinero, su libertad y trabajo” si decía lo que le pedían. Al negarse fue amenazado. El mismo mecanismo se habría utilizado sobre los policías Diego Barreda y Walter Araya. A futuro, es posible que haya un segundo juicio por el encubrimiento.