La Justicia porteña volvió a avalar la aplicación del protocolo para el uso de armas de fuego por parte de los efectivos de las fuerzas federales de seguridad, al rechazar un recurso presentado por la legisladora Myriam Bregman, informaron fuentes judiciales.
El fallo fue dictado por la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ante el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas- Frente de Izquierda (PTS-FIT) .
La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial en diciembre pasado, avala a los policías, entre otras cuestiones, a disparar a sospechosos de delitos aún cuando posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.
En concreto, se autoriza a los miembros de las fuerzas de seguridad a que actúen tal como lo hizo el policía de Avellaneda, Luis Chocobar, es decir a disparar contra quien “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
En primera instancia, tras la presentación de un recurso de amparo, se había declarado la inconstitucionalidad de la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad y la inaplicabilidad del protocolo en el ámbito porteño, pero luego la sala III de la Cámara anuló esa sentencia y entonces Bregman apeló.
La legisladora alegó que lo decidido “convalidaba la aplicación del reglamento para el empleo de armas de fuego dentro la Ciudad de Buenos Aires poniendo en inminente peligro los derechos a la vida y a la integridad física de sus habitantes”.
Al respecto, la sala III indicó que “la recurrente se limita a reiterar sus argumentos sobre el fondo de la cuestión y manifestar de una manera genérica que lo decidido no está fundado, sin demostrar una relación concreta entre las bases del fallo que se pretende controvertir y las normas constitucionales invocadas por la que se advierta la concurrencia de un caso constitucional”.
La resolución de la cartera encabezada por Patricia Bullrich ya tuvo otros respaldos de la Justicia: el juez Contencioso Administrativo Federal número 10, Esteban Furnari, rechazó un pedido de amparo colectivo presentado por la diputada nacional Victoria Donda y otros legisladores de la oposición a principios de año.
En tanto, también en enero, el juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, había rechazado un amparo motorizado por una G denominada Linqueños por los Derechos Humanos, que también había objetado la nueva normativa dictada para el uso de armas de fuego.
