Comienzan los alegatos en el jury al fiscal Scapolán, investigado como jefe de asociación ilícita

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Los alegatos en el jury de enjuiciamiento al que es sometido el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla, se realizarán esta tarde en el Anexo del Senado bonaerense, en La Plata, informaron fuentes judiciales.

Tras finalizar la semana pasada las declaraciones de todos los testigos propuestos por las partes, el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires dispuso que esta tarde, a partir de las 15, se desarrollen los alegatos en el edificio situado en en las calles 7 y 49 de la capital bonaerense.

Los voceros adelantaron que dentro de los cinco días posteriores se dictará el veredicto y la sentencia en la que se determinará la absolución del fiscal o su remoción del cargo.

Scapolán fue suspendido de sus funciones el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand, y se dispuso un embargo del 40 por ciento de su sueldo.

En la primera audiencia del jury -que comenzó el 28 de marzo-, declaró la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien ratificó la investigación llevada a cabo sobre Scapolán.

“Los elementos que yo tuve en cuenta (para procesar a Scapolán) fueron los dichos de los arrepentidos, de los letrados que en los distintos casos intervinieron, los movimientos de los celulares de los policías involucrados y dónde activaban celdas, como así también el análisis de la activación de celdas de los celulares usados por el fiscal Scapolán y sus secretarios también imputados en el expediente, las filmaciones, los videos obtenidos”, precisó la magistrada.

Además aludió a “los dichos de imputados que fueron víctimas de distintas conductas extorsivas o de armados de causas”, elementos que la “convencieron de que había elementos suficientes para procesar al fiscal Claudio Scapolán y a sus secretarios en base a los delitos por el cual se dictó el auto de procesamiento”.

El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.

Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado.

Al momento de procesarlo el 1 de octubre del año 2021, la magistrada también trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.

Scapolán está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la jueza la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías bonaerenses y abogados actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015.

Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesadas y serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quedó afuera del proceso hasta ser destituido.