Un juez federal elevó a juicio oral la causa en la que cuatro penitenciarios están acusados de haber torturado a un preso de la cárcel de Ezeiza en el 2009, a quien sometieron a golpes en el cuerpo y le perforaron un tímpano, informaron hoy fuentes judiciales.
Los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán juzgados en uno de los dos tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata, como coautores del delito de “tortura” cometido el 15 de diciembre de 2009 en el pabellón H del módulo de ingreso del Complejo Federal 1 de Ezeiza.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Federico Hernán Villena, rechazó el pedido de los imputados de que se anule el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Sergio Mola, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad hoc de este organismo, Claudio Pandolfi.
En tanto, fuentes del SPF aseguraron a Télam que, como en todos los hechos denunciados de violencia contra los presos o torturas, se inició una investigación interna que se encuentra en curso y se apartó a los penitenciarios involucrados en el episodio.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2009 cuando miembros del denominado grupo de requisa acusaron a la víctima de tener una “pelota” de nylon con una “picadura de marihuana” escondida en el colchón.
“Al menos cuatro agentes penitenciarios lo llamaron aparte, y le propinaron una golpiza con palos y golpes de puño en la espalda, pecho y tobillos. Además lo golpearon con la mano abierta en los oídos, lo que le provocó el sangrado de estos”, indicaron los fiscales, quienes describieron que durante la golpiza el detenido “se encontraba de espaldas y esposado”.
Ese mismo día, la víctima fue vista por funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) que dejaron constancia del sangrado de los oídos y, al día siguiente, un médico del mismo organismo constató lesiones en la conjuntiva, en el párpado derecho, en la espalda, en las costillas, en la zona del riñón izquierdo y en las piernas.
También determinó la pérdida de audición en el oído derecho y, con la intervención posterior de otros especialistas en otorrinolaringología, se diagnosticó la perforación del tímpano de aquél oído.
Los cuatro penitenciarios imputados fueron individualizados con la información documental proporcionada por el penal y también por el reconocimiento de ellos que efectuó la víctima.
Los fiscales tomaron en cuenta las declaraciones indagatorias dado que los efectivos dijeron en un primer momento que no recordaban el hecho y que, tras ser confrontados con el acta de la requisa sobre el secuestro del material estupefaciente, “recordaron que el interno no tenía lesiones, siendo que [en ese momento] ni siquiera se desprende que lo haya visto médico alguno y mucho menos que no presente lesiones, en virtud que no se dejó constancia de ello en las actuaciones, ni se labró certificado médico que obre en el expediente administrativo”.
Los cuatro penitenciarios llegaron a esta instancia imputados por el delito de “apremios ilegales” pero al formular el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía encuadró los hechos como “tortura”, el cual prevé una pena de hasta 25 años de prisión.
Para esa imputación, los representantes del Ministerio Público tuvieron en cuenta los tratados internacionales y la jurisprudencia del sistema regional de protección de los derechos humanos, que “coinciden en calificar la práctica de aplicar en la víctima golpes con las manos abiertas sobre los oídos como ‘practicas de tortura'”.
