Bullrich se cruzó con la Correpi: «Los informes son mal hechos e ideologizados»

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó que haya existido un aumento de casos de «gatillo fácil» como lo denunció la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), criticó los informes elaborados por ese organismo por estar «mal hechos e ideologizados», y aseguró que Argentina «tiene un bajísimo nivel del uso de armas» por parte de las fuerzas federales de seguridad.

En tanto, la abogada María del Carmen Verdú, una de las fundadoras y actual integrante de Correpi, criticó a Bullrich por «no hacerse cargo» y aseguró que los datos aportados por la funcionaria nacional que señalan una disminución de los casos de «gatillo fácil» dejan «afuera a los hechos cometidos por el Servicio Penitenciario Federal y a los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas».

Bullrich presentó un trabajo titulado «Ministerio de Seguridad vs Correpi» en base a los datos recopilados por ese organismo contra la violencia institucional, el cual, a principios de año, afirmó que «el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO era de un muerto cada 21 horas por parte del aparato represivo del Estado».

Sin embargo, según la ministra, se analizaron 2073 casos entre 2014 y 2018 de los cuales 188 corresponderían a las fuerzas federales y aclaró que los casos que tuvieron como involucrados a integrantes de fuerzas armadas, penitenciarios y policías provinciales no fueron tenidos en cuenta debido a que no están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

«La primera conclusión teórica es que inclusive con el análisis de Correpi en nuestra gestión la cantidad bajó sistemáticamente año por año», destacó Bullrich.

Es que, de acuerdo al informe del Ministerio, para Correpi en 2014 y 2015 hubo 43 y 47 casos de muertos por violencia institucional, respectivamente, mientras que en los tres años siguientes hubo 38, 36 y 24.

«Correpi ha dicho que ha crecido como nunca el ‘gatillo fácil’ en la Argentina pero en el mismo número que dan a conocer se desmienten a ellos mismos», sostuvo la ministra, quien agregó que en realidad «la tasa bajó».

De los 98 casos ocurridos entre el 2016 y 2018 (38, 36 y 24 casos, según cada año) en el que, de acuerdo a esa organización, estuvieron involucrados miembros de las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía Aeroportuaria) «74 no correspondieron a violencia institucional, 22 están en investigación y solo hubo dos condenas».

«Lo que nos interesa es la acusación que pesa sobre nuestro gobierno de que tuvo más ‘gatillo fácil’ y tenemos una explicación empírica de que eso es mentira, falso, burdo y absolutamente prejuicioso ideológicamente», afirmó Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad dijo que de esos 74 casos que no corresponden a violencia institucional, 10 fueron femicidios, 5 suicidios, 28 legítima defensa, 7 nunca integraron fuerzas de seguridad, 9 eran policías retirados, 6 de otras fuerzas y 9 casos eran otros tipos de hechos.

«Hay una diferencia abismal con los datos de Correpi que toma los casos desde el principio y no los sigue, lo cataloga como violencia institucional y si lo liberan no lo sacan del informe», criticó.

Para Bullrich, «la justicia de primera instancia ha tenido una filosofía de encuadrar (los casos) siempre como violencia institucional y luego esa categoría era sacada por los tribunales orales».

«Podríamos juntarnos con Correpi y ver caso por caso porque esto va a organismos internacionales, inclusive pudimos identificar a algunas víctimas que para Correpi eran NN, sería beneficioso para ambos», resaltó.

No obstante, la ministra señaló que «los informes de la Correpi son absolutamente desproporcionados, mal hechos e ideologizados».

«Habla de un número de violencia institucional que pone a Argentina en un lugar absolutamente distinto en el que está. Argentina tiene un bajísimo nivel de uso de armas de las fuerzas de seguridad», concluyó.

Por su parte, la abogada Verdú, integrante de la Correpi, consideró como un «mamarracho» el informe presentado por la ministra debido a que el gobierno nacional «debería hacerse cargo también de lo que pasa en las cárceles».

La letrada dijo que «casi la mitad de los casos de violencia institucional fueron en cárceles pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación» y añadió: «Bullrich no cree que los femicidios cometidos por miembros de una fuerza de seguridad sean casos ligados al aparato represivo cuando en varios de ellos sus pares tratan de encubrirlos».

«Agradezco a la ministra que en este informe le diera a Correpi le de la identidad que corresponde pero todos sus datos están tergiversados intencionalmente, no es casual que a veintisiete días de las elecciones salga a decir semejantes barbaridades», cerró Verdú.