Durante los dos alegatos pronunciados durante esta jornada ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, los representantes legales coincidieron en que los uniformados actuaron “en cumplimiento de su deber y bajo una orden judicial específica”, que no cometieron “excesos en su defensa” y que fueron “emboscados y atacados con armas de fuego” por parte de la comunidad mapuche.
En ese contexto dijeron que los prefectos fueron las “víctimas reales” de todo este proceso.
El juicio intenta develar la responsabilidad de los Albatros en el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche.
Los acusados son Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, representados legalmente por Marcelo Hugo Rocchetti, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo, y Juan Ramón Obregón y Sergio García, patrocinados por las abogadas de Prefectura Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti.
El presidente del TOF, el juez Alejandro Silva, informó que el día 29 de noviembre se leerá el veredicto correspondiente.
En primera instancia, durante un alegato que duró tres horas y media y fue pronunciado vía remota, Rocchetti planteó que los uniformados “actuaron de manera profesional, racional y proporcional, en cumplimiento de su deber, bajo una orden judicial, y sin excederse en su defensa”, ante lo que consideró “una emboscada con armas de fuego” por parte de los miembros de la comunidad. “No hay nada mas ridículo que decir que (los Albatros) estaban de cacería de mapuches”, señaló, respondiendo los argumentos de los abogados querellantes.
El abogado rechazó las pruebas puestas en juego por parte de las tres querellas que, en sus respectivos alegatos pidieron para los cinco procesados una condena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente agravado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
Los abogados de la familia de Nahuel, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la APDH Bariloche, coincidieron la semana pasada en acusar a los Albatros de haber urdido un plan criminal y coordinado para atacar a los mapuches, disparar más de 150 veces con munición de plomo y organizar con posterioridad acciones para encubrir el hecho.
En cambio, Rocchetti aseguró ante el Tribunal que “quedó demostrado” por los resultados periciales, las intervenciones telefónicas previas al operativo, y los testimonios de los testigos, que los miembros de la comunidad “tenían en su poder armas de fuego y que las utilizaron” en contra de los Albatros.
Sobre la actuación de los prefectos planteó que fue “racional y proporcional” y enumeró que inicialmente “utilizaron bolitas de pintura celeste” mientras “eran agredidos con armas de fuego”, y luego, una vez que se vieron superados en número “y estaba en riesgo sus vidas dispararon con armas letales, primero de manera intimidatoria y luego para hacer cesar la agresión”. Detalló que esos disparos fueron realizados hacia “zonas no vitales” y ejemplificó que el disparo que mató a Nahuel impactó en la cintura “donde no hay órganos vitales”. Lamentó en ese sentido que por haberse realizado el disparo de abajo hacia arriba la trayectoria del proyectil hubiese afectado el hígado, el riñón y un pulmón.
El abogado no se privó de realizar una particular lectura del contexto político en el cual sucedieron los hechos. Enumeró ataques incendiarios supuestamente realizados por mapuches -aunque no hay ninguna sentencia que así lo acredite- y cuestionó al abogado de la familia de Nahuel porque “cargó contra la pobre ministra Patricia Bullrich”.
Ese mismo abogado, Rubén Marigo, había pedido la semana pasada “terminar con la ideología de la Conquista del Desierto”. Rocchetti le respondió hoy: “La verdad falta que resucite (Julio Argentino) Roca y escuche esto”.
El abogado de los tres Albatros dio por acreditado que el disparo que acabó con la vida de Nahuel provino de la pistola Beretta 9 mm que portaba Cavia, y pidió a los jueces que se investigue por el posible delito de falsear el resultado a los tres peritos que intervinieron en la primera pericia balística -Roberto Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufalini-, que determinó que el proyectil extraído del cuerpo correspondía al subfusil MP5 que tenía asignado Pintos.
Planteó que en la instrucción se buscó “encontrar un culpable rápido” para “evitar situaciones de violencia”, y “esa víctima fue Pintos, quien fue procesado y encarcelado”. Más tarde, la Cámara de Casación hizo lugar a la apelación y revocó ese procesamiento.
Rocchetti pidió también que se extraigan los testimonios correspondientes para investigar a los dos jóvenes heridos durante el operativo, Johana Colhuan y Gonzalo Coña, por posible “atentado contra la autoridad” con el uso de armas de fuego.
Rocchetti se “solidarizó” con el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien la semana pasada sufrió “agresiones”, según dijo, tras solicitar cinco años de prisión para cada uno de los involucrados. El fiscal fue interceptado por manifestantes que le gritaron e impidieron salir de Tribunales por la puerta principal.
El abogado justificó con este hecho, el participar de todas las audiencias vía Zoom, sin viajar hasta General Roca. “No me voy a prestar a que me den una golpiza por hacer mi trabajo”, dijo, y rechazó que el veredicto sea leído en Bariloche lo que le permitiría a los manifestantes “desatar su furia, como lo hicieron en la montaña el 22 (en realidad fue el 23) y el 25 de noviembre de 2017”.
Sobre el cierre de su intervención dijo que sus defendidos “repelieron en forma racional y proporcional una agresión armada ilegal y actuando en cumplimiento del deber sin que haya existido exceso”, y por ese motivo “necesariamente deben ser eximidos de sanción y corresponde dictar su absolución”.
Dirigiéndose a los jueces, concluyó: “Confío en que dictarán fallo justo y no se dejarán amedrentar por los violentos”.
Las abogadas de Prefectura Naval, Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti, pidieron por su parte la absolución de sus defendidos, Juan Ramón Obregón y Sergio García.
Schmidt expuso su alegato en el que reiteró la línea argumental de Rocchetti en cuanto a la existencia de una agresión armada por parte de los mapuches y una actuación de los Albatros ajustada a la ley, la racionalidad y la proporcionalidad. Dijo que ejercieron la legítima defensa y por tanto no podían ser condenados.
Cuestionó la calificación de la acusación del fiscal en cuanto a la coautoría funcional de los cinco procesados, y señaló que los uniformados repelieron el ataque “primero con una (arma) marcadora y como la amenaza no cesaba tuvieron que utilizar sus armas letales, para salvar sus vidas”.
Bussetti insistió en la descripción de los hechos realizada por su antecesores defensores, e hizo hincapié en la fragilidad de las pruebas surgidas durante la inspección ocular realizada el 7 de diciembre de 2017, ya que “durante doce días los ocupantes ilegales tuvieron pleno control y dominio sobre el terreno”, advirtiendo que pudieron haber modificado el escenario. “Por ejemplo, no sabemos cuántos disparos efectuaron los ocupantes”, dijo.
Luego de menos de media hora de exposición solicitó la absolución de García, quien, aseguró, actuó en legítima defensa “primero de terceros” sus compañeros de armas “y luego en defensa propia”.
