Una serie de allanamientos en la cárcel de Magdalena y en domicilios de San Fernando permitió desbaratar una banda de estafadores que robaba dinero de manera virtual. En total, detuvieron a seis presuntos miembros y dos de ellos se encontraban cumpliendo condena por “homicidio agravado” en el penal bonaerense.
La investigación comenzó en julio de este año cuando una persona denunció que habían hackeado su cuenta de WhatsApp. Le robaron los datos de sus contactos y luego los estafaron con extorsiones y engaños quitándoles grandes sumas de dinero.
A partir de escuchas telefónicas y trabajos de inteligencia los investigadores pudieron determinar el funcionamiento de la banda e identificar a sus integrantes.
Los cabecillas se encontraban cumpliendo condena por homicidio en una cárcel de la Provincia de Buenos Aires.
Eran los encargados de llamar a las víctimas y de acceder así a sus contactos. Desde afuera eran ayudados por familiares y amigos para concretar la estafa y retirar el dinero obtenido de las extorsiones.
Estas personas también se ocupaban de adquirir tarjetas SIM, tarjetas prepagas, y celulares nuevos porque los aparatos ya utilizados eran descartados para evitar que fueran rastreados.
Utilizaban distintos métodos para realizar las estafas. En algunos casos fingían ser fiscales y pedían dinero a cambio de no iniciar una causa penal. En otros simulaban ser mujeres y contactaban a hombres comprometidos para extorsionarlos con fotos. Así obtenían los códigos de la aplicación de WhatsApp para sacar los contactos de los damnificados y poder seguir con la cadena de delincuencia.
Para esto utilizaban chips prepagos que pueden ser adquiridos sin brindar ningún tipo de información personal. También tenían distintas cuentas bancarias y de Mercado Pago para recibir el dinero obtenido de las estafas. Según las investigaciones, se estima que la asociación ilícita logró tener ingresos de hasta $200.000 semanales.
Los jefes de la banda también realizaban otros negocios dentro del penal. Le vendían a los demás presos la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, o usaban sus celulares como módem de wifi y le cobraban a quienes utilizaran la conexión, incluso hacían de prestamistas.
Al inspeccionar las celdas de los detenidos se encontraron cinco celulares, chips telefónicos y anotaciones con contactos, fechas y montos de dinero. Los cabecillas fueron trasladados por separado a otras cárceles federales.
Además se allanaron tres domicilios ubicados en el barrio de Virreyes, partido de San Fernando.
En uno de ellos se encontró en el piso un arma 9mm cargada oculta con una campera. También banderas y bombos de la barra brava de Tigre. Se secuestraron varios objetos importantes para la causa como dos celulares, un chip prepago y una lista con distintos contactos de personas posiblemente futuras víctimas.
En otra de las viviendas allanadas la puerta estaba electrificada con cables pelados para evitar el ingreso de desconocidos. A través de un pasillo se llegaba a la casa donde vivía la familia de uno de los presos. Fueron detenidos la madre, el hermano y la hermana del delincuente porque los tres estaban identificados en las escuchas telefónicas como miembros de la banda.
Al ser interrogada acerca de las transferencias bancarias que el hijo le hacía desde la cárcel, la madre dijo que él la ayudaba pero no sabía cómo conseguía el dinero. Allí se secuestraron cinco teléfonos celulares.
En el tercer lugar, una pequeña casa a la que se ingresaba por una escalera, se detuvo a otra integrante de la banda y se encontraron dos dispositivos móviles.
El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad.
Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº4, a cargo del Dr. Martín Yadarola, secretaría 113 del Dr. Mariano Dalbosco.
