La justicia federal de Campana ordenó embargar dos casas ubicadas en countries de las localidades bonaerenses de Pilar y Garín, porque habrían sido compradas como parte de maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Las propiedades en cuestión estaban a nombre de dos mujeres, la obstétrica Gricelda Noemí Bader (59) y su hermana, la psicóloga social Miryam Beatriz Bader (61), ambas familiares directas de un narcotraficante con múltiples condenas.
La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quién además trabó una embargo de 200 millones de pesos para las tres acusadas en la presunta maniobra de lavado.
Según fuentes judiciales, las casas embargadas por la Justicia están ubicadas en los countries “Haras del Pilar” (barrio “La Pradera II”) y en “El Lucero” de Garín, en el partido bonaerense de Escobar. La primera de ellas fue adquirida por Gricelda y la otra por su hermana Miryam Beatriz.
En el fallo, al que tuvo acceso Online-911, se indica que Gricelda es la mamá de Ricardo Gabriel Sosa y suegra de Roberto Eduardo Rodríguez, dos narcos con múltiples condenas por tráfico de drogas.
Al momento de iniciarse la investigación, Rodríguez estaba en pareja con la hija de la obstétrica, Romina Sosa (39), la tercera procesada y embargada en el marco de esta misma causa.
Para los investigadores, Rodríguez sería el jefe de la organización criminal que acopiaba y distribuía droga en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Tiene dos condenas en los últimos veinte años: una en 2001 a cuatro años y seis meses de prisión por trasladar en su auto cerca de 20 kilos marihuana, y otra de septiembre de 2017 a nueve años de prisión.
En esta última causa, también fue juzgado y condenado Ricardo Sosa, aunque recibió una pena menor a ocho de prisión. Sin embargo, como tenía una condena anterior del TOCF de Neuquén, le unificaron la pena a 14 años de prisión.
El 15 de marzo de 2018 recibió otra condena: el TOCF de Corrientes lo declaró culpable del delito de “lavado de activos de origen delictivo agravado” y lo sentenció a otros 13 años de prisión, en un fallo en el que también fue condenada su pareja, Gricelda Sosa, quien recibió diez años de prisión.
En esta causa se estableció que “Roberto Rodríguez y Gricelda Sosa, entre otros, de forma habitual y en banda, habrían convertido, administrado y transferido, o puesto en circulación en el mercado, desde el año 2011 hasta la fecha de su detención (1° de octubre de 2014), múltiples bienes, provenientes de los delitos de transporte de estupefacientes”.
Según el fallo de González Charvay, hasta el 6 de febrero de 2015, Rodríguez y Sosa formaron parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. “La función principal -entendió el magistrado- consistía en el aprovisionamiento, transporte y distribución de marihuana para finalmente ser comercializada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
Para el juez, “Gricelda y Miryam Bader, y Romina Sosa intentaron dar apariencia legal a fondos provenientes de las actividades delictivas de narcotráfico en que se hallaba involucrados Ricardo Sosa y Roberto Rodríguez, sin poder justificar el origen legítimo de tales ingresos conforme el patrimonio y la actividad declarada por las encartadas”.
“Si bien las hermanas, en un intento por justificar sus onerosos bienes, indicaron que a lo largo de sus vidas habían percibido indemnizaciones o desarrollado múltiples actividades laborales que le generaron ganancias y que no habrían sido registradas ante los organismos estatales pertinentes (comúnmente llamado “en negro”), con las cuales habrían comprado dólares que luego destinaron a la adquisición de los inmuebles mencionados, lo cierto es que las nombradas no aportaron registros o documentación que avalen dicha circunstancia, así como tampoco ello pudo corroborarse siquiera mínimamente a pesar de haberse cursado los requerimientos a las empresas y entidades correspondientes”, entendió el magistrado.
En base a las pruebas reunidas, González Charvay resolvió dictar el procesamiento de las tres mujeres acusadas, y dispuso el congelamiento y embargo de sus bienes, aunque dictaminó que continúen el proceso en libertad.
El descargo de las acusadas
La psicóloga social declaró en indagatoria que la casa que compró en el country “El Lucero” la adquirió con “ahorros propios”. La mujer detalló que cobró una indemnización por retiro voluntario de la empresa Telecom y ganó un juicio a Entel por horas extras no abonadas.
Miryam explicó que “continuó comprando dólares con pagos percibidos en negro de escuelas estatales por talleres de educación sexual”, aunque aclaró que no existe constancia. “No me dan constancia, solo nos hacen firmar en determinadas planillas que quedan en algunas escuelas o se elevan a La Plata”, explicó y enfatizó que los fondos de donde salió el dinero para la compra del inmueble fueron los ahorros de toda la vida.
Por su parte, Gricelda Bader señaló que “con el trabajo de toda su vida” compró “dólares que invirtió en la compra del inmueble ubicado en el barrio La Pradera, de la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar”.
En la indagatoria refirió que también cobró una indemnización por su trabajo como “obstétrica entre los años 1990 a 2000 en la Corporación Médica de San Martín”, detallando que “para en años también trabajaba en negro en una clínica que ya cerró.
Sobre la compra de la propiedad en el barrio cerrado explicó que la adquirió “entre 2009 y 2010″ y que dos años después, la escrituró, aunque dijo “no recordar” cuánto pagó por la casa ni tampoco en que escribanía realizó la escritura. Además, aclaró que ni su hijo Ricardo Gabriel Sosa ni su yerno Roberto Rodríguez le dieron dinero para comprar esa propiedad.
